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lunes, 20 de octubre de 2014

CONTENIDOS: SEGUNDO COSMOS


TEMA No 6.
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL

MARCHA INDÍGENA DE TIERRAS BAJAS POR TIERRA TERRITORIO Y LA  DIGNIDAD Y SOBERANÍA

La marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio, que recorrió más de 750 Km. desde Trinidad – Beni a la ciudad de La Paz, ha sido bastante emblemática. Dirigida por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) fue iniciada en Trinidad el 15 de agosto de 1990 terminó en La Paz el 17 de septiembre, teniendo como resultado la promulgación de tres Decretos Supremos de reconocimiento de territorios indígenas.

La marcha significó una formidable interpelación a la sociedad y al Estado boliviana acerca de la existencia, identidad y demandas de los pueblos indígenas de la selva. Situación que llevó a las organizaciones campesinas, con fuerte influencia marxista, a proponer la instalación de la Asamblea de Nacionalidades, que surgió del primer congreso extraordinario de la CSUTCB realizado en Potosí el año 1988. La asamblea debía instalarse en el quinto centenario de la invasión española.

El 12 de octubre de 1992 se realizaron numerosas y masivas concentraciones y marchas en las principales ciudades del país que respondieron así a la convocatoria de la CSUTCB. La ciudad de La Paz fue el escenario de la concentración de más de 60.000 indígenas que coparon con wiphalas calles y plazas. El decenio de 1990 fue marcado por el retorno del indio como actor social y político, con demandas y propuestas basadas en la identidad, la denuncia del colonialismo y la reconstitución.

En 1993 por primera vez en la historia de Bolivia, se incluye a un indígena en la fórmula presidencial. El MNR incluye a Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente. Para la historia reciente, su desempeño como Vicepresidente ha sido muy importante, pues demostró capacidad política e intelectual. Se incorporó en la Constitución, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, basado en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo el gobierno posterior de Gonzalo Sánchez de Lozada minó el prestigio del primer vicepresidente indio de Bolivia.

DEMOCRACIA MULTIÉTNICA 1982-2002


Los años 80s y 90s fueron décadas muy difíciles para las comunidades del altiplano boliviano. La brutal sequía de 1982 y1983, junto con la inflación y las crisis económicas de aquellos años, obligaron a muchos campesinos a abandonar sus campos, para migrar hacia la ciudad o hacia el extranjero. 

Al mismo tiempo, el progresivo aumento de la población y la división de las antiguas propiedades otorgadas con la Reforma Agraria entre las nuevas generaciones de campesinos aymaras, determinaron un proceso de expansión del minifundio, generando toda una serie de problemáticas que empezaron a amenazar la sobrevivencia misma de las comunidades agrarias: el deterioro de la tierra por falta de descanso y rotación de cultivos alcanzó niveles dramáticos; los conflictos entre familias y comunidades para el establecimiento de los linderos se agudizaron; y las migración masiva empezó a crear relaciones cada vez más cercanas y desestabilizadoras entre el mundo rural comunal y el mundo urbano. 

Los distintos gobiernos neoliberales no supieron ofrecer una respuesta a las nuevas y dramáticas necesidades del mundo agrario del altiplano. Al contrario, la implementación de las políticas de ajuste estructural y abertura comercial y financiera dieron paso a procesos de mercantilización de las tierras, desestructuración del mercado interno, reducción de las garantías sociales y disminución de los servicios básicos. Las reformas multiculturales aceleraron esos procesos: tanto la LPP como la Ley INRA crearon nuevos mecanismos de exclusión política y económica, agrediendo directamente no sólo la estructura política comunal, sino también los sistemas tradicionales de gestión y propiedad de la tierra.

GUERRA DEL AGUA

En 1985 el Estado boliviano encabezado por el MNR, promulgaba orgulloso el fin de la crisis económica mediante la aplicación del Decreto Supremo 21060,  incluyendo al país al camino neoliberal que se adueñaba del mundo.  

A más de 20  años de aplicación de este modelo los índices de pobreza se han incrementado, al igual que las tazas de desempleo y el malestar social, todo lo que en conjunto y a largo plazo constituyó un nuevo escenario de lucha y rearticulación de los movimientos sociales. De forma general puede decirse que el neoliberalismo no logró conseguir ninguna de sus metas y promesas de "desarrollo con equidad"; más bien lo que hizo fue flexibilizar el trabajo, es decir, anular las conquistas laborales, desarticular los sindicatos obreros, fragmentar a la clase proletaria y aplicar la libre contratación (o subempleo). 

Al no resolver los principales problemas del país, las políticas neoliberales guiadas por monopolios transnacionales han tenido gran resistencia por parte de las organizaciones populares y la población en general desde el año 2000, año de la Guerra del Agua, revuelta popular que marcó el inicio de un gran proceso de cambio constituido por el ascenso de los movimientos sociales, y por una sucesión de reiteradas rebeliones que desembocaron en la denominada Guerra del agua.

La guerra del agua nació con la determinación irrenunciable de la población de Cochabamba (una provincia situada en el centro del país) de oponerse a la privatización del sistema de distribución del agua. En ese año, el gobierno de Bolivia (la administración de Hugo Banzer Suárez) cedió la concesión a la empresa trasnacional Bechtel (que recibió la misma bajo el nombre de Aguas del Tunari), para gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad y sus áreas cercanas. Dicho contrato fue firmado ilegalmente a espaldas de la población y de algunas autoridades. 

Cuando se hizo efectiva la concesión, la empresa expropió pozos e incrementó las tarifas en un 300% aproximadamente. Con ello se violaron los usos y costumbres locales de sobre la gestión del vital líquido. La comunidad se indignó y se organizó paulatinamente en la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida junto con otros movimientos. Iniciaron los bloqueos carreteros que paralizaron completamente la ciudad y sus accesos y realizaron una consulta pública que arrojó como resultado la exigencia ciudadana, casi unánime, de la expulsión de la empresa trasnacional de Cochabamba. 

La respuesta violenta del Estado dejó muertos, encarcelados y desaparecidos. Pero la Coordinadora venció y alcanzó niveles de organización social tan poderosos que logró replegar al ejército y a la policía, controlando de facto la ciudad por un cierto tiempo, lo cual sirvió como plataforma política para los procesos que se dibujaran en el futuro.

El proceso que abrió el 2000 con la Guerra del Agua ayudó a que la gente, que antes sólo trabajaba sin saber el destino de su esfuerzo, ahora se pregunte a dónde va el producto de su trabajo y exija controlarlo a fin de que beneficie a todos. 

La gente que antes aguantaba callada su triste destino ahora ha recuperado la palabra y exige ser oída. La gente que antes toleraba la discriminación de su apellido, su idioma y su color de piel, ahora los exhibe orgullosa y reclama una nueva forma de vida.  

GUERRA DEL GAS
Guerra del Gas es el nombre popular de una disputa social en Bolivia, centrada en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija, a mediados de la década de 1990 y catalogadas conjuntamente como el segundoYacimiento más grande de Sudamérica

En octubre de 2003 se inicia la llamada guerra del gas en la ciudad de El Alto con intensas movilizaciones motivadas por la defensa de la soberanía nacional sobre las reservas de gas. Esto sucede frente a la concretización de un decreto inconstitucional emitido en 1997 por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que permitía tanto la explotación como la propiedad de los yacimientos de gas por parte de las empresas privadas, incluso extranjeras. 
En 2003, un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos preveía ceder por completo el control del gas a las empresas participantes, centralmente al consorcio Pacific LNG (constituido por las transnacionales British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF). 
Para evitarlo la población formó la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas. Se reiniciaron las movilizaciones en varios puntos del país. La demanda popular exigía la anulación del proyecto de exportación del gas y la instalación de un sistema industrial nacional que lo procesara para sumarle valor y con su venta incrementar el gasto social para atender las necesidades básicas del pueblo sumido en la pobreza. Los bloqueos, las huelgas de hambre y las marchas se intensificaron al ver la falta de voluntad política para dialogar por parte del gobierno. 


El 13 de octubre: el vicepresidente rompe con Sánchez de Lozada y el ministro de desarrollo renuncia al gabinete. El gobierno anuncia la “suspensión” de las exportaciones de gas y promete una consulta para decidir el futuro de los recursos energéticos, al tiempo que reitera que no renunciará y recibe el respaldo de la cúpula militar. George Bush, Condolezza Rice y César Gaviria (secretario de la O E A) hacen declaraciones apoyando al gobierno boliviano; en particular, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró: “La comunidad internacional y los Estados Unidos no van a tolerar ninguna interrupción del orden constitucional y no reconocerán a cualquier régimen que sea el resultado de procedimientos antidemocráticos”.

Las instrucciones del poder popular: profundizar la movilización social, reforzar la huelga general, endurecer y ampliar el bloqueo de caminos, levantar trincheras y cavar zanjas en cada zona de la ciudad, barricadas en los caminos, conformar los comités de autodefensa y defender los medios populares de comunicación. Todos en vigilia, es la orden. La exdefensora del pueblo Ana María Campero inicia una huelga de h a m b re, acompañada por el padre jesuita Ricardo Zeballos, el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti, la artista Jenny Cárdenas, el empresario Javier Hurtado y los intelectuales José Antonio Quiroga y Ricardo Calla. La huelga abre otro frente de lucha contra el gobierno. Huelgas de hambre de jóvenes intelectuales y vecinos de las clases más acomodadas en Calacoto y Sopocachi, así como en la parroquia de La Exaltación, exigiendo la dimisión de Sánchez de Lozada. La dirigencia de la COB llama a instalar huelgas de hambre en todo el país.
Hostigamiento en contra de los medios independientes. En Oruro, fueron dinamitadas las torres de transmisión de la radio Pío XII de la red Erbol y del canal 13 Televisión Universitaria. En la ciudad de La Paz y El Alto, las torres de transmisión de Cadena A y de Radio Televisión Popular fueron amenazadas por fuerzas militares, al igual que varias redacciones de medios populares y alternativos. El Diario Pulso fueron retirados de la circulación por órdenes del gobierno.

Las movilizaciones tienden a sincronizarse en todo el país. Las regiones de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca aumentan la presión sobre el gobierno.

Entonces, el movimiento social radicalizó sus demandas y exigió la renuncia inmediata del Presidente. El gobierno instaló de facto e ilegalmente un estado de sitio y militarizó La Paz. 

Uno tras otro, colaboradores y aliados abandonan a Sánchez de Lozada quien acaba por dimitir y envía una carta leída hacia las diez de la noche en el Congreso, casi al tiempo que vuela a casa: Miami, Florida, Estados Unidos. Una inmensa y diversa celebración sacude al país. Un capítulo de la lucha social concluye en victoria y toda la muerte que costó hace pensar que el nuevo gobierno no podrá proseguir con los planes neoliberales.

El Congreso nombró al vice-presidente Carlos Mesa como nuevo presidente. Obligado por las condiciones de efervescencia política Mesa propuso la realización de un referéndum para decidir el futuro del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la "revisión" de las "capitalizaciones" (privatizaciones parciales) de las empresas energéticas estatales; y apenas planteó la realización de nuevas elecciones y de la Asamblea Constituyente.

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Después de la Guerra del Gas, en el afán por mantenerse en el cargo, el sucesor de Goni, el presidente Carlos Mesa emite el Decreto Supremo N° 27237 que otorga amnistía a todos los actores de octubre de 2003 (liberando así a los causantes de la crisis, entre ellos Evo Morales, de enfrentar juicio). El Decreto es luego enmendado para especificar que la amnistía no aplica para los ex miembros del Gobierno, y sólo para los movimientos.

Mesa, ante las continuas manifestaciones, anunció su renuncia por segunda vez en un lapso de 90 días. Ante la negativa de los congresistas de reunirse para evaluar la renuncia Mesa, el congreso se traslada a Sucre el 9 de junio de 2005, donde también se dirigen los manifestantes, mayormente del sector minero, ante la sospecha del posible nombramiento de Hormando Vaca Diez(presidente del Senado) o Mario Cossío (presidente de la Cámara Baja) como presidente de la república. Ahí se aceptó la renuncia de Carlos Mesa.

Se nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como sucesor constitucional. Una vez concretada la renuncia de Carlos Mesa, las protestas disminuyeron hasta desaparecer cuando el nuevo presidente convocó a elecciones anticipadas para el 18 de diciembre de 2005.

En 2005, la mayoría de los movimientos que participaron en las protestas apoyaron al candidato del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, Evo Morales un líder social de origen indígena. Este hecho marcó en la historia, pues por primera vez un indígena ganó la Presidencia (lo cual hubiera sido impensable en otro escenario político). Morales recibió el apoyo popular gracias a su compromiso ineludible de nacionalizar los hidrocarburos e impulsar la Asamblea Constituyente. 
El propósito de realizar una Asamblea Constituyente en Bolivia se sustentó en la idea de lograr un pacto social entre todos sus habitantes, pacto que a su vez debía crear una visión compartida de Bolivia. De esta manera, en las elecciones de julio de 2006 se eligieron a 255 asambleístas para elaborar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente llevó adelante sus sesiones entre el 6 de agosto de 2006 y el 15 de diciembre de 2007. Durante esos dieciséis meses el proceso constituyente se sumió en una confrontación política que se caracterizó por las acusaciones descalificadoras entre los asambleístas del MAS y los de la oposición.

En ese sentido, hoy es relevante el embrionario pero efectivo poder de veto de las organizaciones sociales y su capacidad para desorganizar los mecanismos de reproducción del sistema económico-político. 


En ocasiones, las organizaciones comienzan con la demanda de satisfacción de necesidades básicas o soluciones a la precariedad material y después abordan la defensa de valores más globales e “inmateriales” como la participación política, la nacionalización de los hidrocarburos, el referéndum, la Asamblea Constituyente, etc. Una gran parte de la sociedad boliviana ha encontrado en las organizaciones sociales y en la Asamblea formas embrionarias para organizarse políticamente “fuera del Estado”.

La Asamblea Constituyente es un acontecimiento político extraordinario, emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales, y se instala por mandato popular. La Asamblea Constituyente convocada por Ley No. 3364 de 6 de marzo del 2.006, es unitaria, indivisible, y es la máxima expresión de la democracia. Se encuentra legítimamente por encima del poder constituido.


El reglamento de debates de la Asamblea Constituyente en Bolivia consideraba que el trabajo para redactar el nuevo texto constitucional se llevara a cabo mediante comisiones y subcomisiones. Éstas debieron haber sido instancias permanentes de debate, análisis, investigación temática, asesoramiento, coordinación, consulta y sistematización en un área específica de la Asamblea conautonomía de gestión.

La Asamblea tiene plenos poderes para redactar el nuevo texto constitucional, y tiene como mandato transformar y construir un nuevo Estado Boliviano. 

En relación con los poderes constituidos, el poder constituyente es la vanguardia del proceso democrático y depositario del mandato social para transformar y construir un nuevo Estado Boliviano. 
Por las características del proceso constituyente boliviano, la Constituyente no interfiere en el normal funcionamiento de los actuales poderes constituidos hasta la aprobación del nuevo texto constitucional, y el nuevo mapa institucional. 
El escenario se debilitó entre agosto y diciembre de 2007 debido a la falta de solidez en la toma de decisiones, desorganización e incapacidad gerencial de la directiva. Por último, la demanda de Sucre interrumpió las plenarias desde el 15 de agosto de 2007, momento en que la discusión sobre la capital plena prácticamente fue extirpada, generándose un estallido de violencia.


El MAS forzó una sesión de emergencia para aprobar el índice de la Constitución en su etapa “en grande” el 23 de noviembre bajo custodia policial y militar en los salones del Liceo: Edmundo Andrade. La oposición no se presentó y todo terminó de manera bochornosa en una sesión de 15 horas entre el 8 y 9 de diciembre, donde el MAS junto a sus aliados aprobaron el texto final “en detalle” en la ciudad de Oruro.
Este nuevo texto constitucional será sometido para su aprobación a un referéndum del pueblo boliviano. Desde el momento de su aprobación se hará efectivo el mandato del nuevo texto constitucional y la construcción del nuevo Estado boliviano”.
El 25 de enero de 2009 en Bolivia se realizo el Referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Del total de votos emitidos, el 61,4% votó por la aprobación de la nueva Constitución. Los votos por el No sumaron un 38,6%.
En función de estos resultados el 7 de febrero de 2009 el Presidente Evo Morales promulgó la nueva Constitución en la ciudad de El Alto, ubicada en el departamento de La Paz. 











TEMA No 7.

NUEVA CONSTITUCION DEL ESTADO PLURINACIONAL


Promulgada la Constitución Política del Estado, es importante realizar un estudio sobre su composición, para asumir como bolivianos el reto de transformar nuestra Bolivia, que tanto demanda de nosotros ese compromiso de cambio, bajo los principios de la Carta Magna.
ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN

La Nueva Constitución (CPE) tiene 411 artículos. La estructura del texto constitucional consta de cinco partes: 

  • Caracterización del Estado, derechos, deberes y garantías;

  • Estructura y organización funcional del Estado; 

  • Estructura y organización territorial del Estado; 

  • Estructura y organización económica del Estado; 

  • Jerarquía normativa y reforma de la constitución, donde se encuentran las disposiciones transitorias.

La primera parte de la CPE se refiere a las características del Estado boliviano y los derechos fundamentales, así como las garantías ciudadanas de las personas.

Los derechos se dividen en los fundamentalísimos, como una adquisición en la evolución de los derechos, además de los fundamentales y las garantías constitucionales.


Entre los derechos fundamentalísimos se encuentran el derecho a la vida, al agua y la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat y a la vivienda, y al acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. La CPE establece derechos específicos para sectores sociales específicos: niños, adultos, privadas de libertad, personas con discapacidad y usuarios y consumidores de servicios públicos.



La segunda parte de la nueva CPE hace a la estructura y organización funcional del Estado, es decir, corresponde a la estructura de los órganos del Estado.

El Estado boliviano se compone d cuatro poderes u órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Además la nueva CPE establece la existencia de entidades como el Ministerio Público, Procuraduría General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 

La tercera parte de la CPE se refiere a la estructura y organización territorial del Estado.

La nueva CPE reconoce las autonomías territoriales, como mecanismos de descentralización administrativo y político. Se reconocen cuatro las formas de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. Las nuevas formas de autonomía son la departamental, la regional y la indígena, persistiendo, desde la Ley de Participación Popular (1995), la autonomía municipal (municipios). En esta forma de descentralización administrativa y política, las entidades territoriales autónomas no están subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional.


La cuarta parte de la CPE se refiere a la estructura y organización económica del Estado.

La nueva Constitución Política del Estado propone una economía plural. Reconoce espacios económicos diferenciales, entrelazados e integrados que se articulan y complementa. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo (Art. 306).

La Quinta parte de la CPE se refiere a la jerarquía normativa y reforma de la constitución, donde se encuentran las disposiciones transitorias. 

IDEARIO DEL ESTADO PLURINACIONAL
En discurso de 4 de noviembre de 2008, el Vicepresidente Álvaro García Linera, se refería al ideario de Estado Plurinacional, a partir de la Constitución Política del Estado…Esta nueva Constitución es muy buena, es poderosa, está incluida toda Bolivia. Pero ustedes tienen que sentirse orgullosos porque con ella se está coronando el liderazgo y la vanguardia política del movimiento indígena y campesino respecto al resto de los sectores sociales.



Éste es el texto de la vanguardia campesina indígena, como la tesis de Pulacayo fue para los obreros. La nueva Constitución no es solamente para obreros o sólo para campesinos o sólo para la clase media, es para toda Bolivia. De esto Bolivia va a hablar los siguientes 50 años, ya nadie puede hacer política, criticando o no, sin tomar en cuenta este texto plurinacional. Hay que sentirse orgullosos de él, hay que difundirlo, hay que proclamarlo, hay que explicarlo en todas partes.


“La idea de lo plurinacional, está basada en un nuevo Estado Plurinacional, que se debe construir en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre naciones y pueblos indígenas. Asumiendo que la diversidad garantiza la unidad, permite la convivencia, la coexistencia e interrelación fraterna y solidaria entre pueblos, lo mismo que garantice el establecimiento de un Estado Plurinacional”


LEYES DERIVADAS DE LA CONSTITUCIÓN

Es importante convenir en que, la existencia, funcionamiento y mantenimiento del Estado y del Derecho presuponen una pretensión de unidad, fundada en la adhesión o el sometimiento al poder y, en regímenes democráticos, se fundamenta y legitima, esencialmente, en la sujeción de gobernantes y gobernados al principio de legalidad.
Muchos de los cambios constitucionales operados en Latinoamérica y Europa del Este se enfrentaron al dilema o problema denominado "la cuadratura del círculo", relativo a la necesidad y posibilidad de articular el bienestar, la solidaridad y la libertad. Esas experiencias nos muestran que, en todo cambio constitucional profundo, vuelven a plantearse problemas de justicia. 


Cuando esos problemas no encuentran un cauce legítimo para su resolución y concurren además otros factores y condiciones especiales, el desconocimiento del sistema de legalidad y la alteración del orden pueden dar paso a la violencia. En esas condiciones, el colapso del orden legal e institucional puede así dar lugar a la anomia, escenario propicio para una mayor violencia.

En síntesis, la aplicación de un nuevo orden constitucional, jurídico e institucional no es una tarea fácil y conlleva riesgos, en lo concerniente a la cohesión social, el respeto al principio de legalidad y la fidelidad democrática. 

Referentes constitucionales:

Las disposiciones transitorias, establecidas a continuación del Art. 411º de la nueva Constitución Política del Estado, contienen la preceptiva destinada a regir el proceso de transición constitucional y cambio del sistema jurídico, en términos de tiempo y oportunidad. Ese programa de transición se sintetiza en el siguiente cuadro:


DISPOSICION PRIMERA: Sanción del Nuevo Régimen Electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente. 60 días computables desde la promulgación del CPE (06.02.9) Elección de Asambleístas, Presidente y Vicepresidente.06.12.09. Elección de autoridades departamentales y municipales.04.04.10

SEGUNDA: Sanción por la Asamblea Legislativa Nacional de las siguientes leyes:

-Ley del Órgano Electoral Plurinacional.
-Ley del Régimen Electoral.
-Ley del Órgano Judicial.
-Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
-Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 180 días desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. (Instalación estimada en 30 días posteriores a fecha 06.01.10)

TERCERA: Acceso directo al régimen de autonómico departamental, de acuerdo a la CPE, por los departamentos que optaron por las autonomías, en el referéndum de 02.07.06, adecuación de sus estatutos y sujeción de los mismos a control de constitucionalidad. (Con referencia a este aspecto, no queda claro si el acceso directo es inmediato a la aprobación de la CPE o si presupone la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización prevista para fecha tope 04.07.10

QUINTA: Aprobación de las leyes necesarias para el desarrollo de las leyes constitucionales. Periodo del primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

SÉPTIMA Delimitación del territorio indígena en base a TCO´s y conversión administrativa a TIOC´s. 1 año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo

OCTAVA: Adecuación de las concesiones sobre recursos natrales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. 1 año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo.

Declaración de ineficacia de las concesiones mineras de minerales metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, en reservas fiscales del territorio nacional. 1 año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo

Complejidad del tiempo de transición

Teóricamente y conforme a lo establecido por las Disposiciones Transitorias, el cronograma de transición establecido por la nueva Carta Magna se desarrolla a lo largo de seis (6) años. Ese tiempo de cambio jurídico constitucional se inicia con la sanción del nuevo Régimen Electoral, entre el 6 de Febrero y el 7 de Abril del 2009 y concluye con la aprobación de las leyes necesarias para el desarrollo de las leyes constitucionales, hasta el 6 de Enero de 2014.

Ahora bien, lo que se tiene detrás de la mencionada declaración formal, relativa al tiempo de transición constitucional, es una monumental tarea que, teóricamente, importa un cambio del sistema jurídico total; esto es, una sustitución de la totalidad del sistema jurídico de normas jurídicas derivadas vigentes por disposiciones legales que den deriven de la nueva Constitución y den cuenta de la nueva Bolivia refundada.
Esa monumental tarea, que tiene que enfrentar el Estado Boliviano, pasa en primer lugar por la producción legislativa de una infinidad de códigos, disposiciones legales especiales y otras normas jurídicas de menor jerarquía, necesarias para la regulación de las relaciones económicas y sociales, públicas y privadas, a múltiples niveles de la vida nacional.
En este orden, la nómina de requerimientos legislativos puede ser verdaderamente extensa, pues se refiere, a códigos sustantivos (Civil, Comercio, Penal, Familia, Tributario, etc.), disposiciones legales especiales (Municipalidades, Descentralización y Autonomías, Justicia Comunitaria, Aduanas, Bancos y Entidades Financieras, etc.) y finalmente otras normas derivadas y complementarias, necesarias en diversos ordenes de actividad.

Lo que es más, esa tarea de reconstrucción total del sistema jurídico nacional presupone, al menos teóricamente, la "reingeniería" y reorganización de la totalidad del Estado, en función del nuevo orden constitucional y, por supuesto, la reconstitución de la totalidad del régimen de autoridad, competencia y funcionamiento de todas las instancias de los poderes del Estado u órganos, como se denominan ahora.













TEMA No 8.

PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL


REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO CULTURAL
Morales Ayma, es la figura emblemática de los cambios profundos y trascendentales de la revolución democrática y cultural boliviana. Indígena, sindicalista, cocalero, el actual presidente asumió las esperanzas de muchos bolivianos que por siglos fueron excluidos y marginados de la vida pública y política. Su elección, con casi el 54% de los votos, es la expresión electoral de mayor dimensión que ningún presidente haya alcanzado en este país.

La Bolivia de hoy no se puede entenderse sin la larga historia de explotación y exclusión de la mayoría de su población. Una historia que atravesó momentos críticos y esperanzadores a la vez. Hoy estamos en tiempos cruciales donde se vislumbraría una nueva nación. El proceso de la revolución democrática y cultural iniciado el año 2006 con el Movimiento al Socialismo (MAS) "es irreversible y un camino sin retorno"


El MAS se gesta en los sectores más oprimidos, odiados, políticamente marginados y perseguidos", agregó al destacar que uno de sus objetivos es lograr la igualdad entre todos los bolivianos para que accedan con todos los derechos que le confiere la Constitución Política del Estado.


Los cambios que propone el MAS se originan en las expectativas y demandas de los movimientos sociales para que sea el pueblo y sus líderes los que conduzca los destinos de la Patria por encima de cualquier otro interés.

EL SOCIALISMO COMUNITARIO Y EL PARADIGMA DEL “VIVIR BIEN”

El nacimiento del socialismo comunitario y antiimperialista, se consolidó al consagrar la flamante Constitución del Estado Plurinacional bajo el signo de la igualdad, la multiculturalidad y la solidaridad, "Proclamo el socialismo comunitario", dijo el mandatario, levantando un ejemplar de la nueva carta magna ante 200.000 personas, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, el 7 de febrero de 2009.

Por otra parte el vicepresidente y presidente del Congreso Nacional legislativo admitió las debilidades del nuevo texto constitucional, y aseguró que "en sus limitaciones y virtudes, es lo mejor que los bolivianos hemos soñado". "Se cierra una época de sufrimiento y se abre una nueva etapa de libertad y justicia, con el liderazgo que el pueblo humilde recupera después de 500 años y que ahora une a los bolivianos", expresó García Linera. 

Para consolidar el proceso, García indicó que se deben cumplir tres condiciones. La primera es consolidar la plurinacionalidad, es decir el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos; que indígenas y mestizos gocen de similares prerrogativas.
El segundo pilar para sostener la transformación del Estado es, la autonomía democrática. Según García, sólo así se acabará con la práctica de algunos sectores que obtienen beneficios de los recursos estatales. Como tercer pilar para la construcción del “Estado integral” realzó la importancia de alcanzar la soberanía económica con base en políticas estatales.
Asimismo, para lograr la consolidación de estos tres pilares y la consiguiente consolidación del nuevo Estado socialista, planteó la necesidad de mantener la unidad de los pueblos para derrotar a las “adversidades” que se presentarían en el camino.
Para el logro del Socialismo Comunitario es fundamental la práctica del Paradigma “Vivir Bien” que no solo se habla en nuestro país sino también en América latina el cual está atravesando por una ebullición de cambios políticos y sociales, en este escenario que se está debatiendo de todo, se está cuestionando al Estado, en este escenario es que el “vivir bien”, aparece, para interpelar las ideologías clásicas europeas, (capitalismo, comunismo) y plantear en la misma lógica una nueva filosofía, ideología y hasta religión, proponiendo a la Madre Tierra o Pacha Mama, en un plano de deidad por encima de toda otra lógica religiosa.
Este renacer de ideas propias de intelectuales indígenas de América Latina, convergen en que el vivir bien es el camino a seguir de los pueblos de América, este concepto que varía de nación en nación y de lengua en lengua, se sitúa en el post desarrollo, va mas allá del desarrollo económico, social y humano, pues posee indicadores propios de desarrollo, los cuales no son medidos a través del la producción de bienes y servicios, sino, es a través de la vida armónica con la naturaleza, el hombre y la Madre Tierra considerados todos estos como uno solo.
El origen de este paradigma se puede situar en el emerger de los pueblos indígenas de América Latina, sus cosmovisiones ancestrales, sus tradiciones, y su relación con la naturaleza alientan las bases teóricas del vivir bien. Sin embargo en cada nación indígena este paradigma tiene sus propias particularidades, para el Pueblo Quichua ecuatoriano buen vivir o Sumak kawsay en esta lengua significaría una “vida buena” ni mejor ni peor que las de otros ni un afán en conseguir mejorarla. Para el pueblo Aymara Boliviano el vivir bien o Suma Qamaña introduce el elemento comunitario y podría traducirse en el vivir armoniosamente con los demás y con la Madre Tierra o Pacha Mama.
En los últimos años los postulados del vivir bien han sido recogidos en constituciones de América Latina al respecto la Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su preámbulo que Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, es decir que la búsqueda del vivir bien es el fin y los otros principios que menciona como el de la igualdad, la armonía etc. Son los medios o instrumentos, pero no se detiene ahí y lo más importante es que en esta Constitución boliviana se establece que el modelo económico y el modelo educativo están orientados a la búsqueda del vivir bien esto denota que Bolivia o por lo menos el gobierno de Evo Morales está desarrollando este concepto nos solo en su forma de organización estatal, sino también en su organización económica y social.

CENTRALISMO, DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER

Existe un buen grado de consenso en que el país requiere de una mayor descentralización, todos los ciudadanos bolivianos han sufrido, de alguna manera, el exceso de concentración de autoridad, en su expresión más perversa, el burocratismo ineficiente.

Este consenso se traduce en manifestaciones de distinta índole para acelerar el proceso que permita desconcentrar las decisiones y las acciones que se realizan en Bolivia. Estas manifestaciones alientan el debate sobre el mecanismo para llegar a transformaciones constitucionales y sobre el grado y la intensidad de esta desconcentración.

A simple vista se estarían enfrentando propuestas radicalmente opuestas, desde aquellas que estiman necesario fundar un estado aymara consistente étnicamente hasta aquellos que proponen la regionalización del país desde una óptima más bien económica. Así distintos actores intentan diseñar una nueva regionalización, departamentalización, nacionalización en respuesta exclusiva a sus propios intereses.

De ahí que el mecanismo en que se discuta y legitime el nuevo diseño de desconcentración es fundamental por el simple cálculo político de los actores, en realidad se intenta subordinar el debate al mecanismo de discusión y verificación de legitimidad.

Esta indefinición entre referéndum, asamblea constituyente, reforma a la constitución en base a sus propios preceptos, ensombrece un debate que al parecer no da mucho de si mismo. Cuando uno se acerca en detalle a los principales patrocinadores del discurso de las autonomías, provengan de donde provengan, se encuentra con preocupaciones similares y muy pocas diferencias a la hora de concretarse en alternativas viables.


AUTONOMÍAS EN BOLIVIA.

Aprobada y vigente la nueva Carta Magna, lo está también, obvio, su tercera disposición transitoria, la que permite a los “departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006” acceder directamente al régimen autonómico con sus Estatutos –también aprobados por el voto popular- a condición de que los textos de estos últimos sean adecuados a las disposiciones contenidas en la NC. 

Esta disposición abrió la posibilidad de que una de las primeras tareas a cumplirse para facilitar la vigencia real de la nueva Constitución, por un lado, y de las autonomías departamentales, por otro, sea la identificación de las discrepancias existentes entre ésta y las Cartas Departamentales. No cabe duda que para adecuar la normativa sub nacional a los mandatos constitucionales se necesita, primero, visualizar los temas, materias y artículos que requieren compatibilización y al hacerlo tendrá que prestarse atención a la intensidad de los desencuentros, porque ella (la intensidad) determina si la ruta para la adecuación pasa por una ley nacional, una ley departamental, combinaciones de unas y otras o debe encararse, inevitablemente, la reforma del Estatuto e incluso, aunque sólo a posteriori, ajustes constitucionales.


Seguramente este es uno de los temas más discutidos en Bolivia en los últimos años, debido sobre todo al hecho de que la creación de varios niveles autónomos de gobierno afecta a la administración pública departamental, a la gestión de los recursos naturales y a la propiedad y distribución de los recursos económico-financieros. No obstante, y a despecho de la insistencia de los debates, las diferencias entre la NC y los EA son menores que las que uno podría imaginarse al calor de las discusiones.

Como se sabe, la Lex Suprema, ratificada por el cuerpo electoral el 25 de enero, diseña la organización territorial del Estado en función de cuatro instancias de gobierno y administración: el departamento, los municipios, las regiones y las entidades territoriales indígena-originaria-campesinasasí como señala Artículo 269 parágrafo 1. Se trata, a todas luces, de una organización compleja, que fue y continúa siendo cuestionada por varios analistas.

Al presente los departamentos y municipios van trabajando sus estatutos, cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional.