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SOCIOPOLÍTICA Y DESCOLONIZACIÓN COSMOS



PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL Y LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO

OBJETIVO HOLÍSTICO: Fortalecemos conocimientos sobre el proceso sociopolítico que atravesó nuestro país en el tránsito hacia el nuevo modelo de Estado, desarrollando actitudes críticas y reflexivas a partir de una lectura correcta de la realidad, mediante el análisis del contenido y la investigación de  profundización, para comprender el proceso de cambio encarado por el actual gobierno en el ámbito político, económico, social, cultural  y ambiental.


TEMA No 8.


PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL


REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO CULTURAL
Morales Ayma, es la figura emblemática de los cambios profundos y trascendentales de la revolución democrática y cultural boliviana. Indígena, sindicalista, cocalero, el actual presidente asumió las esperanzas de muchos bolivianos que por siglos fueron excluidos y marginados de la vida pública y política. Su elección, con casi el 54% de los votos, es la expresión electoral de mayor dimensión que ningún presidente haya alcanzado en este país.

La Bolivia de hoy no se puede entenderse sin la larga historia de explotación y exclusión de la mayoría de su población. Una historia que atravesó momentos críticos y esperanzadores a la vez. Hoy estamos en tiempos cruciales donde se vislumbraría una nueva nación. El proceso de la revolución democrática y cultural iniciado el año 2006 con el Movimiento al Socialismo (MAS) "es irreversible y un camino sin retorno"

El MAS se gesta en los sectores más oprimidos, odiados, políticamente marginados y perseguidos", agregó al destacar que uno de sus objetivos es lograr la igualdad entre todos los bolivianos para que accedan con todos los derechos que le confiere la Constitución Política del Estado.

Los cambios que propone el MAS se originan en las expectativas y demandas de los movimientos sociales para que sea el pueblo y sus líderes los que conduzca los destinos de la Patria por encima de cualquier otro interés.

EL SOCIALISMO COMUNITARIO Y EL PARADIGMA DEL “VIVIR BIEN”
El nacimiento del socialismo comunitario y antiimperialista, se consolidó al consagrar la flamante Constitución del Estado Plurinacional bajo el signo de la igualdad, la multiculturalidad y la solidaridad, "Proclamo el socialismo comunitario", dijo el mandatario, levantando un ejemplar de la nueva carta magna ante 200.000 personas, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, el 7 de febrero de 2009.

Por otra parte el vicepresidente y presidente del Congreso Nacional legislativo admitió las debilidades del nuevo texto constitucional, y aseguró que "en sus limitaciones y virtudes, es lo mejor que los bolivianos hemos soñado". "Se cierra una época de sufrimiento y se abre una nueva etapa de libertad y justicia, con el liderazgo que el pueblo humilde recupera después de 500 años y que ahora une a los bolivianos", expresó García Linera. 

Para consolidar el proceso, García indicó que se deben cumplir tres condiciones. La primera es consolidar la plurinacionalidad, es decir el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos; que indígenas y mestizos gocen de similares prerrogativas.

El segundo pilar para sostener la transformación del Estado es, la autonomía democrática. Según García, sólo así se acabará con la práctica de algunos sectores que obtienen beneficios de los recursos estatales. Como tercer pilar para la construcción del “Estado integral” realzó la importancia de alcanzar la soberanía económica con base en políticas estatales.

Asimismo, para lograr la consolidación de estos tres pilares y la consiguiente consolidación del nuevo Estado socialista, planteó la necesidad de mantener la unidad de los pueblos para derrotar a las “adversidades” que se presentarían en el camino.

Para el logro del Socialismo Comunitario es fundamental la práctica del Paradigma “Vivir Bien” que no solo se habla en nuestro país sino también en América latina el cual está atravesando por una ebullición de cambios políticos y sociales, en este escenario que se está debatiendo de todo, se está cuestionando al Estado, en este escenario es que el “vivir bien”, aparece, para interpelar las ideologías clásicas europeas, (capitalismo, comunismo) y plantear en la misma lógica una nueva filosofía, ideología y hasta religión, proponiendo a la Madre Tierra o Pacha Mama, en un plano de deidad por encima de toda otra lógica religiosa.
Este renacer de ideas propias de intelectuales indígenas de América Latina, convergen en que el vivir bien es el camino a seguir de los pueblos de América, este concepto que varía de nación en nación y de lengua en lengua, se sitúa en el post desarrollo, va mas allá del desarrollo económico, social y humano, pues posee indicadores propios de desarrollo, los cuales no son medidos a través del la producción de bienes y servicios, sino, es a través de la vida armónica con la naturaleza, el hombre y la Madre Tierra considerados todos estos como uno solo.

El origen de este paradigma se puede situar en el emerger de los pueblos indígenas de América Latina, sus cosmovisiones ancestrales, sus tradiciones, y su relación con la naturaleza alientan las bases teóricas del vivir bien. Sin embargo en cada nación indígena este paradigma tiene sus propias particularidades, para el Pueblo Quichua ecuatoriano buen vivir o Sumak kawsay en esta lengua significaría una “vida buena” ni mejor ni peor que las de otros ni un afán en conseguir mejorarla. Para el pueblo Aymara Boliviano el vivir bien o Suma Qamaña introduce el elemento comunitario y podría traducirse en el vivir armoniosamente con los demás y con la Madre Tierra o Pacha Mama.

En los últimos años los postulados del vivir bien han sido recogidos en constituciones de América Latina al respecto la Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su preámbulo que Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, es decir que la búsqueda del vivir bien es el fin y los otros principios que menciona como el de la igualdad, la armonía etc. Son los medios o instrumentos, pero no se detiene ahí y lo más importante es que en esta Constitución boliviana se establece que el modelo económico y el modelo educativo están orientados a la búsqueda del vivir bien esto denota que Bolivia o por lo menos el gobierno de Evo Morales está desarrollando este concepto nos solo en su forma de organización estatal, sino también en su organización económica y social.

CENTRALISMO, DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER
Existe un buen grado de consenso en que el país requiere de una mayor descentralización, todos los ciudadanos bolivianos han sufrido, de alguna manera, el exceso de concentración de autoridad, en su expresión más perversa, el burocratismo ineficiente.

Este consenso se traduce en manifestaciones de distinta índole para acelerar el proceso que permita desconcentrar las decisiones y las acciones que se realizan en Bolivia. Estas manifestaciones alientan el debate sobre el mecanismo para llegar a transformaciones constitucionales y sobre el grado y la intensidad de esta desconcentración.

A simple vista se estarían enfrentando propuestas radicalmente opuestas, desde aquellas que estiman necesario fundar un estado aymara consistente étnicamente hasta aquellos que proponen la regionalización del país desde una óptima más bien económica. Así distintos actores intentan diseñar una nueva regionalización, departamentalización, nacionalización en respuesta exclusiva a sus propios intereses.

De ahí que el mecanismo en que se discuta y legitime el nuevo diseño de desconcentración es fundamental por el simple cálculo político de los actores, en realidad se intenta subordinar el debate al mecanismo de discusión y verificación de legitimidad.

Esta indefinición entre referéndum, asamblea constituyente, reforma a la constitución en base a sus propios preceptos, ensombrece un debate que al parecer no da mucho de si mismo. Cuando uno se acerca en detalle a los principales patrocinadores del discurso de las autonomías, provengan de donde provengan, se encuentra con preocupaciones similares y muy pocas diferencias a la hora de concretarse en alternativas viables.

AUTONOMÍAS EN BOLIVIA.
Aprobada y vigente la nueva Carta Magna, lo está también, obvio, su tercera disposición transitoria, la que permite a los “departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006” acceder directamente al régimen autonómico con sus Estatutos –también aprobados por el voto popular- a condición de que los textos de estos últimos sean adecuados a las disposiciones contenidas en la NC. 

Esta disposición abrió la posibilidad de que una de las primeras tareas a cumplirse para facilitar la vigencia real de la nueva Constitución, por un lado, y de las autonomías departamentales, por otro, sea la identificación de las discrepancias existentes entre ésta y las Cartas Departamentales. No cabe duda que para adecuar la normativa sub nacional a los mandatos constitucionales se necesita, primero, visualizar los temas, materias y artículos que requieren compatibilización y al hacerlo tendrá que prestarse atención a la intensidad de los desencuentros, porque ella (la intensidad) determina si la ruta para la adecuación pasa por una ley nacional, una ley departamental, combinaciones de unas y otras o debe encararse, inevitablemente, la reforma del Estatuto e incluso, aunque sólo a posteriori, ajustes constitucionales.

Seguramente este es uno de los temas más discutidos en Bolivia en los últimos años, debido sobre todo al hecho de que la creación de varios niveles autónomos de gobierno afecta a la administración pública departamental, a la gestión de los recursos naturales y a la propiedad y distribución de los recursos económico-financieros. No obstante, y a despecho de la insistencia de los debates, las diferencias entre la NC y los EA son menores que las que uno podría imaginarse al calor de las discusiones.

Como se sabe, la Lex Suprema, ratificada por el cuerpo electoral el 25 de enero, diseña la organización territorial del Estado en función de cuatro instancias de gobierno y administración: el departamento, los municipios, las regiones y las entidades territoriales indígena-originaria-campesinasasí como señala Artículo 269 parágrafo 1. Se trata, a todas luces, de una organización compleja, que fue y continúa siendo cuestionada por varios analistas.

Al presente los departamentos y municipios van trabajando sus estatutos, cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional.







TEMA No 9.

POLÍTICAS DE ESTADO PARA EL DESARROLLO DE BOLIVIA


SOBERANÍA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA


A raíz de la crisis mundial de alimentos y los incrementos de precios en una variedad de productos alimenticios que se dieron en Bolivia a partir de 2007, el gobierno comenzó a señalar en sus documentos sobre políticas y en sus planes agrarios, la necesidad de potenciar la producción agrícola y agroindustrial interna para abastecer la demanda del mercado nacional de alimentos, adoptando, además del concepto de seguridad alimentaria el de soberanía alimentaria. 

El concepto de “seguridad alimentaria”, acuñado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se refiere a que los países cuenten con un nivel de oferta suficiente de alimentos inocuos y nutritivos a los cuales la población tenga acceso. En este sentido y en el marco de las políticas neoliberales en boga, este planteamiento que hace énfasis en la perspectiva de la disponibilidad de alimentos, no menciona el tema del origen nacional de los mismos.


Este concepto responde a los planteamientos de los países capitalistas adelantados que propugnan la apertura irrestricta de las economías de los países atrasados, a objeto de lograr la introducción de sus mercancías – en este caso, agropecuaria o agroindustriales – en estos últimos.

Por su parte, el concepto de soberanía alimentaria, que fuera planteado por el movimiento la Vía Campesina, también a raíz de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), realizada en 1996, hace más bien referencia a la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas alimentarias y, por tanto agrarias, lo que implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mercado interno y de privilegiar la producción doméstica de alimentos frente a la importación de los mismos.

Para el gobierno del MAS una política de seguridad y soberanía alimentaria debería “avanzar en la promoción de la autosuficiencia alimentaria, en el entendido de que la dependencia alimentaria de productos importados de otros países tiene efectos contraproducentes en la alimentación de la población, ya que cambios en las políticas y en el contexto internacional pueden provocar procesos de desabastecimiento de alimentos en el mercado nacional, con severas consecuencias económicas, sociales y políticas para los países” (sic).

El plan denominado Revolución Rural, Agropecuaria y Forestal dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), en noviembre de 2007,considera que las políticas neoliberales aumentaron las desigualdades en el campo, pues la promoción de la agricultura de exportación terminó concentrando la riqueza “en pequeños grupos de élites agrarias” y discriminando “a las economías campesinas, comunitarias y asociativas que dependen de la agricultura”, agravando, por tanto, “la dependencia alimentaria” .

Frente a esta situación, señala la necesidad de construir otro “patrón de desarrollo agrario” que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente, con base en sistemas de producción agrícola y forestal comunitarios, asociativos e individuales. A tiempo de plantear el desarrollo de una economía rural “plural y diversa” para la “coexistencia de las economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales” a objeto de “democratizar el acceso a los beneficios económicos provenientes de la agricultura”, las políticas proponen “fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”, con el objetivo de “promover el incremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos”.

Es importante resaltar que para el gobierno “la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques, en el marco de la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria” (subrayado del autor). En otras palabras, plantea que sin transformaciones profundas en este ámbito, no será posible lograr los objetivos de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria y entre ellos, aquellos referidos al incremento de la oferta campesina de alimentos.

SOBERANÍA Y SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD
Tomando en cuenta la visión que tiene el Ministerio del Agua, “Bolivia realiza una gestión equitativa, participativa, sostenible y recreativa de sus recursos hídricos y los servicios asociados a ello contribuyendo así, efectivamente, al desarrollo social y económico de una sociedad pluricultural y multiétnica, y a la conservación del medio ambiente"; y como misión “Satisfacer las necesidades que tiene la población de agua en cantidad y calidad suficientes, tanto para su consumo como para sus actividades productivas, respetando el medio ambiente, la biodiversidad, las formas naturales de organización de los pueblos y de las comunidades indígenas y campesinas. Implantar una gestión integral que mejore la disponibilidad, el acceso equitativo, solidario, universal y de calidad a los recursos hídricos y los servicios asociados a ellos en el país”.

Entre sus lineamientos de política esta, desarrollar políticas públicas, orientadas a incorporar a la sociedad civil, incluyendo a comunidades rurales, indígenas y pueblos originarios, en la implementación de los modelos de gestión integral de los recursos hídricos.

Por lo que el agua no debe ser considerada como una mercancía, sobre este principio, no podrá ser materia de tratados de libre comercio internacional y tratados bilaterales. El agua es un patrimonio común y público, por lo tanto los servicios de agua deben ser de dominio público y gestión social.
La cuenca no sólo es un espacio físico geográfico hidrológico, sino un espacio de vida y expresión cultural de las poblaciones que viven alrededor, siendo el agua es un El recurso natural fundamental para la vida y la salud de todos los seres humanos.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MINERIA
La recuperación de los precios de los minerales en los mercados mundiales ha constituido un elemento fundamental para la reactivación de la actividad del sector, a partir de inversiones de magnitud en nuevos proyectos, como San Cristóbal y Mutún, y la reapertura de minas realizada por mineros pequeños, que en los siguientes años constituirán fuentes importantes de generación de ingresos, divisas, empleo y dinamismo regional. Asimismo, debido a la tradición de la actividad minera en el territorio nacional y los descubrimientos realizados, se prevé la existencia de un importante potencial geomineralógico pendiente de ser probado, que podría incluir una amplia y diversa gama, desde minerales metálicos y no metálicos hasta piedras preciosas, que se encuentran en todo el territorio del país.

Así por ejemplo, la cordillera oriental y occidental cubre aproximadamente el 42 por ciento del territorio nacional, y hospeda más de 2200 prospectos en plata, estaño, antimonio, wólfram, plomo, zinc, cobre, bismuto y otros. El precámbrico, con una extensión del 18 por ciento del territorio nacional tiene una zona metalífera con más de 100 prospectos de oro, platino, níquel, tantalio, platino, hierro y otros. La llanura beniana abarca el 40 por ciento del territorio boliviano y tiene depósitos de estaño, wólfram y oro.

Bolivia todavía cuenta con un potencial importante de recursos humanos capacitados en el sector minero, que pese a la proceso de relocalización, se mantiene dentro de esta actividad. La existencia de agrupaciones sociales mineras fuertemente cohesionadas constituye un potencial que puede permitir una aplicación más ágil y efectiva de las políticas sectoriales.

Como prueba de ello, el nuevo Gobierno, en mayo de 2006, firmó un acuerdo entre la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, el Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL para establecer acuerdos comunes a fin de impulsar el desarrollo integral del sector, de las regiones y las comunidades en el marco de la nueva realidad boliviana.

En ese marco, el sector minero se ha propuesto contribuir a la generación de excedentes mediante el cambio del patrón primario exportador con un nuevo modelo que, por un lado, contribuya a la industrialización de la actividad minera con agregación de valor y, por otro -con un nuevo rol del Estado donde participe directamente en proyectos estratégicos, promueva la actividad productiva de las organizaciones sociales y comunitarias-, garantice el desarrollo de la iniciativa privada, y realice un mejor uso y destino del excedente económico.

A partir de una reingeniería institucional y jurídica del sector, el Estado controlará y fiscalizará las concesiones mineras y participará activamente en las actividades de prospección, exploración y generación de valor agregado. También ejercerá el control de la comercialización de minerales y metales, y centralizará el acopio y comercialización de la producción de las cooperativas y mineros chicos. Finalmente, participará de los excedentes mineros de forma directa en las empresas dependientes de COMIBOL o en asociación con el sector privado, e implementará un nuevo régimen tributario que permita mayores ingresos fiscales.

En este nuevo marco, los principales actores serán: COMIBOL, que a nombre del Estado participará en toda la cadena productiva; las entidades normativas y reguladoras, encargadas de la Política Nacional Minera; y las iniciativas privadas tanto nacionales como extranjeras.
Las políticas diseñadas para lograr el cambio propuesto son: el control estratégico de los recursos mineralógicos del país, recuperación de las concesiones mineras en las que no se haya realizado inversiones, ampliación del conocimiento del potencial geomineralógico del territorio nacional, la diversificación y aumento del valor agregado de la producción minera, y el fortalecimiento de la minería cooperativa y chica.

La elaboración de la Nueva Ley de Minería y Reingeniería de las instituciones del sector minero estatal, brindará el nuevo marco jurídico e institucional del sector que permitirá la intervención del Estado en el desarrollo minero, con facultades de control, fiscalización y promoción en todo el circuito productivo, desde la otorgación de concesiones mineras hasta la industrialización, restituyendo a COMIBOL su rol productivo y mejorando la participación del Estado en los beneficios de la actividad minera.

La nueva Ley de Minería considerará las siguientes temáticas:
- Reforma del régimen de concesiones mineras, para evitar el uso ineficiente de éstas, se reducirá la cantidad máxima de concesiones con un límite de hasta 1.000 cuadrículas. Asimismo, se adicionan causalidades para la caducidad y la falta de pago de patente.

- Nuevo régimen impositivo que incremente las recaudaciones para el Estado y permita la participación de las comunidades. La acreditabilidad del Impuesto Complementario Minero (ICM) sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) estará en función al nivel de precios. Adicionalmente, se incorporará nuevas alícuotas específicas a otros minerales y se creará instrumentos para la estabilidad tributaria.
- Reforma del régimen de comercialización, que transparente el mercado y mejore su eficiencia, otorgándole roles a instituciones estatales como agentes públicos para la comercialización y exportación de minerales y metales.

- El nuevo régimen minero reconocerá como agentes de desarrollo que interviene en toda la cadena productiva a la minería cooperativizada, la minería estatal (COMIBOL), la minería chica y la industria minera privada, mediana y grande.
- Se crearán unidades especializadas en prevención y solución de conflictos en áreas mineras.
- La Reingeniería del sector minero estatal considerará el fortalecimiento de COMIBOL con nuevos roles productivos en todas las fases del ciclo minero, permitiendo la integración de CIRESU.
- Fortalecimiento de SERGEOTECMIN, dotándole de capacidad operativa para realizar actividades de prospección y exploración minera.
- Conformar una estructura institucional para la administración del régimen de concesiones mineras, con base en la actual Superintendencia de Minas.
- COMIBOL intervendrá de manera competitiva y con eficacia en toda la cadena productiva tanto en áreas nuevas como concesiones no comprometidas. Concluida la intervención de la mina Huanuni, el Estado reactivará de forma dinámica la actividad minera estañífera, conciliando los intereses de los cooperativistas mineros y de los trabajadores de la minería estatal.

En el marco de la política de control estratégico de los recursos mineralógicos del país, el Estado participará en la cadena productiva y fiscalizará las actividades mineras, ello permitirá lograr mayores ingresos fiscales. Para tal efecto, la estrategia que se propone es modificar el marco jurídico, regulatorio, institucional y productivo del sector minero, que comprende la reposición del rol productivo del Estado en todo el ciclo de la minería, y el potenciamiento de COMIBOL, como una entidad autárquica, descentralizada regionalmente y auto sustentable. Asimismo, el programa reformará el marco legal e institucional del sector minero, con el que se pretende modificar los regímenes de concesiones mineras, tributario y de comercialización.

En la parte institucional se pretende readecuar y reasignar roles y competencias a las instituciones estatales de la minería. Para ambos aspectos es prioritaria la elaboración y aprobación de la nueva Ley Minera y la Reingeniería de las instituciones del sector minero estatal, los que permitirán que COMIBOL participe en las actividades productivas, se integre CIRESU a su estructura organizacional, se fortalezca a SERGEOTECMIN y se consolide una institución para administrar el régimen de concesiones.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y AGUA
El impacto de las medidas de privatización sobre el patrimonio social y público del país y sobre los derechos de gestión de las comunidades campesinas, indígenas y originarias, obligó a la población a defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaba tradicionalmente. Esta defensa se hizo realidad con movilizaciones, paros cívicos y otros enfrentamientos contra el gobierno de turno. El principal conflicto ocurrió en Cochabamba con la “guerra del agua”. Posteriormente, a fines del año 2004, una nueva crisis se produjo en las ciudades de El Alto y La Paz, luego de que vecinos de la ciudad de El Alto denunciaran actos irregulares en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, el incumplimiento de metas de conexión y la elevación de los precios de conexión por parte de la empresa Aguas del Illimani. Las movilizaciones y protestas sociales lograron la promulgación de un Decreto Supremo que dispone el inicio de las acciones pertinentes para la ruptura del contrato de concesión con esta empresa con sede en la ciudad de La Paz.

La baja cobertura e inadecuada calidad de los servicios de agua potable y saneamiento es uno de los problemas que afecta al sector. En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones de habitantes no tienen acceso al Agua Potable, de los cuales 75 por ciento corresponde al área rural. Cerca de 5 millones de habitantes no tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento, de los cuales un 57 por ciento corresponden al área rural.

El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento básico en general, en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos y las cuencas, y de una gestión participativa y responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestación de los servicios.

Los servicios deben garantizar el abastecimiento a los pobres, con niveles tarifarios razonables que permitan recuperar los costos, evitando cargas a los usuarios, buscando sustentabilidad, razonabilidad, calidad de servicios, información, transparencia, solidaridad, participación social en niveles de planificación y toma de decisiones estratégicas, reinversión de los recursos provenientes de las tarifas, apoyo y participación del Estado para cubrir rezagos de inversión y beneficiar a la población más vulnerable.

Se elaborará la Política Financiera Sectorial (PFS) mediante Decreto Supremo en el marco de la Nueva Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley “Agua para la Vida”) en el año 2006. Tanto la Nueva Ley como sus reglamentos (incluyendo la PFS) ya están elaborados en formato de proyecto.

La mayor parte de las inversiones, se realizarán a través de la Política Financiera Sectorial (PFS) misma que establecerá licitación de recursos de pre inversión cuyos ganadores accederán a recursos de inversión. La PFS establece una fórmula denominada Identificador de Áreas de Inversión (IARIS).

En cuanto a líneas de inversión, consideramos importante abrir dos nuevas: Agua y Saneamiento para Pueblos Indígenas y Originarios con inversiones destinadas a resolver las carencias de servicios de parte de pueblos y comunidades indígenas en sus territorios demandados o titulados e inversiones en Enclaves Geográficos socioproductivos.

En estos enclaves, se pretende desarrollar procesos de inversión integral con impacto sistémico, teniendo el cuidado de generar distribuciones equitativas de los beneficios resultantes de las inversiones en factores productivos y en servicios, velando por no crear procesos de estratificación que concentren beneficios en pocos grupos. Inversiones sustanciosas en enclaves pueden generar procesos de crecimiento demográfico por lo cual se debe prever inversiones importantes en servicios que pudieran acompañar dicho crecimiento.
El Estado, fortalecerá a todas las EPSA, incluyendo Cooperativas y otras formas de asociación para la prestación de servicios básicos. No se permitirá la creación de entidades privadas con fines de lucro o de carácter mixto para la prestación de servicios. Las entidades públicas de prestación de servicios básicos ya existentes y las que sean creadas de mutuo acuerdo entre los usuarios y los gobiernos municipales, serán fortalecidas en el marco de la política financiera sectorial, apoyada y fortalecida por el Ministerio del Agua, la Entidad Nacional de Regulación de Saneamiento (ENARES) y la Fundación de Saneamiento Básico (FUNDASAB).

La FUNDASAB, por su parte tendrá el respaldo de fondos de la PFS para realizar acciones de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario. En el marco de los concursos públicos con fondos PFS, la FUNDASAB, apoyará a las Entidades de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) para cumplir con los requisitos necesarios para postular a fondos de pre inversión; posteriormente, con las EPSA ganadoras del concurso público, FUNDASAB asesorará a las mismas para elaborar sus proyectos a diseño final y a cumplir con otros requisitos necesarios para la fase de inversión (Planes Integrales de Desarrollo, que contiene entre otros el Plan Estratégico de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Quinquenal); en la etapa de Inversión, FUNDASAB apoyará a las EPSA en la ejecución de los componentes de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y trámite de licencias.

El Estado a través de sus instituciones del sector de saneamiento básico apoya y fortalece los sistemas comunitarios, asociativos y cooperativos de gestión del agua y los servicios básicos sin fines de lucro y beneficio social, en el marco de la equidad, la democracia participativa en los ámbitos locales de prestación de servicios, la transparencia respecto al uso de los recursos y la administración de éstos, el respeto a usos y costumbres de las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera el Estado establece como principio de la regulación del uso y acceso a fuentes de agua y la prestación de servicios, respeto entre usuarios y prestadores de servicios a formas de organización comunitaria basadas en pautas culturales y procedimientos sociales y comunitarios de toma de decisiones.

Esta acción estatal se fundamenta en el principio de promover una sociedad que respeta y fortalece la intercultural asociada al uso de los recursos hídricos.

El Estado desarrolla y ejecuta una legislación que permite a las comunidades campesinas e indígenas así como a los prestadores de servicios en general, contar con garantía jurídica sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano, a través de un régimen de derechos basado en la concertación del acceso y uso de fuentes de agua y recursos hídricos.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CAMELIDOS
En los países andinos, la llama actualmente tiene importancia no sólo como el símbolo de los andes, si no que forma parte de la tradición, historia, cultura, y economía de las poblaciones que han enfrentado un largo proceso de prejuicios interesados, obstáculos, incomprensiones, olvidos y descuidos por parte de los españoles y luego de los mestizos que no admitían la cultura de otras sociedades en Sur América.

Según datos actuales, del FIDA y la CAF, la crianza de camélidos se encuentra principalmente en las regiones andinas de Perú y Bolivia. Sin embargo, países como Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia también se dedican a la crianza de esta especie con bastante éxito

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) creado en abril de 1993, mediante Decreto Supremo 23489, identificó la necesidad de apoyar el desarrollo del sector camélido para comercializar la carne y sus productos derivados. A través del financiamiento realizado por UNEPCA y otras organizaciones, el 5 de noviembre de 1997, IBNORCA hizo entrega oficial del conjunto de requisitos técnicos de referencia.

La carne de llama tiene características físico-químicas y se clasifica por cortes para el consumo humano, deberá provenir de animales beneficiados (faenados) bajo inspección sanitaria y cumplir con los requisitos exigidos por IBNORCA.

En el marco del servicio de consultoría grupal de la Cámara Nacional de Industrias apoyado por el Programa Al Invest IV de la Unión Europea, los días  20 y 21 de julio se realizó el "Taller del Sector Camélidos"  con el objetivo de analizar la situación actual por la que atraviesan los productores en ese rubro. El evento fue organizado con el Programa Binacional Alpaca y la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de La Paz (CIOEC).

POLÍTICAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
La seguridad alimentaria no es sólo producir y poner al mercado, también se debe pensar en la calidad del producto y los cuidados que éste debe tener hasta el momento que se introduzca en la boca, para ello se necesitan políticas públicas, explicó el investigador agrónomo, Jaime Muñoz Reyes.

Seguridad alimentaria, es lo que hacen los vietnamitas y japoneses, ellos producen primero para el mercado local protegiendo a la población y luego piensan en el mercado externo. "Pero no podemos un día producir, otro día exportar, al siguiente ya no, eso no es seguridad alimentaria", dijo Muñoz.

Seguridad alimentaria del 2011 está condicionada al apoyo al sector productivo Lo que se quiere en los productores es que no sólo exista la regulación de precios para el mercado interno, sino que también se apoye a la exportación de estos.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Gary Rodríguez, advirtió que la seguridad alimentaria para el año 2011 está condicionada a la aplicación de políticas públicas referidas al acceso al crédito, seguridad jurídica, caminos, combustible, entre otros. “Si hay las políticas públicas adecuadas, si hay las garantías para la inversión, la tierra, si hay ojalá créditos concesionales, apoyo para que los caminos estén expeditos, que no falte el combustible para que los mercados estén garantizados con toda seguridad que también la producción estará garantizada, y por lo tanto, la ciudadanía adecuadamente abastecida”, explicó. Rodríguez argumentó que en la actualidad el sector productivo pasa por una situación muy difícil como el girasol y el cañero que fueron impactados por el clima, así como el arrocero que atraviesa por una sequía. “El (sector) maicero ha advertido que si no vienen las políticas adecuadas que están faltando porque las señales no han sido las suficientes como para que los agricultores se animen a invertir mucho más no podríamos tener los efectos esperados o los resultados esperados” para el 2011, enfatizó. 

El gerente general del IBCE considera que es importante que todos los sectores reflexionen ante el embate del clima, la subida de los precios de los productos, la capacidad de los todos los productores de invertir, producir y abastecer el mercado interno y alimentar el mundo para encontrar soluciones de forma coordinada. “Lo que se quiere en los productores, es que ese esfuerzo para generar esos alimentos tenga su retribución y que no solamente se limite a un mercado interno como a precios regulados, sino que haya la posibilidad de que la compensación venga por la vía de la exportación”, sostuvo. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez, mencionó que el aumento de los precios de los productos en el mercado interno es causado por los intermediarios y por el incremento del contrabando por la época de fin de año. “Lo que está ocurriendo es una especulación por parte de los intermediarios que están ocultando la mercadería, lo cual está tendiendo a que aumenten los precios.

Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario por mandato de la Constitución Política del Estado debe garantizar a las bolivianas y bolivianos el acceso oportuno de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados en cantidad suficiente y calidad adecuada, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, sobre la base de las condiciones propias de la diversidad social, cultural y geográfica del país.

La soberanía alimentaria es el derecho del pueblo boliviano a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias sostenibles, a partir de la producción propia, respetando y conservando la biodiversidad productiva y cultural así como la capacidad de autoabastecimiento, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos nutritivos de buena calidad e inocuos, y se constituye en objetivo estratégico y obligación del Estado Plurinacional a fin de garantizar la seguridad alimentaria a la población boliviana.
El Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, establece que la Seguridad Alimentaría Nutricional con Soberanía es la base de la Soberanía Nacional y del Vivir Bien y define los lineamientos de la política de seguridad alimentaría nutricional con soberanía. El Vivir Bien como la demanda de humanización del desarrollo, el acceso, disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado, Bolivia adopta como fin primero del Estado Plurinacional el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos (Artículo 8), reconoce como derecho fundamentales (Artículo 16) el derecho al agua y a la alimentación, y la obligación del Estado a garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población; (Artículo 342) de la misma forma, establece como deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente; (Artículo 375) y el deber del Estado de regular el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando usos y costumbres de las comunidades.

7. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECURSOS ENERGÉTICOS HIDROCARBURÍFEROS
Las políticas neoliberales aplicadas desde la década del 80 llevaron a cabo la privatización de la propiedad y la administración de toda la actividad de la cadena productiva de los hidrocarburos. Una primera etapa con la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desmembrándola en las empresas Chaco, Andina y TRANSREDES, y posteriormente con la privatización del resto de la cadena de producción y comercialización, transfiriendo la administración y el control de la venta de los recursos naturales a las empresas transnacionales. El sector de hidrocarburos quedó en manos de las transnacionales, el Estado perdió presencia física en la cadena productiva, YPFB fue desarticulado y reducido dejando a las empresas transnacionales actuar bajo una inadecuada regulación.



En consecuencia, el Estado boliviano fue el menos favorecido de los beneficios generados por la exportación del gas, y los excedentes de la comercialización del crudo y sus derivados lo que expuso nuestras reservas a una explotación irracional en beneficio de intereses foráneos, bajo un marco legal que permitió que las empresas extranjeras se apropien del excedente.

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TEMA No 1.

SOCIOPOLÍTICA y DESCOLONIZACIÓN


En tiempos actuales, donde se dan profundas transformaciones políticas, económicas y sociales en nuestro país, es fundamental aceptar el reto para poder construir un nuevo Estado, a partir de la Constitución Política del Estado, el cual da el lineamiento a seguir.

En tal sentido en el aspecto educativo, estas transformaciones tienen su base en la ley Avelino Siñani, el cual también trae consigo cambios trascendentales acorde al proceso de cambio que atraviesa nuestro país.

1.       NOCIONES DE SOCIOPOLÍTICA.- 

Adentrándonos en el término mismo de la palabra “sociopolítica”, esta deviene de dos palabras: sociedad y política, es así que es necesario entender lo que es política y sociedad.

¿Qué es la política? 
La política, viene del griego "polis" o ciudad. Hoy por hoy, la única manera de ejercer poder y de gobernar los designios de los países, es por medio de la política (en cuanto a naciones democráticas). 

La política, es la fuerza que mueve las naciones. Ya que todas las circunstancias o decisiones importantes, pasan por una movida política. Y es que todo gobierno democrático, depende de la política, para poder ejercer autoridad y tomar decisiones en pro de los ciudadanos. 


La política tiene relación con el ejercicio del poder, el cual, debe conllevar el bien común de las personas. Ya que la política, es una rama más de la ética. La cual se estudia, para enderezar los actos humanos. Para poder discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. 


La sociedad” entiéndase como la agrupación de personas reunidas bajo un propósito común. La Sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad.



Se entiende por sociedad civil a la compleja red de actores colectivos, estructuras, instituciones, normas y representaciones sociales, cuya existencia es relativamente independiente del Estado (aunque pueda haber sido inicialmente impulsada o incluso creada por él) y cuya racionalidad de funcionamiento se ubica en la zona gris entre lo público y lo privado, pero siempre separada de lo político-estatal. Bajo el régimen democrático-representativo, las relaciones entre el Estado y la sociedad están mediadas por el sistema político, el cual puede ser más o menos representativo de los diversos intereses, así como más o menos adecuado para canalizar las demandas de la ciudadanía.

Una de los fenómenos sociales de mayor repercusión en la vida humana desde hace mucho tiempo es la política. Como fenómeno engendrado por el accionar de la sociedad es de gran complejidad y, en cierto sentido, incomprensible para muchas personas, lo cual provoca un sentimiento de rechazo, que vulgarmente se expresa en frases como: la política es una cosa sucia, yo no me meto en política, mi vida no tiene nada que ver con la política. Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues la política tiene que ver con la vida de todos los seres humanos desde que surgiera y se involucra en los más simples actos de la cotidianeidad ciudadana. 


La política es fundamentalmente poder. Ni la síntesis ni la conciliación sociales, pueden lograrse sin el poder. Por eso algunos pensadores han definido a la política como la teoría y la práctica de las relaciones de poder…no es un poder que actúa en el vacío, sino en el seno de una sociedad dada por tanto en el marco de un territorio determinado.

De tal manera entendiéndose la sociopolítica como el estudio del impacto en la sociedad ante cualquier coyuntura de índole política que se presente en cualquier país, que se encarga de estudiar, analizar el comportamiento, los efectos, de la aceptación de la población, del pueblo y de las consecuencias de los mismos, hacia cualquier medida, pensamiento o imposición proveniente del ámbito gubernamental.

Un autor, lejano a nuestra idiosincrasia y nuestro tiempo pero muy importante para las nuevas generaciones, nos da una idea de la Sociopolítica: “El peor analfabeto, es el analfabeto político. El no oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas depende de las decisiones políticas.

El analfabeto político es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política, no sabe el muy imbécil que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de todos los bandidos que es el político aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.” Bertolt Brecht (1898 – 1956)

1.2.- SOCIOPOLÍTICA BOLIVIANA

Bolivia no ha superado sus contradicciones y, mucho menos, ha logrado reducir la brecha que separa a las clases pudientes de los desposeídos. El estado de marginación socioeconómica y sociopolítica de los pobres, que en su mayoría son indígenas, sigue vigente como en décadas precedentes; una realidad que se expresa en la sostenida división social, las dificultades de los indígenas para acceder a oportunidades educativas, políticas, económicas y culturales; los problemas para sustentar la vida cotidiana, la falta de perspectiva para un desarrollo autónomo y otros factores que limitan el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos. Hechos que en su conjunto generan un profundo desgaste cultural que, irreparablemente, tiende a dañar a la mayoría de las culturas indígenas y demás sujetos excluidos en Bolivia.

La exclusión es un estado de vida casi exclusivo de las poblaciones indígenas que, en cifra brutas y en función de los criterios para medir el desarrollo, se sitúan en un estadio inferior al de las poblaciones urbanas. Esta situación se agrava cuando se analizan las posibilidades que tienen los indígenas para mejorar sus condiciones de vida, que desde una perspectiva global son escasas. Estas diferencias tienen una correspondencia directa con los problemas educativos que, en el presente, se caracterizan por los siguiente rasgos: el neocolonialismo educativo y la dependencia; las menores oportunidades para acceder a la educación institucional; la mala calidad de la educación en el ámbito rural y los elevados índices de analfabetismo; el monolingüismo estatal y la educación intercultural planteada en términos de segregación; las dificultades para la participación en la gestión del poder político y económico y, por último, la exclusión de los procesos contemporáneos de desarrollo.

La situación sociopolítica de Bolivia es que la sociedad esta fuertemente influenciada por la corriente política, medidas políticas, económicas etc., a lo largo de la historia y en la actual coyuntura, caracterizado por una inestabilidad. La Sociopolítica debería analizar las consecuencias de las políticas aplicadas. 


1.3.- CIENCIAS QUE COADYUVAN AL ESTUDIO DE LA SOCIOPOLÍTICA

La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad.

La Historia es la ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado de la humanidad, estudiando e interpretando la vida del hombre como ser social a través del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus aspectos

La Sociología, La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber donde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la política. Es una ciencia nueva que se hizo a la mitad del siglo XIX.

La Antropología, La Antropología es la ciencia que estudia al hombre en el pasado y en el presente de cualquier cultura. Contiene dos (2) grandes campos: 

La Antropología Física, que se ocupa de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos
- La Antropología Social o Cultural, se ocupa de las personas que viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. 

La Antropología se ha encargado de conocer y entender a su nivel más íntimo las motivaciones, los comportamientos y las prácticas dentro de los diferentes grupos sociales. 

La Estadística es la parte de las Matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. 

Según se haga el estudio sobre todos los elementos de la población o sobre un grupo de ella, vamos a diferenciar dos tipos de Estadística: 

1.4.- DEFINICIONES DE DESCOLONIZACIÓN

Para lograr una equidad y justicia en nuestra sociedad es importante, hacer práctica de la descolonización el cual interfiera en el logro de nuestros objetivos, por lo que a continuación en principio damos una serie de definiciones.

Entendiéndose en la acepción universal la descolonización como el proceso mediante el cual una colonia logra su independencia de un poder colonial al que se encontraba sometida. La descolonización es el proceso opuesto al de colonización. DEFINICION ABC.

En definición de E. J. OSMANCZYK, «la descolonización es el proceso de liquidación del sistema colonial en el mundo y la creación de Estados independientes en los antiguos territorios dependientes».

La descolonización es un proceso político, ideológico y sociológico cuyo propósito es dar fin a una situación colonial de un territorio habitado por pueblos y naciones sometidas a una serie de sumisiones y explotaciones. Roberto Choque Canqui
La Constitución Política del Estado plurinacional, por su parte, entiende a la descolonización como un fin esencial de Estado para construir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación destinada a consolidar las identidades plurinacionales.

Acorde a los cambios que se dan en nuestro país, por la importancia y necesidad del proceso de cambio existe el Vice Ministerio de Descolonización, que está a cargo de Félix Cárdenas para cuya autoridad “la descolonización no es un retorno romántico al pasado, sino que es una recuperación de nuestros saberes. La tarea que tengo expresaba… es iniciar un profundo proceso de descolonización del Estado para que sea genuinamente la expresión de nuestra identidad y tradiciones.

Según Idón Chivi, director general de Administración Pública Plurinacional, la descolonización es un proceso que implica por un lado recuperar la afirmación identitaria de las naciones y por el otro liberarla de las formas perversas del capital, que representa la forma contemporánea de dominación colonial. Esta última, afirma la autoridad, se presenta mediante la geopolítica del conocimiento, con una matriz euro-anglo-céntrica; la tecnología del poder, de corte liberal; y horizontes de vida individualizantes y reticentes a la solidaridad.

En esta línea, Chivi asegura que toda la institucionalidad estatal, empresas públicas e incluso mixtas, tienen este mandato y afirma que "toda actividad gubernamental o personal que resalta la dignidad humana es un acto de descolonización".

La descolonización es precisamente la construcción contraria de lo que ocurre en la colonialidad, no derrumbando paredes ni pateando puertas, sino comprendiendo su funcionamiento, aprendiendo de sus soportes y sometiéndolo a una profunda crítica social.
IDON CHIVI

El dirigente vecinal del Distrito cuatro de El Alto Walter Mollinedo, manifestó que la única forma de descolonizar el país es luchando por una verdadera nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, la expropiación de latifundios. “Eso sí es una verdadera descolonización ideológica, política, económica y social para el bien del país”. Lunes, 4 de octubre de 2010 - Bolivia - Nacional
La Paz, 03 (ANF)

1.4.- FUNDAMENTOS PARA UNA DESCOLONIZACIÓN.

En Bolivia ni la Independencia, ni la revolución del 52, ni los efectos de la reforma agraria del 53, ni los gobiernos progresistas en dos siglos significaron descolonización. Con la contrarrevolución neoliberal (1985) las micro conquistas acumuladas en distintos ordenes fueron disueltas. La recolonización en sus distintos momentos que adoptaron la forma de saqueo y etnocidio se consolida a través del neoliberalismo. La colonización permanente siempre se hizo posible gracias a empresarios-gobiernos de la colonización, entreguistas que buscaban beneficio de poderosos grupos de familias desde el s. XVI. Pareciera que recién llegó la hora de las clases nacionales –como les llamaba Zavaleta- que construyan una nación para si mismas, que sustituyan las semiformas estatales creadas por clases extranjeras, refiriéndose a las plutocracias oligárquicas. 

RAZONES IDEOLOGICAS

El socialismo marxista ha sido siempre, desde sus comienzos, claramente anticolonialista habiendo realizado en todo momento una fuerte crítica del colonialismo y manifestando se en favor de la libertad y contra la explotación de los pueblos oprimidos. La acción de la ideología marxista contra el colonialismo y el imperialismo se puede seguir en sus distintos momentos y manifestaciones

Una de las principales causas del subdesarrollo nacional y la consolidación de un Estado racista ha sido la enajenación vital de las elites nacionales que, en su mayoría, viven a en base a parámetros culturales ajenos a la realidad local. Bajo este criterio, en Bolivia se han instituido sistemas de formación y transmisión de conocimientos proclives ignorar y, en el peor de los casos, rechazar los problemas de las colectividades excluidas que, pese a su peso demográfico, han sido descartadas de los procesos de desarrollo.

La realidad boliviana no es homogénea, si bien existen elementos culturales comunes e intereses sociales y económicos compartidos, cada región tiene sus propias singularidades.

Las diferencias y coincidencias culturales y los intereses compartidos deben ser los fundamentos para la construcción de un Estado inclusivo. El reconocimiento de las particularidades debe servir para cerrar la brecha social, política, económicas y cultural entre los indígenas y no indígenas; consecuentemente, es imperativo que nuestros sistemas educativos (institucionales y no institucionales) se orienten a reconocer, analizar y transformar los problemas que afectan a todos los bolivianos, sobre todo a esas poblaciones que, hasta el presente, han vivido alejadas de los procesos de construcción Nacional.

La dependencia, la falta de confianza en las propias potencialidades y en los conocimientos concebidos a nivel local limitan el desarrollo de una sociedad inclusiva, en cuanto la discriminación de las personas y la división del trabajo se genera en base al control que se tenga de determinados saberes, entre los cuales el conocimiento local cuenta poco o nada. 

Este problema ha llevado a desarrollar un comportamiento muy arraigado entre los bolivianos, esto es: el complejo de inferioridad y la tendencia a pensar que todo lo que viene de fuera, todo lo que proponen los blancos es lo mejor. Una actitud que nivel educativo se reproduce en la tendencia de las elites locales para promociona el conocimiento externo como el más adecuado y necesario para la transformación de la realidad nacional. La copia de lo externo y la falta de confianza en lo propio desgasta a las culturas locales, un hecho que lleva a las poblaciones indígenas y rurales a buscar la legitimación de su modo de vida en el acto de asumir valores y comportamientos foráneos que, en el ámbito de un Estado que segrega, son observados como los más adecuados para la movilidad y la inclusión social.

Desarrollar un Estado inclusivo no supone negar las bondades tecnológicas ni el conocimiento elaborado por otras culturas, es el caso de la tecnología de la información, la comunicación y la educación generada en Occidente que, por supuesto, puede ayudar a mejorar el sistema local, facilitando su desarrollo difusión y consolidación. Por tanto, las respuestas a los problemas contemporáneos en Bolivia no pasan por el aislamiento ni la negación de lo otro, más al contrario exigen el diálogo de saberes y de procesos de intercambio cultural, en un marco de correspondencia que, además de la educación, por supuesto, debe incluir la igualdad y justicia en el ámbito económico y político.

En el contexto de la globalización, un Estado que pretenda se inclusivo y se interese por proyectar sus diferencias como un valor agregado al patrimonio cultural de la humanidad, debe tener una perspectiva visionaria y adelantarse a su tiempo con el objetivo de aprovechar las oportunidades generadas en los procesos contemporáneos de cambio social. En esta línea, es importante que los bolivianos (indígenas y no indígenas) amplíen sus horizontes educativos y se apropien de los conocimientos, la tecnología y los instrumentos que genera la cultura mundial.


Apropiarse de lo diferente o adaptarlo para mejorar las condiciones locales de existencia es un signo de inteligencia cultural. Esta es la tarea que debe asumir la educación en Bolivia, desarrollar lo propio, proyectar lo indígena, integrarla en los procesos globales, pero resguardando y potenciando la identidad local. Un propósito que exige acciones en las múltiples esferas de la vida, pero sobre todo en el ámbito de la educación institucional, que desde la formación inicial debe preocuparse por fomentar una mentalidad abierta al mundo y al mismo tiempo orgulloso de su potencial local.

Por su parte, Raúl Prada, viceministro de Planificación Estratégica, señala que Bolivia sigue con las viejas normas, prácticas y administración de políticas públicas. "No hemos cambiado la mentalidad de los funcionarios públicos, esto significa que no hay una descolonización, sino una re-colonización del Estado", señala y afirma que un acercamiento entre el Estado y la participación abierta de los movimientos sociales puede ayudar en ello.

 El vicepresidente se refirió al acceso a espacios estatales. Durante la presentación del libro Descolonización, Estado Plurinacional, Economía Plural, Socialismo Comunitario: Debate sobre el Cambio, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que la descolonización y la plurinacionalidad son aspectos que responden a largos procesos históricos, en los que aún falta mucho por hacer, pero que Bolivia avanza en ese sentido. La segunda autoridad del Estado explicó que gracias a la implantación del modelo descolonizador en Bolivia muchos aspectos van cambiando en favor de la igualdad de oportunidades para todos. Por ejemplo, García Linera recordó que antes del 2006, solo miembros de redes familiares, que por largos años habían ocupado el poder, podían acceder a cargos y espacios dentro del Estado, como una suerte de herencia. 

Mencionó que, en anteriores gobiernos, para que una persona asuma un Ministerio debía tener un aval familiar o una visa de la embajada de Estados Unidos.
“¿Qué está pasando ahora?, fíjense en los apellidos, en el origen social de las asambleas departamentales de las nueve regiones, en la composición de la Asamblea Plurinacional; nunca en Bolivia habíamos asistido a tanta presencia de sectores populares e indígenas que directamente se autopresentan en esas instancias o que lo hacen a través de mediadores”, ejemplificó.

El Vicepresidente argumentó que actualmente ya no se necesita de esas élites familiares para acceder a espacios en el Estado sino se requiere el aval de algún gremio, sindicato u organización social, campesina o indígena para que una persona ingrese a algún ministerio. Por ello, la descolonización se refleja en los “hechos, más allá de los libros. Eso es descolonizar”, aseveró. (17 de febrero de 2011)









TEMA No 2

COLONIALIDAD Y RESISTENCIA

IMPOSICIÓN MILITAR, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL EN ABYA YALA.

El continente al que arribo Cristóbal Colon en 1492, después llamado América, fue invadido por los ejércitos españoles, ingleses y franceses que, que al expandir sus posesiones, economía, régimen político y culturas, convulsionaron la vida social de los indios que poblaron extensos territorios en norte, centro y sur América.
EL IMPACTO DE LA CONQUISTA 
La "Conquista" es un proceso militar, práctico y violento, la dominación debajo del Extranjero, divino, que venía para conquistar, dominar, matar. La primera relación entonces fue de violencia: una relación "militar" de Conquistador-Conquistado; de una tecnología militar desarrollada contra una tecnología militar sub- desarrollada. La primera "experiencia" moderna fue de la superioridad cuasi-divina del "Yo" europeo sobre el Otro primitivo, rústico, inferior. Es un "Yo" violento-militar que "codicia", que anhela riqueza, poder, gloria.  
La diferencia numérica de soldados del encuentro de dos mundos es impresionante, en el actual México (1519), El Emperador Moctezuma contra su voluntad, se vio exigido al final a recibir a Cortez a la entrada de la gran ciudad. Ciudad imponente, de decenas de miles de habitantes, con ejércitos de cincuenta y cien mil hombres de guerra, contra Hernán Cortés que desembarcó en Veracruz acompañado por no más de cien marineros y 508 soldados; traía 16 caballos, 32 ballestas, diez cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones.

En noviembre de 1532, Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos, donde acampaban 30.000 incas al mando del emperador Atahuallpa. Pizarro aprovecho a su favor la división interna entre los incas, enfrentados en una guerra civil en la que dos hermanos descendientes del Inca -Atahuallpa y Huáscar- se disputaban el trono. 
La invasión europea produjo un tremendo impacto entre los pueblos que habitaban América. Para estas sociedades que habían vivido aisladas del resto del mundo, los europeos representaban algo totalmente desconocido. Toda su vida cambió a partir de la conquista. Su organización económica, social y política, sus creencias religiosas, su visión del mundo y las costumbres de su vida cotidiana, se derrumbaron.  
Muchos de los pueblos dominados por los aztecas y los incas colaboraron con los europeos convencidos de que ése era el medio para liberarse de quienes les exigían pesados tributos. Además, la organización imperial muy centralizada de los incas, por ejemplo, facilitó el triunfo de los españoles. Éstos atacaron directamente la cabeza del imperio -el Inca y el Cuzco- y frente a la derrota de ésta, el poderío inca sucumbió. Los españoles aprovecharon la situación y mantuvieron parte de la estructura de dominio impuesta por los incas, pero se ubicaron ellos a la cabeza de esa estructura.

En el orden político-social la Conquista ocasiono tal cúmulo de trastornos que, para el indio fue la trágica instancia del caos. Disueltas sus confederaciones, anulados los gobiernos regionales, tomadas sus ciudades, violentadas sus formas de vida, repudiadas sus creencias religiosas, era el fin de su mundo. Sociedades organizadas en el decurso de siglos, cuyas instituciones creadas por la inventiva y experiencia de sus antepasados, desaparecían, para no ser nunca más. ¿Cómo expresar el dolor que estremeció a los pueblos, la aflicción que ensombreció el alma colectiva? Psicológicamente fue una caída en el vacío y, sólo el indio supo sintetizar, en una angustiada frase, ese final apocalíptico: “chaupi p’unchaypi tutayarqa”anocheció en medio día. Catástrofe material y psicológica, la Conquista tuvo un efecto fulminante sobre el indio, el efecto de un shock que traumatiza.


LA DESESTRUCTURACIÓN DE LA ECONOMÍA

La conquista española alteró el funcionamiento y la organización de las economías indígenas.
El triunfo español alteró el sistema basado en la reciprocidad y la redistribución. Donde el trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente con fines sociales. Los conquistadores ocuparon el lugar del Inca en la jerarquía social. Las comunidades continuaron obligadas a entregar tributos y los curacas fueron mantenidos como los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de la obligación y el almacenamiento de los productos. Pero los españoles quebraron el principio de la redistribución: el excedente que los curacas entregaban a los conquistadores no volvía a las comunidades. Además, con la introducción de la moneda y el mercado, los españoles destruyeron el principio de la reciprocidad: los indígenas dejaron de intercambiar productos entre comunidades de acuerdo con lo que cada una producía y se vieron obligados a comprar y vender. 

La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida, para hacer posible la mayor concentración de riqueza de que jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial.

La economía durante la colonia fue totalmente monopolizada por la corona española, tanto que con la llegada de los españoles se hicieron dueños de la tierra y las personas.

La economía colonial tenía tres bases: la minería, la agricultura y el comercio. La mayor riqueza venía de la explotación de minas de oro y de plata, como la de Potosí en Bolivia, o la de Zacatecas en México. Los cultivos de algodón y los ingenios de azúcar también fueron de gran importancia, especialmente en el Caribe y Brasil. Los españoles y los criollos eran los propietarios y administradores de las tierras, mientras que los indígenas y los esclavos africanos eran la mano de obra, tanto en las minas como en los cultivos agrícolas.
Era típico de los colonos españoles considerar indigno el trabajo físico, como lo declaró Hernán Cortés al llegar a América: "No he venido a arar la tierra como si fuera un campesino". Esta tradición de mantener una minoría privilegiada en el poder político y una mayoría pobre dedicada al trabajo agrícola y manual está todavía hoy arraigada en la organización social de la mayoría de los países latinoamericanos.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

En lo que respecta a población, los indios de las Américas sumaban no menos de setenta millones, y quizá más, cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte; un siglo y medio después se habían reducido, en total, a sólo tres millones y medio, esto se justifica con la explotación que aplicaron en el Abya Yala, imponiendo su clasificación social discriminatoria.


Estratificación social en la colonia, todo proceso, desde el descubrimiento, conquista y colonización ha dado origen a nuevas estructuras o capas sociales bien definidas con características peculiares, la sociedad alta y privilegiada (españoles y criollos) con un odio a las clases bajas.


En la cúspide de la dominación estaban los blancos (con mando económico y político), los criollos (blancos nacidos en América, con mando económico y sin mando político), los cholos o mestizos (hijos de blancos e indios, ocupados en labores artesanales y de comercio) y los indios (la masa indígena utilizada en el trabajo servil). Junto a estos últimos habría que clasificar a los negros esclavos traídos del África, de número reducido.


CULTURAL

La vida cultural también se manifestó a través de instituciones educativas (controladas por la Iglesia), arte y festivales religiosos, periódicos, expediciones científicas, la creación de una dieta nueva y variada, la producción arquitectónica, una rica tradición de leyendas orales y una producción literaria basada en la crónica y en la poesía. En paralelo con la estructura social, los virreinatos españoles en América tenían pocas instituciones educativas para el pueblo en general, pero establecieron desde muy temprano prestigiosas universidades para los españoles y los criollos, los futuros administradores. 

Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas. Pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el virrey Toledo.

INSTAURACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LA PROPIEDAD COMUNAL

Despojo de las tierras comunitarias. En la colonia, algunas tierras todavía respondían a sistemas de copropiedad comunal, es decir que pertenecían a las comunidades indígenas y no a un hacendado o propietario individual.

Cuando llegaron los invasores impusieron la Propiedad Privada, desconociendo la propiedad comunal, si bien se expresa que trajeron un modelo feudal, pero en este sistema occidental del Medievo, el siervo todavía tenía un espacio en tierras del Señor Feudal para su subsistencia; sin embargo en la imposición privada se apropiaron de tierras ajenas mas los verdaderos dueños del Abya Yala, para posteriormente explotarlos, en los diferentes sistemas de laboreo.

333 AÑOS DE ESCLAVITUD INDÍGENA (MITA, ENCOMIENDA, PONGUEAJE Y OBRAJES)

A lo largo del periodo colonial, los conquistadores necesitaban justificar su conquista, donde destacaba que ello era posible porque se trataba de “gentes inferiores” y bajo el amparo de la iglesia se pretendía redimirlos ante Dios, por medio del trabajo.

El famoso fray Ginés de Sepúlveda, no se cansa de buscar motivos para justificar el sometimiento de los indígenas americanos a las metrópolis saqueadoras, para lo cual acumula sobre ellos, junto con la consabida falta de razón, una serie de vicios y defectos. Y para su condena a los que llama hombrecillos con apenas vestigios de humanidad se basa, no sólo en Aristóteles, sino en San Agustín, Santo Tomás de Aquino y algunos pasajes bíblicos: 

Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy mansos, exageradamente intemperantes a continentes y moderados, finalmente, estoy por decir cuanto los monos a los hombres.

Y todo esto, con una finalidad concreta: demostrar la inferioridad del indio y conseguir su esclavización como lógica consecuencia. En sistemas de trabajo como:

LA MITA 
Fue un sistema de explotación, una nueva forma de trabajo en las minas que fue impuesto por el Virrey Toledo en 1575. La Mita, palabra que en quechua y aymara significa jornada de trabajo, fue establecida en el Imperio Incaico, como una obligación de los súbditos para el trabajo en obras públicas. Los españoles le dieron este nombre, ya no a la jornada de trabajo, sino a una forma de tributo a la Corona, que consistía en el trabajo forzado en las minas y en los obrajes. El Mitayo era el varón, físicamente hábil, desde sus 18 a los 50 años. La mita sacudía a las poblaciones nativas como terremoto, partían a su cumplimiento obligatoriamente, sus deudos los lloraban, como muertos. El mitayo debía procurarse vestidos y alimentos. Junto a las minas en las faldas del cerro de Potosí, vivían los mitayos en corralones; cuando llegaba el invierno debían buscar refugio en el interior de las minas. La jornada de trabajo era de doce horas. No sólo se les imponía un trabajo agobiante y vigilado; al menor signo de flaqueza o descuido se les imponía azotes. Con este sistema inhumano España extrajo de Potosí fabulosas cantidades de plata. “Se calcula que en Potosí la mita aniquiló más de ocho millones de indios, en un siglo y medio

LA ENCOMIENDA
“La Cédula Real de 1576” suscrita por el Rey Felipe II, apunta Reyeros, define la encomienda como un derecho concedido por gracia real a los servidores de América, para recibir y recoger para ellos los tributos de los indios que son encomendados en conjunto por toda una vida y la vida de un descendiente con cargo de proveer al bienestar espiritual y material de los indios. A la letra de esta Cédula, la encomienda aparece como una institución benéfica y protectora. Pero, librada al arbitrio de sus beneficiarios, adquirió todas las características de una institución que establecía, lisa y llanamente, la servidumbre. “El encomendero —dice Reyeros— era dueño de la vida y hacienda de los indios. Poma de Ayala, el cronista indígena, dice lo siguiente refiriéndose a los encomendados: “les exigían cuanto se les ocurre. Deben servir de labradores, caballerizos, hortelanos, de pastores de bestias de carga.

Testimonia asimismo que, además de todos estos servicios se les obligaba a la entrega gratuita de víveres y materias primas amén de la obligación de trabajos nocturnos. “Los encomenderos imperaban como amos absolutos, a veces por encima de las autoridades.

El indio era víctima no solo del encomendero lo era también de los comerciantes que le vendían, a la fuerza, bagatelas y objetos inútiles para él de cambray, polvos azules, anteojos, estampitas y otras ridiculeces, como anotó Túpac Amaru, en carta al Gobernador Areche.

El sistema de las encomiendas regía para los colonos de las haciendas que los encomenderos deslindaron a su favor en virtud de los repartimientos y de la apropiación de las tierras del indio. Para los comunarios o componentes de los “ayllus”, la servidumbre se impuso en beneficio de las autoridades políticas judiciales y religiosas, o bien, en tareas de servicio público. Entre éstas, Reyeros estudia el postillonaje, que era un servicio gratuito en las postas o tambos.

Las obligaciones de los postillones, según Poma de Ayala, eran transportar las mercancías o equipajes de los viajeros españoles, de tambo a tambo, y esto sin pagárseles jornal, ni agradecérselo siquiera. El jefe de posta, de acuerdo a las ordenanzas de Toledo, debía ser un indio caracterizado por su seriedad y eficacia de mando. A sus órdenes se encontraban los postillones, suerte de changadores para largas distancias, usados como bestias de carga. La obligación del postillonaje duraba un año. Algunas de sus variantes se mantuvieron hasta fines del siglo pasado. 
La encomienda fue la práctica más difundida de la dominación hispana. Sólo el Rey estaba facultado para conceder encomiendas”, como merced y premio a sus leales servidores (de por vida y, en ciertos casos, con derechos sucesorios). Referentes al trato que debía darse a los nuevos súbditos, se estereotipó la siguiente frase: “se obedece pero no se cumple”. Esta frase es la expresión cabal de la realidad que imperaba en los dominios ultramarinos de un Rey desconocido y distante. Resabios de la encomienda, con amortiguados métodos, perduraron en la época republicana. En la práctica de explotar el trabajo de otros y en la psicología del encomendero, cabría explicar la conducta del latifundista post-colonial. Sin apego a la agricultura, desde su residencia en las ciudades, se beneficiaba del trabajo productivo de “sus peones, más la servidumbre gratuita que, en Bolivia llamóse “pongueaje”.

Era otro sistema de explotación que consistía en una forma de servidumbre a cambio de alimento y vestimenta muchas veces comparado con la encomienda

LOS OBRAJES
Eran centros de industria textil con trabajos arduos.
Estos centros textiles eran otra forma de explotación, producían tejidos de lana, algodón y otros.
Durante el siglo XVII, también florecieron los talleres de pañería, donde la mano de obra era realizada por indios en su mayoría mujeres.
4.       REBELIONES INDÍGENAS (1739 A 1782).
La sublevaciones indígenas, tuvieron diferentes motivaciones como son: las excesivas cargas y abusos que padecía la población nativa a manos de los funcionarios españoles, los hacendados y azogueros; cargas que se materializaron por medio de los repartimientos de mercancías, las contribuciones tributarias, la obligación de la mita, las cargas comunitarias, las obvenciones religiosas y la exigencia de los mineros para fomentar la explotación de sus reales.

Los abusos de las autoridades locales dieron lugar, más tarde, a insurrecciones populares urbanas y rurales, como las de Alejo Calatayud en Cochabamba, la Conspiración de Juan Belez de Córdova, de Antonio Gallardo en La Paz, Sebastián Pagador en Oruro. Y de las rebeliones indígenas en el Bajo y Alto Perú
·         26 de agosto de 1780 Sublevación de los hermanos Katari en el Alto Perú (hoy Bolivia)
La muerte del jefe indígena Tomas Acho, por órdenes del corregidor, y las persecuciones contra Tomás Katari, que reclama sus derechos ancestrales, hacen estallar masivas sublevaciones de pueblos originarios en la provincia de Chayanta.
·         4 de noviembre de 1780 Comienza sublevación de Túpac Amaru en Perú
En respaldo al movimiento revolucionario de los hermanos Katari se inicia en Tungasuca el levantamiento indígena dirigido por José Gabriel Condorcanqui, quien con el nombre de Túpac Amaru se reclamara sucesor de los gobernantes incas y pretende restablecer el Tahuantinsuyo.
·         18 de noviembre de 1780 Victoria de Túpac Amaru en Sangarara (Perú)
Las fuerzas de Túpac Amaru vencen en la batalla de Sangarara, que les permite sitiar al Cuzco a principios de enero del año siguiente

·         15 de enero de 1781 Asesinado Tomás Katari en Alto Perú (hoy Bolivia)

Es asesinado el líder indígena Tomás Katari, lo que reanima la sublevación dirigida por sus hermanos Dámaso y Nicolás, que llegan a poner cerco a la ciudad de La Plata (hoy Sucre). Luego son capturados y ejecutados (abril-mayo) por los españoles. Casi al mismo tiempo estalla la masiva rebelión del aymara Julián Apaza, de origen humilde, que adopta el nombre de Túpac Katari.
·         6 de abril de 1781 Túpac Amaru es hecho prisionero en Perú
Son derrotadas en Langui las fuerzas de Túpac Amaru y el líder indígena es apresado por los españoles.
·         18 de mayo de 1781 Brutal ejecución de Túpac Amaru en Perú
Es descuartizado Túpac Amaru en la plaza central del Cuzco, el mismo fin que sufre su esposa Micaela Bastidas
·         3 de noviembre de 1781 Ejecución de Túpac Katari en Alto Perú (hoy Bolivia)
Es ejecutado Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa, capturados víctimas de una traición, tras encabezar durante varios meses la masiva rebelión indígena del altiplano, que incluye el asedio de La Paz. Antes de morir, Túpac Katari declara que “Volveré hecho millones”.
·         19 de julio 5 de febrero de 1783 Ejecución de Diego Cristóbal Condorcanqui en Perú
Descuartizado tras ser capturado en Tinta (5 de febrero), Diego Cristóbal Condorcanqui, el último líder de la sublevación de Túpac Amaru.

Algunos historiadores han precisado en 40.000 los muertos peninsulares durante los levantamientos indígenas del siglo XVIII, pero nadie se atrevió a estimar el de los nativos.
Estos levantamientos contra la opresión dieron muchos frutos:

- Debilitaron al imperio español.
- Despertaron la conciencia de todos los indígenas.
- Demostraron que el pueblo indígena nunca estuvo vencido.
- Prepararon la Independencia de América. 


TEMA No 3.

CREACIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO CRIOLLO



Para los indígenas, luchar por la independencia significaba acabar con el tributo que el sistema colonial había impuesto para beneficio de la Corona y de los hacendados, así como, terminar con la servidumbre y los servicios personales que se les imponían a las comunidades aborígenes para trabajar de manera forzada en las haciendas y casas de los criollos y peninsulares. Asimismo, Independencia para los indígenas significaba tener derecho a preservar sus comunidades y sus tierras en contra de los apetitos de terratenientes criollos y españoles. Las reformas borbónicas desde la década de 1780 habían creado mecanismos más coactivos para el cobro de tributos y servicios personales que mantenían oprimido a los indígenas de los Andes peruanos y Altoperuanos. La eliminación del tributo y los servicios personales sería una reivindicación bajo cuyas banderas se movilizarían los indígenas.
  

PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

El proceso de la Guerra de la Independencia, generalmente se toma en cuenta desde 1809 hasta el 1825, tiempo en el cual los indígenas, tuvieron participación la cual no siempre estuvo escrita, por intereses oligárquicos.


Se suele presentar a los partícipes de la guerra de independencia como dos bandos claramente definidos: el de los patriotas-criollos y el de los realistas-españoles, invisibilizando y desvalorizando la participación del mundo indígena. En los años setenta, con motivo de los homenajes del sesquicentenario de la independencia, comienzan a circular las investigaciones sobre la participación indígena y popular en la guerra de la independencia. Desde entonces el papel del indio, de la mujer, del campo como sostén de las guerrillas o republiquetas, se visibiliza como una gran veta a ser investigada, pero sobre todo como una tarea pendiente de reivindicación que no ha concluido y que no se divulga lo suficiente en la educación escolar.

Para liberarse los criollos usaron a los pueblos indígenas que engrosaron sus ejércitos enfrentados a las huestes de la corona pero no reconocieron su derecho a autodeterminarse. Según José Luis Escalante Suarez en su ensayo “apuntes Críticos sobre la Historia de Bolivia”, los criollos se negaron a aceptar llamamientos de luchas aymaras y quechuas y por su racismo se plegaron a los españoles para defender las ciudades de los levantamientos indígenas.



Aquellos ejércitos españoles fueron combatidos en el Alto Perú por ejércitos criollos, a los que sus enemigos veían como una simple "turba", sin preparación ni pertrechos. Los denominaron despectivamente como "Las Montoneras", pero a la postre tuvieron que rendir las armas y los estandartes del Rey ante sus aguerridos comandantes. Los jefes montoneros eran latifundistas que abrazaron la causa de la Independencia y dispusieron para ese noble propósito los recursos de sus haciendas y las almas que las habitaban, logrando controlar inmensos territorios a los que dieron incipiente organización militar y administrativa. Así se erigieron, a lo largo y ancho del territorio de la Real Audiencia de Charcas, las célebres Republiquetas autónomas. El método de lucha era la guerrilla, que posibilitó asestar duros golpes a las veteranas tropas imperiales. Esas grandes guerrillas actuaban movidas por dos objetivos esenciales: la libertad y la tierra, en ese orden. Sus jefes habían tomado las armas inspirados por los anhelos emancipadores pero sus contingentes, campesinos en su mayor parte, luchaban para cambiar su situación de servidumbre por la tierra que había sido de sus abuelos.

Participación indígena

Tanto los ejércitos patriotas como los españoles, contaron con el apoyo de tropas indígenas, casi siempre como "carne de cañón". Leales hasta la muerte, mostraron su valor y determinación por la causa que abrazaron. El Cacique quechua de Chinchero, Mateo García Pumacawa, y Manuel Choquehuanca, fieles a España, asolaron a sangre y fuego las poblaciones aymarás, apoyando a las tropas del Gobernador Manuel Quimper y Goyeneche, con 20.000 plazas reclutadas en Arequipa, Lampa, Azángaro, Tacna, Cusco, Pucará, Guancané, que ingresaron por el Desaguadero para liberar a La Paz del cerco indígena de 1811. 

Los ejércitos patriotas comandados por criollos estaban conformados mayoritariamente por mestizos e indígenas, incluso esclavos pardos y morenos. En el cerco de La Paz participaron entre 15.000 y 19.000 indios aymarás y quechuas, que combatieron al mando de comandantes criollos y mestizos. Las tropas indias estaban situadas en Pampahasi, pero se extendían por Pequepunco, Palca, Cohoni, Potopoto, Coroico y Songo. Estaban comandadas por Juan Manuel de Cázeres y los caciques Titicocha, Santos Limachi, Vicente Choque, Pascual Quispe, entre otros. A esas tropas se sumó, posteriormente, el ejército de cochabambinos al mando de Esteban Arze, que presionó sobre Oruro con el concurso de indios que fueron calificados por los españoles como "muchedumbre de caballería" y "agolpamiento de naturales". Venían de los confines de Tapacarí, Sacaca y Chayanta, e incluían 5.000 indígenas de Arque que se les habían sumado.

En las Republiquetas la composición de las tropas era similar. A Juana Azurduy de Padilla le acompañaron siempre sus fieles indios. Entre estos destacó el más fiel que pudo tener, el poeta quechua Juan Huallparrimachi, que pereció defendiendo a su comandante. En las tierras bajas citamos como ejemplos notables a los indios Canichanas de la Misión de San Pedro, losCaciques Juan MarazaPedro Ignacio Muiba y su lugarteniente José Bopi.


El Diario de José Santos Vargas es una fuente única a la hora de estudiar en un nivel micro gran parte de la dinámica de la División de los Valles. A lo largo de toda la obra se observa el relato intenso de un patriota, que se angustia ante cada arremetida realista, que resalta cada vez las esperanzas de una nueva patria y que sobre todo se preocupa por reflejar “lo más fielmente posible” -de acuerdo a su punto de vista- lo acontecido en las regiones de Ayopaya, Inquisivi, Sica Sica, Yungas y Tapacarí, principalmente, durante el periodo de 1814 a 1825. La obra de Vargas es, sin lugar a dudas, un referente necesario para todas aquellas inquietudes investigativas que giran en torno a la independencia de Bolivia.

El descontento toma forma y se proyecta en un estado de resistencia. Éste cristaliza en el brote provocado en el orden social, económico y político de la Colonia. El aporte es fundamentalmente de índole estratégico, va contra los dogmas que centran la lucha de los movimientos en las ciudades. Así, en el “Tambor” se relata la participación de “la indiada” en lucha abierta por redimirse, lo que tiene diferentes facetas, características distintas, pero que se resumen en la voluntad de liberación.

Hay que establecer quiénes son los combatientes: de un lado están los realistas, que son criollos, mestizos e indígenas, parte de un ejército regular con milicias, avanzadas y montoneros, con apoyo de las ciudades. Los insurgentes también son criollos, mestizos e indígenas, y son resultado como parte del Ejército Auxiliar de las Provincias Unidas de La Plata: tienen milicia, avanzadas y montoneros. Éstos entran en el sistema de republiquetas y guerrillas de Padilla, Warnes, Centeno, Méndez y Lira, quienes vienen a ser los caudillos insurrectos, con apoyo en el ámbito rural. A partir de 1816 hay guerrilleros permanentes criollos e indígenas, la indiada participa de acuerdo al desplazamiento de los comandantes.

Las alianzas fueron muy conflictivas pero al mismo tiempo muy efectivas. De ellas resulta que, por ejemplo, los mestizos fueron en gran parte comandantes de la guerrilla. De igual manera, la alianza entre indígenas y vecinos muestra momentos de alta tensión en la relación entre la División y los pobladores de la zona. Los guerrilleros y sus jefes advirtieron la complejidad de las relaciones en el territorio porque, además esta compleja convivencia de la población, era parte de su vida cotidiana. Roger Mamani sobre los Oficiales indios en la tropa de Lira (1814-1817) manifiesta que casi todos ellos eran Comandantes de las Doctrinas y capitanes de los pueblos o de los ayllus, según su lugar de nacimiento. Es decir que, en el caso de la tropa indígena, el acceso a los puestos de mando (y la representación) en la guerrilla estaba en estrecha relación con su mando “natural” en sus lugares de origen, fuera que sus líderes eran o no indígenas.

Esto nos llevó a preguntarnos ¿por qué participan los indios en la guerrilla?
La historiografía de hace unas décadas señalaba dos opciones: eran una masa que no comprendía el momento político, actuaba de manera mecánica y bajo una orden de mando externa al grupo. Según esa versión, los indios sólo fueron carne de cañón y seguían órdenes ajenas a ellos, o no tenían iniciativa.
Por otro lado, como propuso René Arze, los indígenas sí mostraron autonomía de decisión, optando unas veces por el bando de los guerrilleros y otras por el bando del Rey:

Es evidente que tanto realistas como independentistas presionaron a su modo a gran parte de los indios, mestizos, mulatos y aun negros del Alto Perú para hacerles partícipes en la lucha de sus intereses; no se puede negar, sin embargo, que –aunque con objetivos limitados- los movimientos populares de la independencia tendieron a buscar su propia identidad.

En la superficie, varios incentivos podían atraer a la guerrilla a los indios: un modesto sueldo semanal, el rancho, pan, ropa de la tierra, coca, aguardiente, y a veces, la promesa del saqueo. De igual manera, los indios amedallados fieles al Rey, eran reconocidos y premiados. Desde este punto de vista, la lealtad política podía ser cambiante o era inestable. Pero más allá de estos estímulos, nos preguntamos si hubo un trasfondo político en la participación de los indígenas, si hubo una búsqueda de objetivos políticos.
Los sectores sociales que participaron en la guerra, dígase criollos, mestizos, indios, mulatos y negros, tenían intereses distintos, aunque si lucharon juntos es porque encontraron puntos en común. ¿Cuáles fueron esos intereses?

Los criollos, aspiraban a alcanzar el poder para destruir los obstáculos económicos impuestos por la política peninsular… los estratos populares representados en Charcas principalmente por las poblaciones indígenas: supresión de mitas, yanaconazgos, tributos, cargas fiscales y otras reivindicaciones inherentes a su propia condición social…21.

Evidentemente cada grupo social tenía un conjunto de aspiraciones y expectativas que las ponía en negociación a lo largo del conflicto. Por eso, esta fue una crisis en la cual se ejercitaron una serie de alianzas de diferente orden para tratar de concretar algo de ellas.
Por otra parte, Santos Vargas, nos da un ejemplo de cómo los indígenas participan en ambos bandos, al hablar de indios realistas,El caso del Comandante don Francisco Carpio, Santos Vargas describe a este Comandante en los siguientes términos:Natural de Pica. Comandante de partidas ligeras, estaba en los lugares del Vallegrande: en asalto tomó la ciudad de Santa Cruz. Recaló a los Valles el año de 1817. Murió en Jahuara, anexo de Cavari, en el lugar Corocoro: lo mataronlos indios realistas y mandaron su cabeza a La Paz donde se puso en una de sus entradas.
Una vez lograda la independencia de Argentina, este envió 4 ejércitos auxiliares para apoyar la causa patriota, pero con resultados negativos. Ante esta situación el Imperio Español envió su Ejército continental de 17.000 plazas para hacer frente a la guerra de independencia. Ese ejército, que llegó a tierras americanas con la gloria de haber derrotado a los invasores franceses, estaba comandado por mariscales de alcurnia y abolengo, imbuidos algunos de ellos del ideal liberal, hecho novedoso en América. Desde el norte, territorio de la Gran Colombia, bajó un ejército patriota, al mando de generales venezolanos, Simón Bolívar y su lugarteniente, José Antonio de Sucre, quien brillaría con luz propia en la batalla de Ayacucho, donde le fue conferido el Mariscalato.

El Presidente Evo Morales aseguró en un discurso en la población de El Villar donde celebró el Bicentenario del grito libertario del 25 de Mayo de 1809, que la chispa de la independencia de América la encendieron los indígenas y que esas acciones no son reconocidas ni recordadas. "Las primeras rebeliones han estado a la cabeza del movimiento indígena originario no sólo en Bolivia, sino en Latinoamérica. La chispa la encendieron los indígenas", remarcó el Mandatario en la ceremonia realizada en la población de El Villar, a 235 kilómetros de la ciudad de Sucre, donde la heroína latinoamericana Juana Azurduy de Padilla estableció uno de sus cuarteles para alzarse en armas contra la corona española.

Criticó a los "historiadores aristócratas" que destacaron los alzamientos criollo-mestizos y se olvidaron de escribir sobre las luchas de los pueblos originarios del Abia Yala (el nombre del continente americano antes de la llegada de los europeos), cuando fueron "los criollos (los que) se sumaron a la lucha de los indígenas"

El presidente boliviano señaló que esas batallas libradas por los indígenas no solo fueron por la independencia sino también "por el derecho de sus pueblos, de su identidad, de su cultura, por la defensa de sus recursos naturales y contra la esclavitud a la que estaban sometidos".
En homenaje a los alzamientos indígenas el acta de fundación de Bolivia, redactada el 6 de agosto de 1825, fue leída en castellano, quechua, aimara y guaraní, los tres últimos idiomas nativos de este país andino-amazónico. Morales afirmó que esa "lucha no fue en vano" y aseguró que los pueblos de América Latina continúan buscando su "segunda independencia" e identificó al capitalismo como el enemigo a vencer. "No estamos solos ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Los pueblos luchan ahora democráticamente para la segunda liberación, una segunda liberación para toda la vida", subrayó.

La Junta Gobernadora de Buenos Aires, con el objeto explícito de liberar el Alto Perú, y, tácito, de hacerse con la plata potosina tan necesaria para su comercio exterior, envió tres ejércitos al Alto Perú.

El primero lo mandaba Castelli. Su aproximación determinó el alzamiento de Cochabamba, el 14 de septiembre de 1810, dirigido por Esteban Arze, Melchor Guzmán y Francisco del Rivero: el de Santa Cruz unos días después, y, finalmente, el de Oruro. Castelli obtuvo una primera victoria en Suipacha, lo que decidió a los potosinos a seguir el ejemplo de cochabambinos, cruceños y orureños, e hizo que las autoridades de Chuquisaca reconocieran a la Junta de Buenos Aires. El segundo ejército porteño estaba al mando de Manuel Belgrano. Derrotó la vanguardia de Goyeneche en Tucumán y Salta, y traspuso la frontera. Goyeneche, por su parte, se replegó a Oruro, lo que indujo una nueva ola de levantamientos projuntistas en Santa Cruz, Potosí y Chuqui-´ç-saca. No eran, sin embargo, los criollos con tierras quienes asumían las responsabilidades, sino criollos sin tierras y mestizos. Belgrano no pudo, como quería, incorporar campesinos a su ejército debido a la violenta oposición de los criollos y aún de los mestizos potosinos.
Buenos Aires decidió enviar al Alto Perú una tercera expedición del general José Rondeau, que avanzó hacia Chuquisaca. Para reforzarse, pidió a los guerrilleros afectos que se le reunieran en el valle de Cochabamba; pero cuando sus órdenes hubieron sido cumplidas, los ofendió tonta e innecesariamente. Gran parte de las guerrillas se volvió a sus bases y, con un ejército debilitado por la falta de cohesión, Rondeau fue derrotado en Viloma.

EL PODER EXCLUYENTE DE LOS CRIOLLOS SIN INDÍGENAS
La exclusión de los indígenas fue un motivo de discriminación en la época colonial y en la época Republicana, exclusión que se manifestó en diferentes aspectos cotidianos e institucionales, en el actuar de la vida política, económica y social de los indígenas.
Discriminación que motivo las rebeliones indígenas y la participación de héroes que quedaron en el anonimato, peor aun negándoles el lugar que les correspondía, vale decir estar de gobernantes y ser autoridades gubernamentales quienes de inicio estaban en contra de la causa libertaria, al final de la lucha independista viéndose derrotados, pasan a filas de los patriotas, robándoles posteriormente representación política en la naciente República de criollos.
De todo esto se puede aseverar con bastante nitidez observando quienes fueron los primeros presidentes de la República de criollos, que de inicio manipularon el proceso de fundación de tal manera que sea acorde a sus intereses, manteniendo estructuras coloniales los cuales no favorecieron a los indígenas que habían luchado por una liberación real del yugo español, que ahora era presa del criollo.
El decreto del 9 de febrero de 1825, que es considerado la base de la fundación del nuevo Estado, en su contenido se puede advertir, la discriminación y exclusión de los indígenas, por cuanto no podían cumplir los requisitos para representar ante la Asamblea Deliberante.
En su contenido expresaba: 
Art. 3º “El 25 de marzo se reunirán en la cabeza del partido la municipalidad, los notables y todo propietario de una renta de 300 pesos o poseedor de un oficio que se los produzca y que quiera asistir a la elección, a cuyo efecto el gobernador del partido los citara con ocho días de anticipación.

Art. 6º Para ser diputado se necesita ser notable mayor de 25 años y poseer una renta de 800 pesos anuales, o tener empleo, o ser profesor de alguna ciencia que se los produzca, y ser avecindado en la provincia que va a representar por cuatro años de residencia. Cualquier dificultad sobre estas cualidades será resuelta por la misma Asamblea del Partido.


¿Qué propiedades podría tener el indígena que lucho por su liberación durante los 300 años de explotación? ¿Qué ingresos mensuales podría tener el indígena, si mas al contrario era presionado al pago de tributos?

¿Será que el indígena tuvo el privilegio al igual que el criollo de poder estudiar o tener el cargo de profesor? Entonces esta claro que con todas estas condiciones, la sociedad criolla desplaza, excluye a los verdaderos interesados en la causa libertaria, los indígenas.

Lo que equivale a decir, que el control del Poder Político por los criollos, continua siendo el instrumento fundamental de dominio hacia los indígenas, por mas que de repente hubieron intentos mediante normativas de liberar al indígena, estas no se cumplían por que la oligarquía acostumbrada a tener manos gratis para trabajos forzados, nunca permitió aplicar estas en beneficio de los indígenas. 

Después de varias décadas de lucha por la dignidad, la libertad y la tierra se funda la República, supuestamente libre y soberana con una constitución copiada donde no participó el indígena originario o campesino en su redacción en agosto de 1825. Este periodo marca la victimación del indígena, se instala la peor venganza criolla y el feudalismo, sometiendo a grado de esclavitud a los indígenas en los distintos periodos gubernamentales.

Discriminación que fue reforzada por la primera Constitución Política del Estado boliviano sustentada en ideologías liberales influenciadas por el pensamiento de la Ilustración y la Revolución Francesa de 1789, heredando el pensamiento y las estructuras de la administración colonial, donde los indígenas siguen siendo considerados como personas inferiores e incivilizadas, pero obligadas a seguir cumpliendo con el pago del tributo. La posesión de tierras para lo indios significa la fuente de su vida, y es considerada como la madre tierra. Con el nuevo régimen, no lograron recuperar sus tierras, despojadas por el régimen colonial. Este despojo continuará bajo los gobiernos caudillistas civiles y militares que se sucedieron, manteniendo a los indígenas sojuzgados y sometidos a los patrones de las haciendas criollas.

Esta Constitución excluye política, económica y socialmente a las mayorías indígenas. Claramente manifiesta en el artículo 11, numeral 5, Todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo mismo quedarán de derecho libres, en el acto de publicarse la Constitución; pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en la forma que una Ley especial lo determine….vale decir la explotación, discriminación al cual fueron sometidos los indígenas, todavía persistió. De la misma manera quienes eran electores, como dice el artículo 24 solo podían ser los que sabían leer y escribir. 
Bolivia desde su fundación como República, reconoce y ratifica su herencia colonial que ha subordinado a los pueblos originarios, excluyéndolos de la ciudadanía, pero además institucionalizando la exclusión social. Las estadísticas reflejan que quienes poseían el privilegio del derecho a ser considerados ciudadanos hasta 1952, eran apenas el 3% de los habitantes, con la exclusión explícita de los indígenas y las mujeres.
SITUACIÓN INDÍGENA EN LA POST CREACIÓN DEL ESTADO 
REPUBLICANO.
La creación de la República fue un soberano desconocimiento de la existencia de los indígenas, a quienes se les consideraba como incapaces de decidir sobre ellos y su futuro, lo que prueba que no se superaron los prejuicios raciales. La independencia fue solo una liberación de criollos. De esa manera la opresión colonial sobre el indígena se extendió y continúo en la República hasta hoy. Al igual que en la época de los españoles, la República, o sea los criollos blancoides, provocaron un etnocidio, que Robert Jaulindenomina “la negación del otro”, la negación de la cultura indígena por la dominante, o sea un proceso de descivilización del indígena. 
Por otra parte, en pueblo enfermo, Alcides Arguedas decía que el problema del país eran los indios, a inicios del siglo XXI los indigenistas más radicales dicen que los problemas son las oligarquías blancas del oriente.
El colonialismo político republicano se ha consolidado en los gobiernos prefecturales, subprefecturales, de corregidores y alcaldes, excluyendo a todas las autoridades originarias de las comunidades y a las naciones originarias, por lo tanto; las más de 15.000 comunidades y las más de 46 naciones originarias nunca fueron consideradas para la reorganización del Estado boliviano.


Desde Simón Bolívar, hasta el último gobierno neoliberal, el Estado y la clase política de este país ha actuado en constante agresión a los pueblos indígenas y los sectores empobrecidos de Bolivia en los siguientes aspectos fundamentales:
  • La política agraria del Estado Republicano criollo boliviano, fue avasalladora y abusiva en contra de las tierras de comunidad, los indígenas fueron quitados del derecho a tener sus tierras, pagaban alquiler por el pequeño espacio de tierra que ocupaba, eran sometidos como sirvientes y peones en las haciendas.
  • En el tema educativo, los indígenas fueron relegados del derecho a leer y escribir, como consecuencia de esta medida hoy existe alto índice de analfabetismo y más aún en las mujeres
  • En el tema laboral, el Estado no ha tenido políticas laborales que frenen la frecuente migración por fuentes de empleo de nuestros hermanos hacia países vecinos como la Argentina, el Brasil y al país europeo de España.

Los gobiernos neoliberales han degenerado y empobrecido nuestra sociedad, sumergiéndonos en la corrupción, el nepotismo y la politiquería.
EL ESTADO REPUBLICANO SIN DERECHOS INDÍGENAS.
A partir del nombramiento del quinto Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo, por parte del Rey Don Felipe II, se puede señalar que la concepción del Derecho Indiano, cambió notablemente, ya que este Virrey tenía por misión establecer “el derecho legal de España a la posesión y dominio de las tierras de Indias”. Para lograr este objetivo, se encomendó al Cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, realizar la cronología de la historia de los Incas, para ver si estos tenían derecho a las tierras del Perú y en general a todas las tierras que en antaño ocupo el Imperio Incaico. De esta investigación se desprende que, con respecto a todas esas tierras, tan conquistadores fueron los incas como los españoles y que ambos podían exhibir iguales títulos para la posesión, pero con la diferenciación principal de que a la vez: “los títulos españoles sobre las tierras en disputa, tenían mayor rango, por el hecho de que ellos cristianizaron al Perú”.
Esta conclusión legal a la que se llega, sienta las bases de lo que sería un pacto tributario, que incluía el derecho a aplicar sus usos y costumbres. Ese sistema Colonial Indígena – Español, duraría casi tres siglos y mantuvo cierta paz y estabilidad en la Colonia, inclusive en los periodos de levantamientos indigenales, como los de Túpac Amaru y Katari.
La fundación del Estado, ha regenerado el neocolonialismo con la aparición de los latifundistas y las roscas minero-terratenientes, quienes administraron el Estado de acuerdo a sus intereses económicos de clase.
Las diferentes constituyentes realizadas en el país, fueron realizadas por caudillos bárbaros del siglo XIX que acomodaron el texto constitucional a sus caprichos e intereses de poder, imponiendo un Estado y legislación que arrastra una amplia historia patrimonial con gente que se cree propietario del país y del poder.
Al comenzar el período republicano el Libertador Bolívar consolidó la fundación de Bolivia, en manos de un grupo de criollos o hijos de españoles. A través de tres Decretos denominados agrarios emitidos en Julio de 1825, quiso imponer el sistema liberal capitalista sobre las organizaciones comunitarias. 

El haber omitido, en la Constitución fundacional de Bolivia promulgada en 1826, toda referencia a estas naciones y pueblos que ya existían antes y sufrieron más que ningún otro los efectos de los tres siglos y medio de régimen colonial fue sin duda el ‘primer vicio’”.
En el primer Decreto de Bolívar, se propuso anular las autoridades de los pueblos indígenas con el argumento de que en adelante la única autoridad, sería la del Estado Republicano. En el segundo ordenó el pago asalariado a los indígenas, en la idea de cambiar el modelo de explotación y en el tercero declara a los indígenas propietarios de sus tierras. 
Aunque estos Decretos buscaban eliminar el modelo de explotación gratuita impuesto sobre los indígenas, también tuvieron el efecto de contribuir a la desarticulación de los sistemas de reciprocidad y solidaridad basados en el ayni y la mink’a, así como en la propiedad comunitaria para adoptar el modelo de propiedad privada. 
Estos decretos no se cumplieron a cabalidad, por el contrario los gobernantes de esa época expropiaron las tierras comunitarias para repartirlas y ampliar los latifundios. Entre otros Tomas Frías, impulsó la supresión de la propiedad comunitaria y la apertura del mercado de tierras indigenales. 


Desde la fundación de la República se han emitido una serie de normas jurídicas con referencia a la tenencia de la tierra, detallamos algunas de ellas en el siguiente cuadro: 13 PRINCIPALES NORMAS LEGALES SOBRE TIERRAS DE 1825 A 1900
Ley del 20 de septiembre de 1826; Antonio José de Sucre. Se suspende la entrega de tierras a los indígenas. 
Ley del 27 de diciembre de 1826; Antonio José de Sucre. Entrega de tierras baldías a los indígenas que así lo soliciten mediante un escrito ante el gobernador de su provincia. 
Ley del 28 de septiembre de 1868; Mariano Melgarejo. Las tierras de las comunidades son declaradas de propiedad del Estado, las que podrán ser vendidas en subastas públicas. 
Ley del 31 de julio de 1871; Agustín Morales. Se anulan las ventas o enajenaciones de las tierras de las comunidades y ayllus efectuadas por las leyes dictadas por Mariano Melgarejo. 
Ley del 5 de octubre de 1874; Tomás Frías. Se prohíbe tomar el nombre de comunidad o ayllu y se desconoce a sus autoridades. Los reclamos de los indígenas sobre sus tierras deberán realizarse de forma individual y ya no como comunidad o ayllu. Se crean las mesas revisitadoras que serán las instancias legales para el reconocimiento de los límites de las propiedades, para la extensión de los títulos de propiedad, para el cobro de impuestos y otros como el reparto de aguas. 
Ley del 13 de noviembre de 1886; Gregorio Pacheco. Se declara la venta de todas las tierras fiscales en el país. Se las puede vender a nacionales o extranjeros indistintamente, lo mismo que adjudicarlas con carácter gratuito, también de manera indistinta a nacionales o extranjeros. 
Ley del 10 de noviembre de 1900; José Manuel Pando. Se continúan con las revisitas según la Ley del 5 de octubre de 1874.
Recién la nueva Constitución de 1938, surgida al calor de la reestructuración del país tras la derrota en la Guerra del Chaco, reconoció legalmente a las “comunidades indígenas”, por lo menos en el papel.
En otras palabras, los derechos indígenas buscan la igualdad de oportunidades en el ámbito social, económico y político de los pue­blos indígenas dentro de un Estado, los mismos son reconocidos en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional.










TEMA No 4.

MANIFESTACIONES INDÍGENAS EN EL ESTADO REPUBLICANO

APIAWAYKI TUMPA (1892) (hombre-dios chiriguano)
Los chiriguanos (autodenominados avá–guaraní o tupí-guaraní), al inicio de la era republicana de Bolivia se encontraban en constantes guerra entre ellos pero principalmente con quienes denominaban “hombres blancos” (karai en guaraní)o bolivianos. Estos 'carai' siempre intentaron penetrar en el territorio guaraní, en búsqueda de mejores tierras para su asentamiento. Las expediciones se realizaron durante toda la época colonial, pero fue sólo durante la época republicana cuando los ava fueron desplazados, vencidos y esclavizados.

Durante muchos años de insurrecciones sufrieron derrotas tras derrotas, tal es así que creían que la situación adversa en la que se encontraban culminaría pronto, ya que creían que debería venir a ellos el “Tumpa” (hombre-dios chiriguano) el cual acabaría con sus enemigos.

Después de una batalla, cuyo resultado les fue adverso, un grupo de guaraníes encuentra entre los restos de la batalla a un bebé, al cual acogen en su comarca ubicada entre los ríos Parapetí y Pilcomayo. Un anciano llamado Machirope se encargó de su crianza. Al crecer, el muchacho se caracterizaba por mostrarse de gran habilidad en las tareas encomendadas; más maduro, decide emprender la lucha para que su pueblo vuelva a ser uno, ya no disperso en seis regiones. Luego de una cruenta y prolongada lucha, colonos e indígenas chiriguanos y tobas, llegaron a un acuerdo de paz que se concretó en el Tratado de 1884.
Con Apiawayki Tumpa a la cabeza, guerreros Ava Guaraní iniciaron la guerra en la madrugada del 6 de enero 1892 en contra de los patrones que les robaban sus tierras y de los misioneros que les quitaban su cultura.
Un 28 de enero de 1892 se desarrolló una batalla en la comunidad de Kuruyuki, donde 6000 guaranis guerreros (kereimbas) perdieron la vida, liderizados por el gran líder Apiaguayki Tumpa, quien fue ejecutado de la manera mas cruel, y que inició la persecución de todos los Mburuvichas que participaron en este suceso, fueron masacrados por las tropas del Coronel Gonz lez. Lucharon por mantener su independencia de Pueblo Originario contra el sistema Colonial y republicano.


PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LA GUERRA FEDERAL

A lo largo de la historia nacional observamos que la participación de los pueblos indígenas, se dio siempre en ese afán de lograr conquistas sociales, económicas, en bien de satisfacer la tan ansiada liberación.

Los antecedentes de las luchas entre el criollaje paceño y chuquisaqueño, tienen varios componentes, uno de ellos es que Chuquisaca había sido el centro del realismo español y quería mantener su hegemonía basada en una supuesta aristocracia proveniente de su herencia genética española, el otro elemento es la pugna entre los conservadores y los liberales y por supuesto el fundamental es que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, las fuerzas económicas nacionales se concentraron en la región minera de Oruro, Potosí y La Paz.
Planteado el proyecto de federalismo por los liberales que es más bien a un pretexto para hacerse del poder político, pues ganado el conflicto no lo concretaron el presidente boliviano Severo Fernández Alonso se vio obligado a enfrentarse contra los sublevados liberales que pronto fueron encabezados por el oportunista Pando.
Las fuerzas de Pando eran considerablemente inferiores al del ejército chuquisaqueño que avanzaba desde Oruro hacia La Paz, además no contaba con el suficiente armamento por lo que en pleno levantamiento los bolivianos liberales recién estaban realizando tratativas para adquirir armamento del Perú; en estas frágiles condiciones Pando llegó hasta Sica Sica a solicitar el apoyo Aymara. Estas negociaciones fueron facilitadas por la familia Warachi que servía de enlace a Pando con la Aymaritud. Por su relación matrimonial con Carmen Guarachi, él seguramente conocía que en esta región están concentrados los ejes más poderosos de la nación Aymara, Omasuyos, Pacajes, Sica Sica, Inquisivi; su propia esposa era oriunda de Sica Sica, y ella conocía el protocolo y simbolismo Aymara, así que los intermediarios se acercaron con el respeto y la ofrenda de coca a la Pachamama, para convencer a las comunidades para que apoyaran a los criollos paceños.

La aceptación de apoyo por parte de Pablo Zárate y otros líderes Aymaras como Juan Lero, Feliciano Mamani, Ascencio Fuentes y Manuel Flores, se hizo bajo la luz de la historia Katarista que plantea el autogobierno Aymara, reivindicación que se plantea ya de forma clara en los manifiestos de Túpac Katari. 
Logrado el apoyo Aymara, miles de comunarios armados con sus q'urawas e instrumentos rústicos de labranza estaban prestos para el combate, obviamente no iban a obedecer a un q'ara como Pando sino a un comandante Aymara, así que el movimiento fundamental de Pando fue dirigirse hacia Sicasica donde estaba el Ayllu de Zárate y se entrevistó con los Mallkus Aymaras seguramente para realizar promesas que luego traicionaría. Los mismos historiadores bolivianos discuten acerca de diversos ofrecimientos de Pando a los Mallkus, tales como el nombramiento como general a Pablo Zárate, la codirección del ejército y sobre todo la liberación de la población indígena y la restitución de tierras de origen. Augusto Guzmán reproduce esta versión cuando afirma que los federalistas prometieron a los Aymaras tierras y libertad. 

Bajo la dirección del Comandante del Ejército Aymara, Willka Pablo Zárate, Mallku de Sica Sica, los guerreros Aymaras desarmados, campesinos en miseria, desposeídos y explotados se enfrentaron en desiguales condiciones con el ejército de la elite chuquisaqueña compuesto por jovencitos mimados, hijos de españoles y criollos. Sin embargo tenían ventajas sobre este ejército pues conocían el Altiplano donde se dieron los enfrentamientos y contaban con la gran fortaleza Qulla frente a los rigores climáticos y ambientales de la puna. El vigor de nuestra raza Qulla hizo que los luchadores de Villca pudieran resistir con el escaso alimento andino, pero sobre todo tenían el valor indómito de la Nación Aymara ese que ha hecho que con seis o más balas en el cuerpo, los luchadores y luchadoras Aymaras sigan batallando hasta el último aliento, que estando desarmados no se acobarden frente a la bala, junto a ello su profunda religiosidad, su consagración a la Madre sagrada, la Pachamama.

Las tácticas de lucha que usaron los Aymaras para confrontar sus q'urawas (hondas), piedras y palos contra el bien provisto armamento de guerra sucrense y vencer, fueron: la vigilancia permanente al ejército sucrense; información presta, oportuna y detallada sobre todos los movimientos de los constitucionales; la negación absoluta de información, alimentos, pertrechos, forrajes o agua; el hostigamiento psicológico cuando perseguían al asustado ejército sucrense con el sonido de pututus y gritos. Estas tácticas que fueron arrogantemente calificadas como "farsas de indiada" por los coroneles sucrenses quienes alardeaban que ya verían esos indios "cuando se afronte el pututu a la ametralladora" (General Jualían María López) lograron amilanar a las tropas sucrenses de tal forma que fueron totalmente derrotadas. Las ofensivas del ejército Aymara desarmado eran contundentes, en caso de dispersión o distracción de las patrullas, éstas eran inmediatamente atacadas; en otros casos se rodeaba con movimientos envolventes al ejército sucrense agotándolo; alentaban a la lucha cuerpo a cuerpo donde su bravura los hacía fáciles ganadores; percibían la vacilación de los contrincantes y los atacaban de forma temeraria aterrorizándolos. A finales de enero de 1899 el prefecto de Oruro afirmaba que por todas las rutas andinas se extendía un cordón humano de tres a cuatro mil Aymaras, el levantamiento Aymara Quichwa se había extendido hasta Potosí. Este bravo ejército Indígena tenía también diferentes estrategias militares tales como la interrupción de comunicaciones de las tropas constitucionales con sus altos mandos o el debilitamiento y dispersión de las fuerzas del ejército sucrense.

Tal como varios pueblos indígenas, los Aymaras han confiado en la palabra del blanco; sin embargo, el resultado repetido de los convenios firmados entre blancos e Indígenas, ha sido que los blancos no respetan sus convenios, el blanco en su generalidad no honra su palabra. Esto sucedió con exactitud en el pacto entre Pando y Zárate Willka. Pando logró el apoyo Aymara bajo tres compromisos, el trato igualitario a los Indígenas; el federalismo, en el cual los Aymaras tendríamos autonomía y autodeterminación en nuestros territorios; y la restitución territorial. Después de que los Aymaras ganaron para él la guerra federalista, con pérdida de miles de vidas Indias, Pando arrojó su bandera de federalismo a la basura, e hizo asesinar a Zárate Willka; ese es el honor del blancoide boliviano. 

Tras el triunfo militar en Caracollo, Zárate lanzó un manifiesto que se conoce como "La Proclama de Caracollo". Este documento es un ideario Aymara que plantea -entre otros puntos- principios largamente perseguidos: 

1) Deseamos hallar la regeneración de Bolivia.
2) Los indígenas, los blancos nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia...que quiere apoderarse...vendiéndonos a los chilenos 
3) Deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas porque somos de una misma  sangre e hijos de Bolivia, deben quererse como hermanos con los indianos... hago prevención a los blancos... para que guarden el respeto con los indígenas. 
En cuanto a la regeneración de Bolivia se trata del propósito de liberación tan fuertemente perseguido por los Aymaras, la forma de liberación propuesta es la armonía, la justicia, el respeto entre la q'aritud y los Indígenas, detrás de esta propuesta se manifiesta el profundo nacionalismo del Aymara que buscó hacer de Bolivia una nación basada en el tolerancia y equidad. 

El 23 de abril de 1899, solo 10 días después de la batalla del 2do. Crucero donde lucharon y murieron los Aymaras Zaratistas, el anciano Apu Mallku Juan Lero quien mediante la acción directa proclamara el gobierno Indígena en Peñas fue detenido, la misma suerte corrió Mauricio Pedro quien protagonizó el levantamiento indígena de Sacaca. En la misma fecha fueron apresados Cruz Mamani y el mismo Villca Pablo Zárate. 90 Quichwas fueron aprehendidos y arrastrados a La Paz, por los sucesos de Mohoza. Cruz Mamani fue abatido a tiros por los soldados bolivianos, Juan Lero murió de frío y hambre el 14 de enero de 1901 a los 70 años en su inhóspita celda. En julio del mismo año Zárate dejó la cárcel en un episodio no aclarado y posteriormente fue asesinado por un grupo de blancos en Imilla Imilla, la comunidad donde había nacido. Sus tierras y las de su comunidad fueron -según el historiador Condarco- miserablemente usurpadas por el traidor José Manuel Pando. 

REBELIÓN Y MASACRE DE JESÚS DE MACHACA (1921)

Antes de crear una institución propia de los aymaras quechuas, los caciques, apoderados y otros representantes de las comunidades de toda la República de Bolivia, desde 1912 protagonizaron una lucha incansable, tanto individual como colectiva contra los usurpadores de tierras comunitarias, los abusos cometidos por las autoridades locales y los vecinos de los pueblos rurales. Los caciques principales que se destacaron por su lucha, entre 1912 y 1933, fueron Santos Marka T’ula, Faustino Llanqui, Marcelino Llanqui, Dionisio Paxipati, Francisco Tancara, Mateo Alfaro y Rufino Willka. Estos además de defender las tierras comunitarias, buscaban la instalación de escuelas indígenas en sus comunidades. Entre los propugnadores de la creación de escuelas se distinguió Marcelino Llanqui, quien en 1920 en calidad de profesor ambulante había establecido escuelas en su propia comunidad de Jesús de Machaca, lo cual posteriormente motivó a protagonizar una sublevación de comunarios contra el corregidor y los vecinos de esa. Más tarde aparece otra figura, se trata de Eduardo Leandro Nina Quispe.
El año 1920, en el contexto de una rebelión indígena generalizada, tanto en zonas de hacienda (el caso de Taraqu), como en los aillus y comunidades originarias, se gestó la constitución del gobierno comunal de Jesús de Machaca.

Las intenciones comunales de la retoma de la instancia político-administrativa del "pueblo" parecen claras y se presumía que sería por la vía violenta, donde el Cabildo de los 12 ayllus, sería la instancia máxima del poder político. La tarea de insubordinación para la retoma del poder comunal había empezado, y los trabajos para la prestación vial ya no se cumplían desde el año 1919. La aceptación por la Prefectura del departamento de La Paz de la legalidad del Título General de Tierras Comunarias de la marka de Jesús de Machaca, fue el sustento jurídico para la constitución del Gobierno comunal.

El movimiento de los Caciques Apoderados pretendió ampliar el reconocimiento de los títulos coloniales a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, lo que en la práctica fue muy difícil de lograr.

En Jesús de Machaca. Si bien el trasfondo fue la situación de explotación y expoliación de tierras, el móvil fue el abuso sostenido del corregidor del pueblo Luis Estrada. Los líderes de la sublevación fueron Faustino y Marcelino Llanque que lograron movilizar tres o cuatro mil aimaras. Es de destacar el hecho de que los Llanque eran maestros (preceptores) rurales, educados para impartir enseñanza a los indios de la región. El 12 de marzo de 1921 asaltaron el pueblo, quemaron sus principales casas y terminaron por asesinar a Estrada, su familia y otros trece vecinos, a los que apedrearon y quemaron. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Saavedra envió un destacamento militar de 1.500 hombres al mando del Cnel. Vitaliano Ledezma.

La acción represiva incluyó el asesinato de un número no determinado de comunarios, incluidas mujeres y niños, incendio de casi 130 casas, robo de más de mil cabezas de ganado de distinto tipo y apresamiento de varios sublevados entre ellos los hermanos Llanque, que fueron condenados a diez años de cárcel y uno de ellos a la pena capital (muerte). Varios ayllus de la región que habían participado en la sublevación quedaron tan seriamente afectados por la hecatombe, que en los meses posteriores se produjo una éxodo significativo, dejando la zona que había sido arrasada por las tropas.

En síntesis, la sublevación de Jesús de Machaca, no fue sólo un estallido de furia irracional e incontenible, fue más bien el resultado de un largo proceso de acumulación ideológica, que se había cristalizado como parte del movimiento de los Caciques Apoderados y particularmente en la constitución del Gobierno comunal machaqueño, el que a través de una labor de difusión y permanentes reclamos legales, había agilizado una rápida reproducción de esta ideología anticolonial, cuyo rasgo más sobresaliente constituía la autonomía y gobierno de las markas aimaras.


LEVANTAMIENTO DE CHAYANTA (1927)

El levantamiento de mayor envergadura fue el de Chayanta en 1927 que afectó a los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro y La Paz. Como siempre, los malos tratos, cobros excesivos o ilegales, la amenaza sobre las tierras de comunidad y la extensión del servicio obligatorio de los nuevos colonos, fueron elementos para la sublevación que se inició el 25 de Julio cié 1927 en Ocurí. Miles de indios se desplegaron en las serranías de Chayanta y en varias provincias de los tres departamentos, armados con hondas, piedras y algunas armas de fuego.


Tal fue la magnitud de las acciones indígenas que el movimiento duró más de dos meses, forzó a la movilización de varias unidades del ejército que desbarató y derrotó con dificultades a las masas sublevadas. Quizás la diferencia notable sea la actitud del Presidente Siles que, en octubre de 1927, amnistió a los responsables del levantamiento que habían sido detenidos, rompiendo la tradición de prisión, vejación y muerte para los alzados que había sido la característica de sus predecesores en el poder.

LEANDRO NINA QUISPE. (1930-1933) lucha por una República de Naciones y Pueblos Originarios

Entre los indígenas aymaras de La Paz no faltó la iniciativa e interés de fundar un centro educacional a nivel nacional para todas las comunidades (ayllus) de la República de Bolivia. Mientras las autoridades educativas se esforzaban por establecer las escuelas normales rurales en el altiplano, los propios indígenas comunarios, colonos de haciendas o citadinos se lanzaron a la creación de un centro educativo que coadyuvase a la enseñanza y al movimiento reivindicativo de sus tierras. En ese sentido la institución que se creó constituía de hecho un centro generador de ideas y hombres entrenados en la lucha contra el sistema imperante. Esta institución al principio fue denominada la “SOCIEDAD REPÚBLICA DEL COLLASUYO“. La “Sociedad República del Collasuyo” fue fundada en la ciudad de La Paz, el 8 de agosto de 1930 (1), por el indígena Eduardo Leandro Nina Quispe, siendo así uno de los destacados impulsores de la educación indígena. Desde entonces la Sociedad o el “Centro Educativo Collasuyo” tuvo múltiples actividades. A los diez días de su fundación, el 18 de agosto de ese año, la primera impresión sobre su presidente fue reflejada en los siguientes términos: “El esforzado indígena Nina Quispe, que en un arranque de eclosión cívica ha resuelto iniciar la fundación de la República del “Collasuyo” a base de su obra dinámica educacional”. Por otra parte, el semanario “Claridad”, órgano de prensa de la ciudad de La Paz, correspondiente a 7 de diciembre de 1931, comentaba sobre la admirable labor de Nina Quispe, puesto que éste había estado trabajando silenciosamente “por la grandeza del Collasuyo.

Eduardo Leandro Nina Quispe nació en el aillu Ch'iwu de Taraqu (hoy Taraco), provincia Ingavi, del departamento de La Paz, en 1887. Nina Quispe vivió viajando entre Chuqiyapu Marka o ciudad de La Paz y su ayllu, convertido en hacienda de Benedicto Goitia. A principios de la década de 1920, debido al fracaso de la sublevación de restitución de haciendas a ayllus, tuvo que huir definitivamente a la ciudad de La Paz.

Eduardo Nina Quispe fundó la Sociedad República del Collasuyo, en 1930. Esta institución se constituyó en centro generador de ideas, capaz de luchar contra el sistema imperante. Mientras las autoridades educativas se esforzaban por establecer escuelas normales rurales en los Andes, especialmente en Caquiaviri y Warisata. Por otra parte las iglesias católica y evangélica pensaban en darles "algún oficio" y adoctrinamiento religioso. Los propios indígenas, como Nina Quispe o su paralelo Centro Educativo de Aborígenes Bartolomé de las Casas, pensaban en cómo la "educación del indio" podía coadyuvar a la enseñanza, defensa, y restitución de los territorios de los ayllus, amenazados y/o convertidos en haciendas.

El Centro Educativo Collasuyo, era una institución comunitaria de ayllus y markas, y su dinámica se había extendido a varios departamentos de la república, como Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca y, en la época de la guerra del Chaco, a Santa Cruz, Beni y Tarija. Lo más llamativo de este centro fue su constitución, conformada por todas las autoridades originarias (jilacatas) y representantes de los distintos ayllus. Por ejemplo, en el departamento de La Paz, la conformaban las provincias de Murillo, Omasuyo, Larecaja, Muñecas, Camacho, Caupolicán, Loayza, Sicasica, Pacajes, Nor Yungas, Sur Yungas e Inquisivi.

Eduardo Nina Quispe, en uno de sus documentos más importantes, titulado De los títulos de composición de la corona de España, plantea la propuesta de la renovación de Bolivia. Aquí queda claro que los territorios de los ayllus, legalizados mediante títulos coloniales, por haber sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de mita en Potosí, otorgaban pleno derecho propietario a los ayllus y markas de la época. Este era el argumento central del movimiento indígena de la época para exigir al gobierno la inmediata posesión (en algunos documentos aparece como deslinde) administrativa en favor de los ayllus, a pesar de que muchas de estas tierras estaban en poder de los expropiadores a partir de la revisita de 1882.

En el documento citado, Eduardo Nina Quispe añade el conocimiento del país en la década de los 30, su territorio y división administrativa. Para él y el movimiento indígena, el interés y el cuidado del patrimonio territorial e histórico no involucraba sólo lo referente al ayllu y a la marka andina, sino la totalidad del territorio nacional.






Equiparado con los mandatarios del mundo y reconocido en su trabajo educativo por la grandeza de los pueblos indígenas, no cabe duda de que Nina Quispe, a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los ayllus y markas, avanzó en la idea de la refundación de Bolivia, sobre el propio territorio. Por eso decía que:

"Todos los bolivianos obedecemos para conservar la libertad. Los idiomas aimara y quechua habla la raza indígena, el castellano, lo hablan las razas blanca y mestiza. Todos son nuestros hermanos" (Nina Quispe 1932).


Queda claro que estaba pensando que Bolivia tendría un mejor destino, si parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también de los no indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia intercultural. En 1934, Eduardo Nina Quispe, como presidente de la Sociedad Centro Educativo Collasuyo, incorpora en su solicitud del deslinde general de territorios andinos a los pueblos indígenas guaraní, mojeño y chiquitano, de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni. Entre los nombres que acompañan estas solicitudes están Casiano Barrientos, capitán grande del Izozog, Saipurú y Parapetí de la provincia Cordillera de Santa Cruz, Guardino Candeyo, Tiburcio Zapadengo y Manuel Taco de Tarija, y José Felipe Nava, Sixto Salazar de Rocha del Beni.


Lo más interesante en el pensamiento de Eduardo Nina Quispe, es el reencuentro de los pueblos andinos y los amazónicos. 


















TEMA Nº 5.

DEL ESTADO FEUDAL LATIFUNDISTA AL ESTADO CAPITALISTA EXTRACTIVO


IMPLANTACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA EN WARIZATA


El término “Warisata” significa pampa o semillero de vicuñas, corresponde a un lugar ubicado en el altiplano boliviano, a más de 3 500 metros de altura. Pero la escuela Warisata fue principalmente una “Escuela – ayllu”, se constituyó en una experiencia pedagógica y social de increíble interés. En la conferencia pronunciada en la UMSA en 1940 expuso de manera clara lo que implica este fenómeno.
Para Elizardo Pérez la solución histórica al problema indígena es la “Escuela – ayllu”, la escuela campesina mediante la Educación tecnificada, partiendo de su modo y forma de vida.

Los indios fueron educados en una doctrina política de producción del estado, enalteciendo los poderes gobernantes y anulando la personalidad del trabajador, en síntesis el indio era una máquina de producción al beneficio del Inca. Con la colonización de los españoles solo se hizo una modificación del Camayoc por el encomendero que era el encargado de adoctrinar al indio y emplearlo en la misma forma de producción pero esta vez para el beneficio del español. Durante la época de la República no se dio prioridad ni se puso importancia al indio.

En el intento de definir si el indio es un animal o un ser social como todo individuo, muchos hicieron ensayos equivocados. Incluso (en el gobierno de entonces) Daniel Sánchez Bustamante creó la escuela de Indios por en la zona céntrica de Miraflores (La Paz, Bolivia), esa situación era sarcástica por el hecho de que esa escuela debería ubicarse en el área rural donde se encontraban los indios. Pero gracias al ministro Dr. Bailón Mercado, Elizardo Pérez concretizó su proyecto estableciéndolo en Warisata.
La escuela Warisata se fundo oficialmente en 2 de agosto de 1931 en una zona especial por su excelente gradación climática, En la construcción participaron indios de forma sistemática, ya que Pérez concientizo gradualmente a los indios lugareños. Conformó un parlamento de amautas para la administración y legislación de la escuela ayllu, este grupo de personas tenia la potestad de fijar el camino correcto de la escuela.
La pedagogía de Pérez radicaba en la misma forma de vida del indio, mediante el cual se llegaba a la autentica pedagogía nacional; su autenticidad radicaba por el mismo hecho de que esa realidad era muy diferente a la contextualización de otras pedagogías europeas.


La pedagogía nacional que plantea Pérez radica que el indio desde su niñez debe aprender a amar su tierra, sus formas de vida y a partir  de ella debe formar su mundo. Hacer parte de la realidad de su hábitat al indio de esta manera proyectarlo a su desarrollo.
La irradiación de este sistema de formación administrado por el parlamento de amautas, trajo frutos ejemplificadores como el de reunir alimentos para el ejército boliviano y el de enviar jóvenes para reforzar las trincheras. Dándose a conocer de esta forma el profundo espíritu tradicionalista de bolivianidad.
La profesión como docente debe reunir atributos de idoneidad, amor a su trabajo, dedicación por los alumnos; un interés indestructible de los objetivos a lograr como lo es formar ciudadanos consientes de su realidad y prestos a afrontar el futuro a la mano de la tecnificación. El maestro indígena debe ser lo representativo de la nacionalidad boliviana, orgulloso de su identidad e historia y la ciencia de su porvenir.
Warisata fue un núcleo sobre un centro de producción. De ahí que fue muy importante el internado campesino ya que mediante este método de formación, permitía la adaptación de la naturaleza con el indígena. Esta escuela matriz se proyectaba hacia la formación de otros centros seccionales, manteniendo el carácter colaborativo.
La escuela – ayllu no discriminaba razas, ya poseía la concepción de convivir armónicamente con la naturaleza, sin perjuicios de ninguna índole, aymaras  y quechuas tenían los mismos derechos y obligaciones. No eran marginados por ningún elemento discriminativo, el lenguaje no era factor de racismo, por el mismo hecho que primaba el respeto mutuo gracias a que la tarea educativa era única.

La influencia en América no se dejó esperar,  se tuvo que implantar como un eje de irradiación en Bolivia y en el resto de los países; pero lastimosamente por intereses mezquinos y odio a ideales de la clase gobernante no se realizó con éxito toda esa realidad muy revolucionaria.
Warisata representó la puesta en práctica del paradigma lógico andino, el que se basaba en la reciprocidad, la solidaridad y el modelo de comunidad que vive en relación productiva pero sustentable con la naturaleza.

EL PUEBLO BAJO LA EXPLOTACIÓN DEL ESTAÑO (1932)

Las primeras décadas del siglo XX no significarán grandes cambios para los indígenas.

El auge de la minería a la cabeza de los barones del estaño, se hace sentir con su poder económico y su fuerte influencia en la vida política del País, en desmedro de los intereses altos de visión de país y obviamente afectando más a la clase social desprotegida como los indígenas que se vieron en situaciones de explotación continua.


La implementación de políticas y proyectos reflejaron la integración indígena a la cultura homogénea de la Nación boliviana para imponer un solo idioma, una sola religión, una sola forma de pensar y una sola forma de administrar justicia, que constituyen la vigencia de la mentalidad colonial de superioridad en desmedro y subordinación de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, que es expresión del principio de la igualdad y libertad.

Un hecho, sin embargo, a principio de los treinta cambiaría el rumbo del país: la Guerra del Chaco. Los intereses de empresas transnacionales por los recursos hidrocarburíferos de la región del Chaco derivarían en una guerra fratricida, de 1932 a 1935, entre dos repúblicas hermanas, Bolivia y Paraguay.

No obstante que la situación de los indígenas continuaba siendo discriminatoria, la participación indígena en la conflagración bélica fue fundamental. Hasta la guerra del Chaco los criollos habían puesto especial cuidado para que los indios no conozcan del uso de las armas y menos que tengan conocimientos militares, pues ello supondría el reconocimiento de cierta base de igualdad. Sin embargo como la magnitud de las operaciones de guerra requería la movilización de grandes contingentes de combatientes, no tuvieron más alternativa que admitir en el ejército a una numerosa tropa india. En el combate, los indios descubrieron y constataron que los viracochas(dioses) como se hacían llamar los criollos, no eran nada distintos y en muchos casos eran poco aptos para el combate.

Fue así como desde la Legión de Excombatientes, los indios fueron proyectando acciones de reconocimiento de igualdad. De acuerdo a Joaquín Espada, Ministro de Guerra durante el conflicto de Bolivia con el Paraguay: …..La unidad nacional prácticamente no existía, todavía no existe [1982]. La clase indígena en el fondo no tiene conciencia nacional y menos tenía conciencia de la defensa nacional, no simplemente por su analfabetismo diríamos literario, sino por su analfabetismo cívico. Nadie ha educado a la masa indígena cívicamente. No sabe qué es el Estado, no sabe qué son las instituciones, sus instituciones se han desempeñado simplemente con la justicia de los patrones de haciendas, con la justicia de los corregidores. Entonces los indígenas han vivido diariamente en un aislamiento completo. Y me refiero a casi dos millones de habitantes de Bolivia. Pero en la clase media, en la clase dirigente, esa unidad tampoco existía, como ahora no existe. No hay peor enemigo que el boliviano contra el boliviano… No hubo pues en Bolivia unidad nacional.


A la conclusión de la guerra, la derrota caló hondo en la conciencia nacional produciendo un prominente nacionalismo que recorre toda la nación. Como consecuencia del contacto con dirigentes mineros y sindicales anarquistas, los indígenas tomaron mayor fuerza para organizar los levantamientos en contra de los explotadores. Es en este contexto, que se inicia la sindicalización de los indígenas y su campesinización, bajo la influencia de los discursos de izquierda y el pensamiento de la lucha de clases.
En 1936 se organiza el primer sindicato campesino en el valle alto de Cochabamba, concretamente en el lugar denominado Ana Rancho, que luego se expande a las comunidades de los valles y el Altiplano boliviano, provocando la desestructuración del sistema de autoridades originarias de los ayllus, markas y suyus, pero fortaleciendo la organización de las luchas por conseguir la abolición de la servidumbre y la explotación inhumana e injusta a los indígenas.

3. CONGRESO INDIGENAL DE 1945

El largo periodo de construcción de los sindicatos campesinos y sus luchas luego de la Guerra del Chaco se concretaría en uno de los hechos de mayor trascendencia política e histórica para los indígenas: El Primer Congreso Indígena el cual fue inaugurado el 10 de mayo de 1945 en la ciudad de La Paz. En la inauguración, el presidente Villarroel se refirió así a la labor que estaba cumpliendo:“… el campesino es por igual hijo de esta bandera, como cualquier hombre de esta tierra y como hijo ha de ser tratado por el gobierno; será protegido, tendrá escuelas, tendrá garantías pero también está obligado a trabajar, cumpliendo fielmente sus deberes y obligaciones… tengan en cuenta que ese trabajo será respetado y protegido… hoy comienza la obra del gobierno que vela por ustedes como un padre cuida a sus hijos. Se acabaron los abusos…”.

En la ocasión, el Presidente no hizo referencia alguna al problema de la propiedad de la tierra, y se concentró más bien el problema de las relaciones laborales y de servidumbre.

En el acto de clausura es cuando se hicieron públicos los siguientes cuatro Decretos:
·         El primero abolía el trabajo personal gratuito como apiri, mulero, isleño, algiri, hilado, tejido, muqueo, lavado, vaquero o pastor… y establecía que, de ser realizado, debía ser voluntario o remunerado.
·         El segundo abolía el pongueaje y el mitanaje y todo servicio gratuito impuesto por autoridades administrativas, judiciales, etc.
·         El tercero determinaba que en el plazo de 60 días los propietarios de haciendas, empresas mineras, industriales y gumíferas debían abrir escuelas a su costo, aplicando el D. S. de 19 de Agosto de 1936.
·         El cuarto establecía, por último, la conformación de una comisión redactora del Código del Trabajador Agrario.

LA REVOLUCIÓN NACIONAL DE 1952

Todo un proceso histórico fue aquello que desemboco en la Revolución de 1952, como consecuencia de las injusticias que se cometieron en la colonia la República de los criollos. La Guerra del Chaco mostró las diferencias sociales y económicas en las cuales estaban sumidos los indígenas.

Durante el gobierno de Gualberto Villarroel, se produjeron desórdenes sociales provocando su muerte; posteriormente en julio de 1946, se instala en el país una Junta de gobierno que abriría paso al sexenio y, por extensión y consecuencia, a la revolución popular de 1952. El nuevo régimen deja en el olvido las disposiciones que habían logrado los colonos. La Sociedad Rural pide que el Estado se haga cargo de las escuelas en sus haciendas; el pongueaje y los servicios gratuitos no se suprimen.

Esto provoca la sublevación indígena en todo el país. Los focos más importantes son la región del Lago Titicaca y la provincia de Ayopaya en Cochabamba. En enero de 1947, 200 caciques en Pucarani piden ejercer el derecho a la sindicalización, nuevas escuelas y la abolición del pongueaje.
Ante el rechazo de las autoridades de estas demandas, la movilización indígena se intensifica tanto como la represión policial y militar. Por primera vez, 1.500 indios en Ayopaya exigen el inmediato reparto de las tierras, amenazando con no volver a sus labores y atacar a las ciudades si no son escuchados. Cientos de indígenas y colonos fueron asesinados, decenas de dirigentes fueron detenidos y confinados en la isla Coati y a puntos inhóspitos del oriente del país. La sublevación apenas pudo ser controlada.

Estas fueron las condiciones estructurales que dieron lugar a la Revolución de corte nacionalista en 1952 y que mantenían a Bolivia anclada en la época feudal y la alejaban de las posibilidades de desarrollo con sentido propio en un mundo que sufría cambios rápidos.
En las elecciones de mayo de 1951, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) resultó victorioso, pero ese triunfo en las urnas es desconocido por el entonces presidente Mamerto Urriolagoitia, siendo éste el motivo por el que el MNR entra en la conspiración golpista. El golpe estalla el 9 de abril de 1952; al principio parecía consolidarse, pero el comandante del Ejército contragolpea al día siguiente detonando, de esa manera, una confrontación armada.

“Lo que inicialmente parecía un forcejeo entre Ejército y MNR se amplía por la irrupción formidable y vigorosa de obreros y sectores populares urbanos que, asaltando cuarteles y enfrentando militarmente al Ejército, logran derrotarlo; fueron tres días de intensa lucha en las ciudades de La Paz, Oruro y las minas. Los campesinos no participaron directa ni masivamente en las calles durante la insurrección de abril; movilizados controlaban el campo y estaban en estado de alerta, es por ello que el Ejército no se replegó al campo y prefirió resistir en la ciudad”.

A la destrucción del Ejército siguió la conformación de las milicias armadas; las primeras fueron obreras y también se conformaron en barriadas populares de las ciudades, agrupadas en comandos zonales que respondían a la dirección política del MNR; luego se constituirían las milicias campesinas. “Triunfante la revolución, consolidado el gobierno revolucionario, el movimiento campesino despliega un formidable proceso de movilización cuyos núcleos más avanzados están ubicados en Ucureña, en el Valle Alto de Cochabamba; Achacachi, en la provincia Omasuyos, norte de La Paz y Chayanta, en el norte de Potosí. En estas movilizaciones el objetivo fue expulsar a los patrones de las haciendas. Al mismo tiempo, la experiencia acumulada desde la época del gobierno de Toro en torno a la organización en sindicatos, se hizo general y masiva”. 
El 18 de abril de 1952, los obreros victoriosos fundaron la Central Obrera Boliviana, (COB), y anuncian públicamente que cogobernaban con el MNR. Días después, el 1 de mayo, la COB distribuía un manifiesto en el que planteaba la nacionalización inmediata de las minas en manos de privados, sin indemnización y bajo control obrero. También anuncian la revolución agraria, a través de la confiscación del latifundio y su entrega a las organizaciones sindicales, el voto universal, la disolución total del Ejército y su sustitución por milicias armadas de obreros y campesinos. En julio de 1952, el gobierno del MNR otorga la ciudadanía (derechos políticos) a todos los indígenas analfabetos y establece el voto universal a los mayores de 21 anos. A la vez, dicta la obligatoriedad de la educación para todos los bolivianos sin distinción de raza ni sexo. 


En agosto del mismo año, se funda la Federación de Campesinos de Cochabamba (más bien del Valle Bajo de Cochabamba), la que, bajo la dirección de Sinforoso García, plantea la necesidad de conformar una comisión para estudiar la reforma agraria. Desde el Valle Alto del mismo departamento, José Rojas plantea la revolución agraria, impulsa el armamento de campesinos para ocupar las haciendas y nacionalizar sin indemnización las tierras. 

En octubre, se nacionalizan las minas bajo control obrero pero sin indemnización a los barones del estaño, Simón Iturri Patiño, Víctor Aramayo y Mauricio Hoschild. En tanto ello sucede, los campesinos toman haciendas, expulsan patrones, se distribuyen las tierras, los terratenientes huyen a la sola noticia de la organización de sindicatos campesinos en sus propiedades. 

El sindicato campesino se convierte en el único poder real en el campo, monopoliza el uso de las armas, administra justicia y resuelve conflictos.

El MNR, por su parte, se muestra indeciso entre dos tendencias que pugnaban al respecto: una, del ala derecha del partido, propiciaba la entrega de pequeñas parcelas a los colonos previo pago de indemnizaciones a los hacendados y, la otra, del ala izquierdista, la expropiación total de los latifundios sin derecho a indemnización.

En enero de 1953, el gobierno de Paz Estenssoro fracasa en su primer intento por deshacerse de la COB y frenar al mismo tiempo a los sindicatos campesinos y es forzado a conformar una comisión para que en seis meses sea redactado el decreto de reforma agraria.

En mayo el mismo año, Paz Estensoro dispone una serie de medidas económicas cuyos efectos elevaron al doble el costo de vida y, en agosto, con el apoyo del líder minero Juan Lechín, decreta la reorganización de las Fuerzas Armadas y la reapertura del Colegio Militar. En el área rural, organiza los llamados “regimientos campesinos” con el afán de controlar a los colonos.

Esas medidas fortalecen las movilizaciones campesinas, las huelgas y la toma de tierras.


Por fin, la presión social logra el 2 de agosto de 1953, que el gobierno del MNR promulgue el Decreto de Reforma Agraria, por medio del que se legalizan las conquistas de las sublevaciones en el campo y quedan abolidos el pongueaje, los trabajos gratuitos y el latifundio.

Sin embargo la Reforma agraria no tuvo resultados esperados. En las tierras altas (altiplano y valles), donde se registró el impacto más importante de la Reforma Agraria con la confiscación de haciendas para distribuir esas tierras entre los peones o pegujaleros, convertidos en campesinos, a la larga se originó un resultado perverso.

El crecimiento demográfico incrementó la población de las comunidades campesinas y, por el sistema de sucesión hereditaria, así como por la incorporación de nuevos miembros de las comunidades, las propiedades individuales se fueron subdividiendo entre las nuevas generaciones hasta superficies insignificantes en términos de producción y productividad; a este fenómeno se denomina minifundio, llegando en algunos casos a hablarse del “surcofundio” porque la parcela de una familia es de tan sólo unos cuantos surcos de cultivo, equivalentes a unos metros de tierra.

Otra de las razones para tal fracaso tiene que ver con que, durante la instrumentación de la Reforma Agraria, algunos pueblos indígenas fueron reducidos dramáticamente a condición de peones mientras otros trataban de sobrevivir ante el asedio permanente de ganaderos, gomeros, petroleros o castañeros.

Es el caso de los guaraníes que fueron prácticamente acorralados en las estribaciones de la Cordillera del Aguaragüe, en el subandino boliviano, frontera con Paraguay, donde la producción agrícola y pecuaria se torna mucho más precaria y difícil.

PENSADORES AYMARAS Y MOVIMIENTOS INDÍGENAS 

Sin duda uno de los teóricos más importantes e influyentes fue Fausto Reinaga(14), que inspiró el surgimiento de diversos movimientos políticos indianistas y kataristas: Partido Indio de Bolivia (PIB), Partido Indio de Liberación (PIL), Partido Indio (PI), Partido Indio del Kollasuyo (PIK), Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA), Movimiento Indio Pachakuti (MIP), entre otros, que jugaron importantes papeles en sus momentos respectivos.
Indianistas y kataristas han asumido proyectos políticos muy diferentes a los de los partidos de izquierda (socialista, comunista y nacionalista). Primero, asumen lo indio como símbolo de lucha y de reivindicación: «como indios nos colonizaron como indios nos liberaremos». Es decir, comprenden a los pueblos indígenas como indios. Segundo, consideran que el enemigo central del indio no es el capitalismo, el imperialismo ni la burguesía o la oligarquía; pues, definen como único enemigo histórico del indio al blanco criollo-mestizo y a su cultura, que deben ser enfrentados por vía democrática o mediante la insurgencia armada.

El katarista SIMÓN YAMPARA considera que la lucha política para los indígenas no es entre la clase dominante y la clase popular: «cuando nos hablan de derecha e izquierda, parece que nos descuartizan como descuartizaron a Túpac Katari y Bartolina Sisa.
Los seres humanos tenemos energía de derecha, y energías de izquierda; son energías complementarias». Es decir, las clases populares deben complementarse con la oligarquía terrateniente empresarial. Afortunadamente, en los hechos el sentir y vivencia de la mayoría de los indígenas del área rural y urbana están lejos de estos discursos teóricos de los indigenistas.
Bajo la dictadura boliviana de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), un movimiento indígena en Bolivia se empezó a organizar. Concretamente en 1970 —un año antes del golpe de Estado—, el dirigente sindical Genaro Flores fue elegido secretario general de la Federación Campesina de La Paz Túpac Katari, y días antes del golpe fue elegido secretario de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB). En plena dictadura, la nueva corriente indígena se vio forzada a la clandestinidad, en la que se organizó como “Confederación Túpac Katari”. 
Esta corriente, también llamada “katarista”, se organizó en áreas urbanas a través de asociaciones culturales y políticas. Es importante destacar —como señala Reinaga en su trabajo La revolución india— que desde sus orígenes este movimiento se autoidentificó como indígena y no simplemente como campesino. Por tanto, esta corriente empezó a rescatar el concepto de lo que significaba ser indígena; una de las consignas del movimiento fue: “Como indios nos explotan, como indios nos liberaremos”. F. REINAGA, La revolución india, Ediciones PIB (Partido Indio de Bolivia), La Paz, 1969. 

El nuevo movimiento katarista rechazó el discurso que había propuesto la Revolución Nacional de 1952: una asimilación de los pueblos indígenas a través del mestizaje y de la adopción de una corriente de pensamiento marxista y sindicalista, propuesto principalmente por el Partido Obrero Revolucionario (POR). Además, tales corrientes propuestas por el POR, según el movimiento katarista, seguían sometiendo a los pueblos indígenas como campesinos subordinados a las clases trabajadoras. En una esfera netamente política, este discurso se expresó a través del Partido Indio de Bolivia (PIB), fundado en 1968 por Fausto Reinaga. 
El Manifiesto del PIB proponía: “[…] ante el frente nacionalista y ante el frente comunista, el indio forma otro frente. Es el tercer frente o el Frente Indio. El indio se enfrenta al “cholaje” (blanco-mestizo) nacionalista y comunista […]”. Así pues, este discurso no era ya de asimilación del indio, sino de liberación. Lo que hacía falta, según el PIB, era el poder indio: la conquista del poder a través de una acción revolucionaria para poder reconstituir los imperios precolombinos aymaras y quechuas, todos estos expresados a través del nacimiento de una nueva nación, denominada por la corriente katarista como la Nación Aymara. 

Así pues, desde los años setenta se consolidó en Bolivia una corriente de pensamiento indígena que abogaba por una mayor representación política y, desde una posición más radical, la autodeterminación de sus pueblos a través de una nueva Nación Aymara. Los gobiernos bolivianos paralelamente trataron de neutralizar estas demandas, como las luchas sociales de otros movimientos de la sociedad civil. No es hasta principios del año 2000 que los movimientos sociales y las organizaciones indígenas se cohesionaron para plantear una agenda en común que se oponía al modelo político y de desarrollo que se venía implantado.

René Ticona Condori, Frente a la nueva realidad histórica en que vivimos, nos dice: los aymaras, quechuas y tupiguaranís debemos ser comprendidos más allá del resentimiento histórico de los 500 años, etnocentrismo y folklorismo cultural, desde la visión biológica.












TEMA No 6.
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL

MARCHA INDÍGENA DE TIERRAS BAJAS POR TIERRA TERRITORIO Y LA  DIGNIDAD Y SOBERANÍA

La marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio, que recorrió más de 750 Km. desde Trinidad – Beni a la ciudad de La Paz, ha sido bastante emblemática. Dirigida por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) fue iniciada en Trinidad el 15 de agosto de 1990 terminó en La Paz el 17 de septiembre, teniendo como resultado la promulgación de tres Decretos Supremos de reconocimiento de territorios indígenas.

La marcha significó una formidable interpelación a la sociedad y al Estado boliviana acerca de la existencia, identidad y demandas de los pueblos indígenas de la selva. Situación que llevó a las organizaciones campesinas, con fuerte influencia marxista, a proponer la instalación de la Asamblea de Nacionalidades, que surgió del primer congreso extraordinario de la CSUTCB realizado en Potosí el año 1988. La asamblea debía instalarse en el quinto centenario de la invasión española.

El 12 de octubre de 1992 se realizaron numerosas y masivas concentraciones y marchas en las principales ciudades del país que respondieron así a la convocatoria de la CSUTCB. La ciudad de La Paz fue el escenario de la concentración de más de 60.000 indígenas que coparon con wiphalas calles y plazas. El decenio de 1990 fue marcado por el retorno del indio como actor social y político, con demandas y propuestas basadas en la identidad, la denuncia del colonialismo y la reconstitución.

En 1993 por primera vez en la historia de Bolivia, se incluye a un indígena en la fórmula presidencial. El MNR incluye a Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente. Para la historia reciente, su desempeño como Vicepresidente ha sido muy importante, pues demostró capacidad política e intelectual. Se incorporó en la Constitución, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, basado en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo el gobierno posterior de Gonzalo Sánchez de Lozada minó el prestigio del primer vicepresidente indio de Bolivia.

DEMOCRACIA MULTIÉTNICA 1982-2002


Los años 80s y 90s fueron décadas muy difíciles para las comunidades del altiplano boliviano. La brutal sequía de 1982 y1983, junto con la inflación y las crisis económicas de aquellos años, obligaron a muchos campesinos a abandonar sus campos, para migrar hacia la ciudad o hacia el extranjero. 

Al mismo tiempo, el progresivo aumento de la población y la división de las antiguas propiedades otorgadas con la Reforma Agraria entre las nuevas generaciones de campesinos aymaras, determinaron un proceso de expansión del minifundio, generando toda una serie de problemáticas que empezaron a amenazar la sobrevivencia misma de las comunidades agrarias: el deterioro de la tierra por falta de descanso y rotación de cultivos alcanzó niveles dramáticos; los conflictos entre familias y comunidades para el establecimiento de los linderos se agudizaron; y las migración masiva empezó a crear relaciones cada vez más cercanas y desestabilizadoras entre el mundo rural comunal y el mundo urbano. 

Los distintos gobiernos neoliberales no supieron ofrecer una respuesta a las nuevas y dramáticas necesidades del mundo agrario del altiplano. Al contrario, la implementación de las políticas de ajuste estructural y abertura comercial y financiera dieron paso a procesos de mercantilización de las tierras, desestructuración del mercado interno, reducción de las garantías sociales y disminución de los servicios básicos. Las reformas multiculturales aceleraron esos procesos: tanto la LPP como la Ley INRA crearon nuevos mecanismos de exclusión política y económica, agrediendo directamente no sólo la estructura política comunal, sino también los sistemas tradicionales de gestión y propiedad de la tierra.

GUERRA DEL AGUA

En 1985 el Estado boliviano encabezado por el MNR, promulgaba orgulloso el fin de la crisis económica mediante la aplicación del Decreto Supremo 21060,  incluyendo al país al camino neoliberal que se adueñaba del mundo.  

A más de 20  años de aplicación de este modelo los índices de pobreza se han incrementado, al igual que las tazas de desempleo y el malestar social, todo lo que en conjunto y a largo plazo constituyó un nuevo escenario de lucha y rearticulación de los movimientos sociales. De forma general puede decirse que el neoliberalismo no logró conseguir ninguna de sus metas y promesas de "desarrollo con equidad"; más bien lo que hizo fue flexibilizar el trabajo, es decir, anular las conquistas laborales, desarticular los sindicatos obreros, fragmentar a la clase proletaria y aplicar la libre contratación (o subempleo). 

Al no resolver los principales problemas del país, las políticas neoliberales guiadas por monopolios transnacionales han tenido gran resistencia por parte de las organizaciones populares y la población en general desde el año 2000, año de la Guerra del Agua, revuelta popular que marcó el inicio de un gran proceso de cambio constituido por el ascenso de los movimientos sociales, y por una sucesión de reiteradas rebeliones que desembocaron en la denominada Guerra del agua.

La guerra del agua nació con la determinación irrenunciable de la población de Cochabamba (una provincia situada en el centro del país) de oponerse a la privatización del sistema de distribución del agua. En ese año, el gobierno de Bolivia (la administración de Hugo Banzer Suárez) cedió la concesión a la empresa trasnacional Bechtel (que recibió la misma bajo el nombre de Aguas del Tunari), para gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad y sus áreas cercanas. Dicho contrato fue firmado ilegalmente a espaldas de la población y de algunas autoridades. 

Cuando se hizo efectiva la concesión, la empresa expropió pozos e incrementó las tarifas en un 300% aproximadamente. Con ello se violaron los usos y costumbres locales de sobre la gestión del vital líquido. La comunidad se indignó y se organizó paulatinamente en la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida junto con otros movimientos. Iniciaron los bloqueos carreteros que paralizaron completamente la ciudad y sus accesos y realizaron una consulta pública que arrojó como resultado la exigencia ciudadana, casi unánime, de la expulsión de la empresa trasnacional de Cochabamba. 

La respuesta violenta del Estado dejó muertos, encarcelados y desaparecidos. Pero la Coordinadora venció y alcanzó niveles de organización social tan poderosos que logró replegar al ejército y a la policía, controlando de facto la ciudad por un cierto tiempo, lo cual sirvió como plataforma política para los procesos que se dibujaran en el futuro.

El proceso que abrió el 2000 con la Guerra del Agua ayudó a que la gente, que antes sólo trabajaba sin saber el destino de su esfuerzo, ahora se pregunte a dónde va el producto de su trabajo y exija controlarlo a fin de que beneficie a todos. 

La gente que antes aguantaba callada su triste destino ahora ha recuperado la palabra y exige ser oída. La gente que antes toleraba la discriminación de su apellido, su idioma y su color de piel, ahora los exhibe orgullosa y reclama una nueva forma de vida.  

GUERRA DEL GAS
Guerra del Gas es el nombre popular de una disputa social en Bolivia, centrada en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija, a mediados de la década de 1990 y catalogadas conjuntamente como el segundoYacimiento más grande de Sudamérica

En octubre de 2003 se inicia la llamada guerra del gas en la ciudad de El Alto con intensas movilizaciones motivadas por la defensa de la soberanía nacional sobre las reservas de gas. Esto sucede frente a la concretización de un decreto inconstitucional emitido en 1997 por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que permitía tanto la explotación como la propiedad de los yacimientos de gas por parte de las empresas privadas, incluso extranjeras. 
En 2003, un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos preveía ceder por completo el control del gas a las empresas participantes, centralmente al consorcio Pacific LNG (constituido por las transnacionales British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF). 
Para evitarlo la población formó la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas. Se reiniciaron las movilizaciones en varios puntos del país. La demanda popular exigía la anulación del proyecto de exportación del gas y la instalación de un sistema industrial nacional que lo procesara para sumarle valor y con su venta incrementar el gasto social para atender las necesidades básicas del pueblo sumido en la pobreza. Los bloqueos, las huelgas de hambre y las marchas se intensificaron al ver la falta de voluntad política para dialogar por parte del gobierno. 


El 13 de octubre: el vicepresidente rompe con Sánchez de Lozada y el ministro de desarrollo renuncia al gabinete. El gobierno anuncia la “suspensión” de las exportaciones de gas y promete una consulta para decidir el futuro de los recursos energéticos, al tiempo que reitera que no renunciará y recibe el respaldo de la cúpula militar. George Bush, Condolezza Rice y César Gaviria (secretario de la O E A) hacen declaraciones apoyando al gobierno boliviano; en particular, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró: “La comunidad internacional y los Estados Unidos no van a tolerar ninguna interrupción del orden constitucional y no reconocerán a cualquier régimen que sea el resultado de procedimientos antidemocráticos”.

Las instrucciones del poder popular: profundizar la movilización social, reforzar la huelga general, endurecer y ampliar el bloqueo de caminos, levantar trincheras y cavar zanjas en cada zona de la ciudad, barricadas en los caminos, conformar los comités de autodefensa y defender los medios populares de comunicación. Todos en vigilia, es la orden. La exdefensora del pueblo Ana María Campero inicia una huelga de h a m b re, acompañada por el padre jesuita Ricardo Zeballos, el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti, la artista Jenny Cárdenas, el empresario Javier Hurtado y los intelectuales José Antonio Quiroga y Ricardo Calla. La huelga abre otro frente de lucha contra el gobierno. Huelgas de hambre de jóvenes intelectuales y vecinos de las clases más acomodadas en Calacoto y Sopocachi, así como en la parroquia de La Exaltación, exigiendo la dimisión de Sánchez de Lozada. La dirigencia de la COB llama a instalar huelgas de hambre en todo el país.
Hostigamiento en contra de los medios independientes. En Oruro, fueron dinamitadas las torres de transmisión de la radio Pío XII de la red Erbol y del canal 13 Televisión Universitaria. En la ciudad de La Paz y El Alto, las torres de transmisión de Cadena A y de Radio Televisión Popular fueron amenazadas por fuerzas militares, al igual que varias redacciones de medios populares y alternativos. El Diario Pulso fueron retirados de la circulación por órdenes del gobierno.

Las movilizaciones tienden a sincronizarse en todo el país. Las regiones de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca aumentan la presión sobre el gobierno.

Entonces, el movimiento social radicalizó sus demandas y exigió la renuncia inmediata del Presidente. El gobierno instaló de facto e ilegalmente un estado de sitio y militarizó La Paz. 

Uno tras otro, colaboradores y aliados abandonan a Sánchez de Lozada quien acaba por dimitir y envía una carta leída hacia las diez de la noche en el Congreso, casi al tiempo que vuela a casa: Miami, Florida, Estados Unidos. Una inmensa y diversa celebración sacude al país. Un capítulo de la lucha social concluye en victoria y toda la muerte que costó hace pensar que el nuevo gobierno no podrá proseguir con los planes neoliberales.

El Congreso nombró al vice-presidente Carlos Mesa como nuevo presidente. Obligado por las condiciones de efervescencia política Mesa propuso la realización de un referéndum para decidir el futuro del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la "revisión" de las "capitalizaciones" (privatizaciones parciales) de las empresas energéticas estatales; y apenas planteó la realización de nuevas elecciones y de la Asamblea Constituyente.

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Después de la Guerra del Gas, en el afán por mantenerse en el cargo, el sucesor de Goni, el presidente Carlos Mesa emite el Decreto Supremo N° 27237 que otorga amnistía a todos los actores de octubre de 2003 (liberando así a los causantes de la crisis, entre ellos Evo Morales, de enfrentar juicio). El Decreto es luego enmendado para especificar que la amnistía no aplica para los ex miembros del Gobierno, y sólo para los movimientos.

Mesa, ante las continuas manifestaciones, anunció su renuncia por segunda vez en un lapso de 90 días. Ante la negativa de los congresistas de reunirse para evaluar la renuncia Mesa, el congreso se traslada a Sucre el 9 de junio de 2005, donde también se dirigen los manifestantes, mayormente del sector minero, ante la sospecha del posible nombramiento de Hormando Vaca Diez(presidente del Senado) o Mario Cossío (presidente de la Cámara Baja) como presidente de la república. Ahí se aceptó la renuncia de Carlos Mesa.

Se nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como sucesor constitucional. Una vez concretada la renuncia de Carlos Mesa, las protestas disminuyeron hasta desaparecer cuando el nuevo presidente convocó a elecciones anticipadas para el 18 de diciembre de 2005.

En 2005, la mayoría de los movimientos que participaron en las protestas apoyaron al candidato del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, Evo Morales un líder social de origen indígena. Este hecho marcó en la historia, pues por primera vez un indígena ganó la Presidencia (lo cual hubiera sido impensable en otro escenario político). Morales recibió el apoyo popular gracias a su compromiso ineludible de nacionalizar los hidrocarburos e impulsar la Asamblea Constituyente. 
El propósito de realizar una Asamblea Constituyente en Bolivia se sustentó en la idea de lograr un pacto social entre todos sus habitantes, pacto que a su vez debía crear una visión compartida de Bolivia. De esta manera, en las elecciones de julio de 2006 se eligieron a 255 asambleístas para elaborar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente llevó adelante sus sesiones entre el 6 de agosto de 2006 y el 15 de diciembre de 2007. Durante esos dieciséis meses el proceso constituyente se sumió en una confrontación política que se caracterizó por las acusaciones descalificadoras entre los asambleístas del MAS y los de la oposición.

En ese sentido, hoy es relevante el embrionario pero efectivo poder de veto de las organizaciones sociales y su capacidad para desorganizar los mecanismos de reproducción del sistema económico-político. 


En ocasiones, las organizaciones comienzan con la demanda de satisfacción de necesidades básicas o soluciones a la precariedad material y después abordan la defensa de valores más globales e “inmateriales” como la participación política, la nacionalización de los hidrocarburos, el referéndum, la Asamblea Constituyente, etc. Una gran parte de la sociedad boliviana ha encontrado en las organizaciones sociales y en la Asamblea formas embrionarias para organizarse políticamente “fuera del Estado”.

La Asamblea Constituyente es un acontecimiento político extraordinario, emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales, y se instala por mandato popular. La Asamblea Constituyente convocada por Ley No. 3364 de 6 de marzo del 2.006, es unitaria, indivisible, y es la máxima expresión de la democracia. Se encuentra legítimamente por encima del poder constituido.


El reglamento de debates de la Asamblea Constituyente en Bolivia consideraba que el trabajo para redactar el nuevo texto constitucional se llevara a cabo mediante comisiones y subcomisiones. Éstas debieron haber sido instancias permanentes de debate, análisis, investigación temática, asesoramiento, coordinación, consulta y sistematización en un área específica de la Asamblea conautonomía de gestión.

La Asamblea tiene plenos poderes para redactar el nuevo texto constitucional, y tiene como mandato transformar y construir un nuevo Estado Boliviano. 

En relación con los poderes constituidos, el poder constituyente es la vanguardia del proceso democrático y depositario del mandato social para transformar y construir un nuevo Estado Boliviano. 
Por las características del proceso constituyente boliviano, la Constituyente no interfiere en el normal funcionamiento de los actuales poderes constituidos hasta la aprobación del nuevo texto constitucional, y el nuevo mapa institucional. 
El escenario se debilitó entre agosto y diciembre de 2007 debido a la falta de solidez en la toma de decisiones, desorganización e incapacidad gerencial de la directiva. Por último, la demanda de Sucre interrumpió las plenarias desde el 15 de agosto de 2007, momento en que la discusión sobre la capital plena prácticamente fue extirpada, generándose un estallido de violencia.


El MAS forzó una sesión de emergencia para aprobar el índice de la Constitución en su etapa “en grande” el 23 de noviembre bajo custodia policial y militar en los salones del Liceo: Edmundo Andrade. La oposición no se presentó y todo terminó de manera bochornosa en una sesión de 15 horas entre el 8 y 9 de diciembre, donde el MAS junto a sus aliados aprobaron el texto final “en detalle” en la ciudad de Oruro.
Este nuevo texto constitucional será sometido para su aprobación a un referéndum del pueblo boliviano. Desde el momento de su aprobación se hará efectivo el mandato del nuevo texto constitucional y la construcción del nuevo Estado boliviano”.
El 25 de enero de 2009 en Bolivia se realizo el Referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Del total de votos emitidos, el 61,4% votó por la aprobación de la nueva Constitución. Los votos por el No sumaron un 38,6%.
En función de estos resultados el 7 de febrero de 2009 el Presidente Evo Morales promulgó la nueva Constitución en la ciudad de El Alto, ubicada en el departamento de La Paz. 











TEMA No 7.

NUEVA CONSTITUCION DEL ESTADO PLURINACIONAL


Promulgada la Constitución Política del Estado, es importante realizar un estudio sobre su composición, para asumir como bolivianos el reto de transformar nuestra Bolivia, que tanto demanda de nosotros ese compromiso de cambio, bajo los principios de la Carta Magna.
ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN

La Nueva Constitución (CPE) tiene 411 artículos. La estructura del texto constitucional consta de cinco partes: 

  • Caracterización del Estado, derechos, deberes y garantías;

  • Estructura y organización funcional del Estado; 

  • Estructura y organización territorial del Estado; 

  • Estructura y organización económica del Estado; 

  • Jerarquía normativa y reforma de la constitución, donde se encuentran las disposiciones transitorias.

La primera parte de la CPE se refiere a las características del Estado boliviano y los derechos fundamentales, así como las garantías ciudadanas de las personas.

Los derechos se dividen en los fundamentalísimos, como una adquisición en la evolución de los derechos, además de los fundamentales y las garantías constitucionales.


Entre los derechos fundamentalísimos se encuentran el derecho a la vida, al agua y la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat y a la vivienda, y al acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. La CPE establece derechos específicos para sectores sociales específicos: niños, adultos, privadas de libertad, personas con discapacidad y usuarios y consumidores de servicios públicos.



La segunda parte de la nueva CPE hace a la estructura y organización funcional del Estado, es decir, corresponde a la estructura de los órganos del Estado.

El Estado boliviano se compone d cuatro poderes u órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Además la nueva CPE establece la existencia de entidades como el Ministerio Público, Procuraduría General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La tercera parte de la CPE se refiere a la estructura y organización territorial del Estado.

La nueva CPE reconoce las autonomías territoriales, como mecanismos de descentralización administrativo y político. Se reconocen cuatro las formas de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. Las nuevas formas de autonomía son la departamental, la regional y la indígena, persistiendo, desde la Ley de Participación Popular (1995), la autonomía municipal (municipios). En esta forma de descentralización administrativa y política, las entidades territoriales autónomas no están subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional.


La cuarta parte de la CPE se refiere a la estructura y organización económica del Estado.

La nueva Constitución Política del Estado propone una economía plural. Reconoce espacios económicos diferenciales, entrelazados e integrados que se articulan y complementa. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo (Art. 306).

La Quinta parte de la CPE se refiere a la jerarquía normativa y reforma de la constitución, donde se encuentran las disposiciones transitorias. 

IDEARIO DEL ESTADO PLURINACIONAL
En discurso de 4 de noviembre de 2008, el Vicepresidente Álvaro García Linera, se refería al ideario de Estado Plurinacional, a partir de la Constitución Política del Estado…Esta nueva Constitución es muy buena, es poderosa, está incluida toda Bolivia. Pero ustedes tienen que sentirse orgullosos porque con ella se está coronando el liderazgo y la vanguardia política del movimiento indígena y campesino respecto al resto de los sectores sociales.



Éste es el texto de la vanguardia campesina indígena, como la tesis de Pulacayo fue para los obreros. La nueva Constitución no es solamente para obreros o sólo para campesinos o sólo para la clase media, es para toda Bolivia. De esto Bolivia va a hablar los siguientes 50 años, ya nadie puede hacer política, criticando o no, sin tomar en cuenta este texto plurinacional. Hay que sentirse orgullosos de él, hay que difundirlo, hay que proclamarlo, hay que explicarlo en todas partes.


“La idea de lo plurinacional, está basada en un nuevo Estado Plurinacional, que se debe construir en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre naciones y pueblos indígenas. Asumiendo que la diversidad garantiza la unidad, permite la convivencia, la coexistencia e interrelación fraterna y solidaria entre pueblos, lo mismo que garantice el establecimiento de un Estado Plurinacional”


LEYES DERIVADAS DE LA CONSTITUCIÓN

Es importante convenir en que, la existencia, funcionamiento y mantenimiento del Estado y del Derecho presuponen una pretensión de unidad, fundada en la adhesión o el sometimiento al poder y, en regímenes democráticos, se fundamenta y legitima, esencialmente, en la sujeción de gobernantes y gobernados al principio de legalidad.
Muchos de los cambios constitucionales operados en Latinoamérica y Europa del Este se enfrentaron al dilema o problema denominado "la cuadratura del círculo", relativo a la necesidad y posibilidad de articular el bienestar, la solidaridad y la libertad. Esas experiencias nos muestran que, en todo cambio constitucional profundo, vuelven a plantearse problemas de justicia. 


Cuando esos problemas no encuentran un cauce legítimo para su resolución y concurren además otros factores y condiciones especiales, el desconocimiento del sistema de legalidad y la alteración del orden pueden dar paso a la violencia. En esas condiciones, el colapso del orden legal e institucional puede así dar lugar a la anomia, escenario propicio para una mayor violencia.

En síntesis, la aplicación de un nuevo orden constitucional, jurídico e institucional no es una tarea fácil y conlleva riesgos, en lo concerniente a la cohesión social, el respeto al principio de legalidad y la fidelidad democrática. 

Referentes constitucionales:

Las disposiciones transitorias, establecidas a continuación del Art. 411º de la nueva Constitución Política del Estado, contienen la preceptiva destinada a regir el proceso de transición constitucional y cambio del sistema jurídico, en términos de tiempo y oportunidad. Ese programa de transición se sintetiza en el siguiente cuadro:


DISPOSICION PRIMERA: Sanción del Nuevo Régimen Electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente. 60 días computables desde la promulgación del CPE (06.02.9) Elección de Asambleístas, Presidente y Vicepresidente.06.12.09. Elección de autoridades departamentales y municipales.04.04.10

SEGUNDA: Sanción por la Asamblea Legislativa Nacional de las siguientes leyes:

-Ley del Órgano Electoral Plurinacional.
-Ley del Régimen Electoral.
-Ley del Órgano Judicial.
-Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
-Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 180 días desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. (Instalación estimada en 30 días posteriores a fecha 06.01.10)

TERCERA: Acceso directo al régimen de autonómico departamental, de acuerdo a la CPE, por los departamentos que optaron por las autonomías, en el referéndum de 02.07.06, adecuación de sus estatutos y sujeción de los mismos a control de constitucionalidad. (Con referencia a este aspecto, no queda claro si el acceso directo es inmediato a la aprobación de la CPE o si presupone la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización prevista para fecha tope 04.07.10

QUINTA: Aprobación de las leyes necesarias para el desarrollo de las leyes constitucionales. Periodo del primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

SÉPTIMA Delimitación del territorio indígena en base a TCO´s y conversión administrativa a TIOC´s. 1 año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo

OCTAVA: Adecuación de las concesiones sobre recursos natrales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. 1 año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo.

Declaración de ineficacia de las concesiones mineras de minerales metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, en reservas fiscales del territorio nacional. 1 año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo

Complejidad del tiempo de transición

Teóricamente y conforme a lo establecido por las Disposiciones Transitorias, el cronograma de transición establecido por la nueva Carta Magna se desarrolla a lo largo de seis (6) años. Ese tiempo de cambio jurídico constitucional se inicia con la sanción del nuevo Régimen Electoral, entre el 6 de Febrero y el 7 de Abril del 2009 y concluye con la aprobación de las leyes necesarias para el desarrollo de las leyes constitucionales, hasta el 6 de Enero de 2014.

Ahora bien, lo que se tiene detrás de la mencionada declaración formal, relativa al tiempo de transición constitucional, es una monumental tarea que, teóricamente, importa un cambio del sistema jurídico total; esto es, una sustitución de la totalidad del sistema jurídico de normas jurídicas derivadas vigentes por disposiciones legales que den deriven de la nueva Constitución y den cuenta de la nueva Bolivia refundada.
Esa monumental tarea, que tiene que enfrentar el Estado Boliviano, pasa en primer lugar por la producción legislativa de una infinidad de códigos, disposiciones legales especiales y otras normas jurídicas de menor jerarquía, necesarias para la regulación de las relaciones económicas y sociales, públicas y privadas, a múltiples niveles de la vida nacional.
En este orden, la nómina de requerimientos legislativos puede ser verdaderamente extensa, pues se refiere, a códigos sustantivos (Civil, Comercio, Penal, Familia, Tributario, etc.), disposiciones legales especiales (Municipalidades, Descentralización y Autonomías, Justicia Comunitaria, Aduanas, Bancos y Entidades Financieras, etc.) y finalmente otras normas derivadas y complementarias, necesarias en diversos ordenes de actividad.

Lo que es más, esa tarea de reconstrucción total del sistema jurídico nacional presupone, al menos teóricamente, la "reingeniería" y reorganización de la totalidad del Estado, en función del nuevo orden constitucional y, por supuesto, la reconstitución de la totalidad del régimen de autoridad, competencia y funcionamiento de todas las instancias de los poderes del Estado u órganos, como se denominan ahora.













TEMA No 8.

PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL


REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO CULTURAL
Morales Ayma, es la figura emblemática de los cambios profundos y trascendentales de la revolución democrática y cultural boliviana. Indígena, sindicalista, cocalero, el actual presidente asumió las esperanzas de muchos bolivianos que por siglos fueron excluidos y marginados de la vida pública y política. Su elección, con casi el 54% de los votos, es la expresión electoral de mayor dimensión que ningún presidente haya alcanzado en este país.

La Bolivia de hoy no se puede entenderse sin la larga historia de explotación y exclusión de la mayoría de su población. Una historia que atravesó momentos críticos y esperanzadores a la vez. Hoy estamos en tiempos cruciales donde se vislumbraría una nueva nación. El proceso de la revolución democrática y cultural iniciado el año 2006 con el Movimiento al Socialismo (MAS) "es irreversible y un camino sin retorno"


El MAS se gesta en los sectores más oprimidos, odiados, políticamente marginados y perseguidos", agregó al destacar que uno de sus objetivos es lograr la igualdad entre todos los bolivianos para que accedan con todos los derechos que le confiere la Constitución Política del Estado.


Los cambios que propone el MAS se originan en las expectativas y demandas de los movimientos sociales para que sea el pueblo y sus líderes los que conduzca los destinos de la Patria por encima de cualquier otro interés.

EL SOCIALISMO COMUNITARIO Y EL PARADIGMA DEL “VIVIR BIEN”

El nacimiento del socialismo comunitario y antiimperialista, se consolidó al consagrar la flamante Constitución del Estado Plurinacional bajo el signo de la igualdad, la multiculturalidad y la solidaridad, "Proclamo el socialismo comunitario", dijo el mandatario, levantando un ejemplar de la nueva carta magna ante 200.000 personas, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, el 7 de febrero de 2009.

Por otra parte el vicepresidente y presidente del Congreso Nacional legislativo admitió las debilidades del nuevo texto constitucional, y aseguró que "en sus limitaciones y virtudes, es lo mejor que los bolivianos hemos soñado". "Se cierra una época de sufrimiento y se abre una nueva etapa de libertad y justicia, con el liderazgo que el pueblo humilde recupera después de 500 años y que ahora une a los bolivianos", expresó García Linera. 

Para consolidar el proceso, García indicó que se deben cumplir tres condiciones. La primera es consolidar la plurinacionalidad, es decir el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos; que indígenas y mestizos gocen de similares prerrogativas.
El segundo pilar para sostener la transformación del Estado es, la autonomía democrática. Según García, sólo así se acabará con la práctica de algunos sectores que obtienen beneficios de los recursos estatales. Como tercer pilar para la construcción del “Estado integral” realzó la importancia de alcanzar la soberanía económica con base en políticas estatales.
Asimismo, para lograr la consolidación de estos tres pilares y la consiguiente consolidación del nuevo Estado socialista, planteó la necesidad de mantener la unidad de los pueblos para derrotar a las “adversidades” que se presentarían en el camino.
Para el logro del Socialismo Comunitario es fundamental la práctica del Paradigma “Vivir Bien” que no solo se habla en nuestro país sino también en América latina el cual está atravesando por una ebullición de cambios políticos y sociales, en este escenario que se está debatiendo de todo, se está cuestionando al Estado, en este escenario es que el “vivir bien”, aparece, para interpelar las ideologías clásicas europeas, (capitalismo, comunismo) y plantear en la misma lógica una nueva filosofía, ideología y hasta religión, proponiendo a la Madre Tierra o Pacha Mama, en un plano de deidad por encima de toda otra lógica religiosa.
Este renacer de ideas propias de intelectuales indígenas de América Latina, convergen en que el vivir bien es el camino a seguir de los pueblos de América, este concepto que varía de nación en nación y de lengua en lengua, se sitúa en el post desarrollo, va mas allá del desarrollo económico, social y humano, pues posee indicadores propios de desarrollo, los cuales no son medidos a través del la producción de bienes y servicios, sino, es a través de la vida armónica con la naturaleza, el hombre y la Madre Tierra considerados todos estos como uno solo.
El origen de este paradigma se puede situar en el emerger de los pueblos indígenas de América Latina, sus cosmovisiones ancestrales, sus tradiciones, y su relación con la naturaleza alientan las bases teóricas del vivir bien. Sin embargo en cada nación indígena este paradigma tiene sus propias particularidades, para el Pueblo Quichua ecuatoriano buen vivir o Sumak kawsay en esta lengua significaría una “vida buena” ni mejor ni peor que las de otros ni un afán en conseguir mejorarla. Para el pueblo Aymara Boliviano el vivir bien o Suma Qamaña introduce el elemento comunitario y podría traducirse en el vivir armoniosamente con los demás y con la Madre Tierra o Pacha Mama.
En los últimos años los postulados del vivir bien han sido recogidos en constituciones de América Latina al respecto la Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su preámbulo que Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, es decir que la búsqueda del vivir bien es el fin y los otros principios que menciona como el de la igualdad, la armonía etc. Son los medios o instrumentos, pero no se detiene ahí y lo más importante es que en esta Constitución boliviana se establece que el modelo económico y el modelo educativo están orientados a la búsqueda del vivir bien esto denota que Bolivia o por lo menos el gobierno de Evo Morales está desarrollando este concepto nos solo en su forma de organización estatal, sino también en su organización económica y social.

CENTRALISMO, DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER

Existe un buen grado de consenso en que el país requiere de una mayor descentralización, todos los ciudadanos bolivianos han sufrido, de alguna manera, el exceso de concentración de autoridad, en su expresión más perversa, el burocratismo ineficiente.

Este consenso se traduce en manifestaciones de distinta índole para acelerar el proceso que permita desconcentrar las decisiones y las acciones que se realizan en Bolivia. Estas manifestaciones alientan el debate sobre el mecanismo para llegar a transformaciones constitucionales y sobre el grado y la intensidad de esta desconcentración.

A simple vista se estarían enfrentando propuestas radicalmente opuestas, desde aquellas que estiman necesario fundar un estado aymara consistente étnicamente hasta aquellos que proponen la regionalización del país desde una óptima más bien económica. Así distintos actores intentan diseñar una nueva regionalización, departamentalización, nacionalización en respuesta exclusiva a sus propios intereses.

De ahí que el mecanismo en que se discuta y legitime el nuevo diseño de desconcentración es fundamental por el simple cálculo político de los actores, en realidad se intenta subordinar el debate al mecanismo de discusión y verificación de legitimidad.

Esta indefinición entre referéndum, asamblea constituyente, reforma a la constitución en base a sus propios preceptos, ensombrece un debate que al parecer no da mucho de si mismo. Cuando uno se acerca en detalle a los principales patrocinadores del discurso de las autonomías, provengan de donde provengan, se encuentra con preocupaciones similares y muy pocas diferencias a la hora de concretarse en alternativas viables.


AUTONOMÍAS EN BOLIVIA.

Aprobada y vigente la nueva Carta Magna, lo está también, obvio, su tercera disposición transitoria, la que permite a los “departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006” acceder directamente al régimen autonómico con sus Estatutos –también aprobados por el voto popular- a condición de que los textos de estos últimos sean adecuados a las disposiciones contenidas en la NC. 

Esta disposición abrió la posibilidad de que una de las primeras tareas a cumplirse para facilitar la vigencia real de la nueva Constitución, por un lado, y de las autonomías departamentales, por otro, sea la identificación de las discrepancias existentes entre ésta y las Cartas Departamentales. No cabe duda que para adecuar la normativa sub nacional a los mandatos constitucionales se necesita, primero, visualizar los temas, materias y artículos que requieren compatibilización y al hacerlo tendrá que prestarse atención a la intensidad de los desencuentros, porque ella (la intensidad) determina si la ruta para la adecuación pasa por una ley nacional, una ley departamental, combinaciones de unas y otras o debe encararse, inevitablemente, la reforma del Estatuto e incluso, aunque sólo a posteriori, ajustes constitucionales.


Seguramente este es uno de los temas más discutidos en Bolivia en los últimos años, debido sobre todo al hecho de que la creación de varios niveles autónomos de gobierno afecta a la administración pública departamental, a la gestión de los recursos naturales y a la propiedad y distribución de los recursos económico-financieros. No obstante, y a despecho de la insistencia de los debates, las diferencias entre la NC y los EA son menores que las que uno podría imaginarse al calor de las discusiones.

Como se sabe, la Lex Suprema, ratificada por el cuerpo electoral el 25 de enero, diseña la organización territorial del Estado en función de cuatro instancias de gobierno y administración: el departamento, los municipios, las regiones y las entidades territoriales indígena-originaria-campesinasasí como señala Artículo 269 parágrafo 1. Se trata, a todas luces, de una organización compleja, que fue y continúa siendo cuestionada por varios analistas.

Al presente los departamentos y municipios van trabajando sus estatutos, cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional.





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