PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL Y LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
OBJETIVO HOLÍSTICO: Fortalecemos conocimientos sobre el
proceso sociopolítico que atravesó nuestro país en el tránsito hacia el nuevo modelo de Estado, desarrollando actitudes críticas y reflexivas a partir de
una lectura correcta de la realidad, mediante el
análisis del contenido y la investigación de
profundización, para comprender el
proceso de cambio encarado por el actual gobierno en el ámbito político,
económico, social, cultural y ambiental.
TEMA No 8.
PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO
PLURINACIONAL
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO
CULTURAL
Morales Ayma, es la figura emblemática de los cambios profundos y
trascendentales de la revolución democrática y cultural boliviana. Indígena,
sindicalista, cocalero, el actual presidente asumió las esperanzas de muchos
bolivianos que por siglos fueron excluidos y marginados de la vida pública y
política. Su elección, con casi el 54% de los votos, es la expresión electoral
de mayor dimensión que ningún presidente haya alcanzado en este país.
La Bolivia de hoy no se puede entenderse sin la larga historia de explotación y exclusión de la mayoría de su población. Una historia que atravesó momentos críticos y esperanzadores a la vez. Hoy estamos en tiempos cruciales donde se vislumbraría una nueva nación. El proceso de la revolución democrática y cultural iniciado el año 2006 con el Movimiento al Socialismo (MAS) "es irreversible y un camino sin retorno"
El MAS se gesta en los sectores más oprimidos, odiados, políticamente marginados y perseguidos", agregó al destacar que uno de sus objetivos es lograr la igualdad entre todos los bolivianos para que accedan con todos los derechos que le confiere la Constitución Política del Estado.
Los cambios que propone el MAS se originan en las expectativas y demandas de los movimientos sociales para que sea el pueblo y sus líderes los que conduzca los destinos de la Patria por encima de cualquier otro interés.
EL SOCIALISMO COMUNITARIO Y EL PARADIGMA DEL “VIVIR
BIEN”
El nacimiento del socialismo
comunitario y antiimperialista, se consolidó al consagrar la flamante
Constitución del Estado Plurinacional bajo el signo de la igualdad, la
multiculturalidad y la solidaridad, "Proclamo el socialismo
comunitario", dijo el mandatario, levantando un ejemplar de la nueva carta
magna ante 200.000 personas, entre ellos el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la guatemalteca
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, el 7 de febrero de 2009.
Por otra parte el vicepresidente y
presidente del Congreso Nacional legislativo admitió las debilidades del nuevo
texto constitucional, y aseguró que "en sus limitaciones y virtudes, es lo
mejor que los bolivianos hemos soñado". "Se cierra una época de
sufrimiento y se abre una nueva etapa de libertad y justicia, con el liderazgo
que el pueblo humilde recupera después de 500 años y que ahora une a los
bolivianos", expresó García Linera.
Para consolidar el proceso, García
indicó que se deben cumplir tres condiciones. La primera es consolidar la
plurinacionalidad, es decir el reconocimiento de los derechos de todos los
ciudadanos; que indígenas y mestizos gocen de similares prerrogativas.
El segundo pilar para sostener la
transformación del Estado es, la autonomía democrática. Según García, sólo así
se acabará con la práctica de algunos sectores que obtienen beneficios de los
recursos estatales. Como tercer pilar para la construcción del “Estado
integral” realzó la importancia de alcanzar la soberanía económica con base en
políticas estatales.
Asimismo, para lograr la
consolidación de estos tres pilares y la consiguiente consolidación del nuevo
Estado socialista, planteó la necesidad de mantener la unidad de los pueblos
para derrotar a las “adversidades” que se presentarían en el camino.
Para el logro del Socialismo
Comunitario es fundamental la práctica del Paradigma “Vivir Bien” que no solo
se habla en nuestro país sino también en América latina el cual está
atravesando por una ebullición de cambios políticos y sociales, en este
escenario que se está debatiendo de todo, se está cuestionando al Estado, en
este escenario es que el “vivir bien”, aparece, para interpelar las ideologías
clásicas europeas, (capitalismo, comunismo) y plantear en la misma lógica una
nueva filosofía, ideología y hasta religión, proponiendo a la Madre Tierra o
Pacha Mama, en un plano de deidad por encima de toda otra lógica religiosa.
Este renacer de ideas propias de
intelectuales indígenas de América Latina, convergen en que el vivir bien es el
camino a seguir de los pueblos de América, este concepto que varía de nación en
nación y de lengua en lengua, se sitúa en el post desarrollo, va mas allá del
desarrollo económico, social y humano, pues posee indicadores propios de
desarrollo, los cuales no son medidos a través del la producción de bienes y
servicios, sino, es a través de la vida armónica con la naturaleza, el hombre y
la Madre Tierra considerados todos estos como uno solo.
El origen de este paradigma se puede
situar en el emerger de los pueblos indígenas de América Latina, sus
cosmovisiones ancestrales, sus tradiciones, y su relación con la naturaleza
alientan las bases teóricas del vivir bien. Sin embargo en cada nación indígena
este paradigma tiene sus propias particularidades, para el Pueblo Quichua
ecuatoriano buen vivir o Sumak kawsay en esta lengua significaría una “vida
buena” ni mejor ni peor que las de otros ni un afán en conseguir mejorarla.
Para el pueblo Aymara Boliviano el vivir bien o Suma Qamaña introduce el
elemento comunitario y podría traducirse en el vivir armoniosamente con los
demás y con la Madre Tierra o Pacha Mama.
En los últimos años los postulados
del vivir bien han sido recogidos en constituciones de América Latina al
respecto la Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su
preámbulo que Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos,
con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía
y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde
predomine la búsqueda del vivir bien, es decir que la búsqueda del vivir bien
es el fin y los otros principios que menciona como el de la igualdad, la
armonía etc. Son los medios o instrumentos, pero no se detiene ahí y lo más
importante es que en esta Constitución boliviana se establece que el modelo
económico y el modelo educativo están orientados a la búsqueda del vivir bien
esto denota que Bolivia o por lo menos el gobierno de Evo Morales está
desarrollando este concepto nos solo en su forma de organización estatal, sino
también en su organización económica y social.
CENTRALISMO, DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER
Existe un buen grado de consenso en que el país
requiere de una mayor descentralización, todos los ciudadanos bolivianos han
sufrido, de alguna manera, el exceso de concentración de autoridad, en su
expresión más perversa, el burocratismo ineficiente.
Este consenso se traduce en manifestaciones de distinta índole para acelerar el proceso que permita desconcentrar las decisiones y las acciones que se realizan en Bolivia. Estas manifestaciones alientan el debate sobre el mecanismo para llegar a transformaciones constitucionales y sobre el grado y la intensidad de esta desconcentración.
A simple vista se estarían enfrentando propuestas radicalmente opuestas, desde aquellas que estiman necesario fundar un estado aymara consistente étnicamente hasta aquellos que proponen la regionalización del país desde una óptima más bien económica. Así distintos actores intentan diseñar una nueva regionalización, departamentalización, nacionalización en respuesta exclusiva a sus propios intereses.
De ahí que el mecanismo en que se discuta y legitime el nuevo diseño de desconcentración es fundamental por el simple cálculo político de los actores, en realidad se intenta subordinar el debate al mecanismo de discusión y verificación de legitimidad.
Esta indefinición entre referéndum, asamblea constituyente, reforma a la constitución en base a sus propios preceptos, ensombrece un debate que al parecer no da mucho de si mismo. Cuando uno se acerca en detalle a los principales patrocinadores del discurso de las autonomías, provengan de donde provengan, se encuentra con preocupaciones similares y muy pocas diferencias a la hora de concretarse en alternativas viables.
AUTONOMÍAS EN BOLIVIA.
Aprobada y vigente la nueva Carta
Magna, lo está también, obvio, su tercera disposición transitoria, la
que permite a los “departamentos que optaron por la autonomía departamental en
el referéndum del 2 de julio de 2006” acceder directamente al régimen
autonómico con sus Estatutos –también aprobados por el voto popular- a
condición de que los textos de estos últimos sean adecuados a las disposiciones
contenidas en la NC.
Esta disposición abrió la posibilidad de que una de las primeras tareas a cumplirse para facilitar la vigencia real de la nueva Constitución, por un lado, y de las autonomías departamentales, por otro, sea la identificación de las discrepancias existentes entre ésta y las Cartas Departamentales. No cabe duda que para adecuar la normativa sub nacional a los mandatos constitucionales se necesita, primero, visualizar los temas, materias y artículos que requieren compatibilización y al hacerlo tendrá que prestarse atención a la intensidad de los desencuentros, porque ella (la intensidad) determina si la ruta para la adecuación pasa por una ley nacional, una ley departamental, combinaciones de unas y otras o debe encararse, inevitablemente, la reforma del Estatuto e incluso, aunque sólo a posteriori, ajustes constitucionales.
Seguramente este es uno de los temas más discutidos en Bolivia en los últimos años, debido sobre todo al hecho de que la creación de varios niveles autónomos de gobierno afecta a la administración pública departamental, a la gestión de los recursos naturales y a la propiedad y distribución de los recursos económico-financieros. No obstante, y a despecho de la insistencia de los debates, las diferencias entre la NC y los EA son menores que las que uno podría imaginarse al calor de las discusiones.
Como se sabe, la Lex Suprema, ratificada por el cuerpo electoral el 25 de enero, diseña la organización territorial del Estado en función de cuatro instancias de gobierno y administración: el departamento, los municipios, las regiones y las entidades territoriales indígena-originaria-campesinas, así como señala Artículo 269 parágrafo 1. Se trata, a todas luces, de una organización compleja, que fue y continúa siendo cuestionada por varios analistas.
Al presente los departamentos y municipios van trabajando sus estatutos, cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
TEMA No 9.
POLÍTICAS DE ESTADO PARA EL DESARROLLO DE
BOLIVIA
SOBERANÍA Y SEGURIDAD
ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA
A raíz de la crisis mundial de alimentos y los
incrementos de precios en una variedad de productos alimenticios que se dieron
en Bolivia a partir de 2007, el gobierno comenzó a señalar en sus documentos
sobre políticas y en sus planes agrarios, la necesidad de potenciar la
producción agrícola y agroindustrial interna para abastecer la demanda del
mercado nacional de alimentos, adoptando, además del concepto de seguridad
alimentaria el de soberanía alimentaria.
El concepto de “seguridad alimentaria”, acuñado
en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se refiere a que los países cuenten
con un nivel de oferta suficiente de alimentos inocuos y nutritivos a los
cuales la población tenga acceso. En este sentido y en el marco de las
políticas neoliberales en boga, este planteamiento que hace énfasis en la
perspectiva de la disponibilidad de alimentos, no menciona el tema del origen
nacional de los mismos.
Este concepto responde a los
planteamientos de los países capitalistas adelantados que propugnan la apertura
irrestricta de las economías de los países atrasados, a objeto de lograr la
introducción de sus mercancías – en este caso, agropecuaria o agroindustriales
– en estos últimos.
Por su parte, el concepto de
soberanía alimentaria, que fuera planteado por el movimiento la Vía Campesina,
también a raíz de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas
en inglés), realizada en 1996, hace más bien referencia a la facultad de cada
Estado para definir sus propias políticas alimentarias y, por tanto agrarias,
lo que implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mercado
interno y de privilegiar la producción doméstica de alimentos frente a la
importación de los mismos.
Para el gobierno del MAS una política
de seguridad y soberanía alimentaria debería “avanzar en la promoción de la
autosuficiencia alimentaria, en el entendido de que la dependencia alimentaria
de productos importados de otros países tiene efectos contraproducentes en la
alimentación de la población, ya que cambios en las políticas y en el contexto
internacional pueden provocar procesos de desabastecimiento de alimentos en el
mercado nacional, con severas consecuencias económicas, sociales y políticas
para los países” (sic).
El plan denominado Revolución Rural,
Agropecuaria y Forestal dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), en noviembre de 2007,considera que las
políticas neoliberales aumentaron las desigualdades en el campo, pues la
promoción de la agricultura de exportación terminó concentrando la riqueza “en
pequeños grupos de élites agrarias” y discriminando “a las economías
campesinas, comunitarias y asociativas que dependen de la agricultura”,
agravando, por tanto, “la dependencia alimentaria” .
Frente a esta situación, señala la
necesidad de construir otro “patrón de desarrollo agrario” que alcance la
soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente, con base en sistemas de
producción agrícola y forestal comunitarios, asociativos e individuales. A
tiempo de plantear el desarrollo de una economía rural “plural y diversa” para
la “coexistencia de las economías estatales, comunitarias, asociativas y
empresariales” a objeto de “democratizar el acceso a los beneficios económicos
provenientes de la agricultura”, las políticas proponen “fortalecer el rol de
la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”,
con el objetivo de “promover el incremento en cantidad y calidad de la
producción de alimentos”.
Es importante resaltar que para el gobierno “la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques, en el marco de la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria” (subrayado del autor). En otras palabras, plantea que sin transformaciones profundas en este ámbito, no será posible lograr los objetivos de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria y entre ellos, aquellos referidos al incremento de la oferta campesina de alimentos.
Es importante resaltar que para el gobierno “la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques, en el marco de la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria” (subrayado del autor). En otras palabras, plantea que sin transformaciones profundas en este ámbito, no será posible lograr los objetivos de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria y entre ellos, aquellos referidos al incremento de la oferta campesina de alimentos.
SOBERANÍA Y SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD
Tomando en cuenta la visión que tiene
el Ministerio del Agua, “Bolivia realiza una gestión equitativa,
participativa, sostenible y recreativa de sus recursos hídricos y los servicios
asociados a ello contribuyendo así, efectivamente, al desarrollo social y
económico de una sociedad pluricultural y multiétnica, y a la conservación del
medio ambiente"; y como misión “Satisfacer las
necesidades que tiene la población de agua en cantidad y calidad suficientes,
tanto para su consumo como para sus actividades productivas, respetando el
medio ambiente, la biodiversidad, las formas naturales de organización de los
pueblos y de las comunidades indígenas y campesinas. Implantar una gestión
integral que mejore la disponibilidad, el acceso equitativo, solidario,
universal y de calidad a los recursos hídricos y los servicios asociados a
ellos en el país”.
Entre sus lineamientos de política
esta, desarrollar políticas públicas, orientadas a incorporar a la sociedad
civil, incluyendo a comunidades rurales, indígenas y pueblos originarios, en la
implementación de los modelos de gestión integral de los recursos hídricos.
Por lo que el agua no debe ser
considerada como una mercancía, sobre este principio, no podrá ser materia de
tratados de libre comercio internacional y tratados bilaterales. El agua es un
patrimonio común y público, por lo tanto los servicios de agua deben ser de
dominio público y gestión social.
La cuenca no sólo es un espacio
físico geográfico hidrológico, sino un espacio de vida y expresión cultural de
las poblaciones que viven alrededor, siendo el agua es un El recurso natural
fundamental para la vida y la salud de todos los seres humanos.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y MINERIA
La recuperación de los precios de los
minerales en los mercados mundiales ha constituido un elemento fundamental para
la reactivación de la actividad del sector, a partir de inversiones de magnitud
en nuevos proyectos, como San Cristóbal y Mutún, y la reapertura de minas
realizada por mineros pequeños, que en los siguientes años constituirán fuentes
importantes de generación de ingresos, divisas, empleo y dinamismo regional.
Asimismo, debido a la tradición de la actividad minera en el territorio nacional
y los descubrimientos realizados, se prevé la existencia de un importante
potencial geomineralógico pendiente de ser probado, que podría incluir una
amplia y diversa gama, desde minerales metálicos y no metálicos hasta piedras
preciosas, que se encuentran en todo el territorio del país.
Así por ejemplo, la cordillera
oriental y occidental cubre aproximadamente el 42 por ciento del territorio
nacional, y hospeda más de 2200 prospectos en plata, estaño, antimonio,
wólfram, plomo, zinc, cobre, bismuto y otros. El precámbrico, con una extensión
del 18 por ciento del territorio nacional tiene una zona metalífera con más de
100 prospectos de oro, platino, níquel, tantalio, platino, hierro y otros. La
llanura beniana abarca el 40 por ciento del territorio boliviano y tiene
depósitos de estaño, wólfram y oro.
Bolivia todavía cuenta con un
potencial importante de recursos humanos capacitados en el sector minero, que
pese a la proceso de relocalización, se mantiene dentro de esta actividad. La
existencia de agrupaciones sociales mineras fuertemente cohesionadas constituye
un potencial que puede permitir una aplicación más ágil y efectiva de las
políticas sectoriales.
Como prueba de ello, el nuevo
Gobierno, en mayo de 2006, firmó un acuerdo entre la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras
de Bolivia, el Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL para establecer
acuerdos comunes a fin de impulsar el desarrollo integral del sector, de las
regiones y las comunidades en el marco de la nueva realidad boliviana.
En ese marco, el sector minero se ha
propuesto contribuir a la generación de excedentes mediante el cambio del
patrón primario exportador con un nuevo modelo que, por un lado, contribuya a
la industrialización de la actividad minera con agregación de valor y, por otro
-con un nuevo rol del Estado donde participe directamente en proyectos
estratégicos, promueva la actividad productiva de las organizaciones sociales y
comunitarias-, garantice el desarrollo de la iniciativa privada, y realice un
mejor uso y destino del excedente económico.
A partir de una reingeniería
institucional y jurídica del sector, el Estado controlará y fiscalizará las
concesiones mineras y participará activamente en las actividades de prospección,
exploración y generación de valor agregado. También ejercerá el control de la
comercialización de minerales y metales, y centralizará el acopio y
comercialización de la producción de las cooperativas y mineros chicos.
Finalmente, participará de los excedentes mineros de forma directa en las
empresas dependientes de COMIBOL o en asociación con el sector privado, e
implementará un nuevo régimen tributario que permita mayores ingresos fiscales.
En este nuevo marco, los principales
actores serán: COMIBOL, que a nombre del Estado participará en toda la cadena
productiva; las entidades normativas y reguladoras, encargadas de la Política
Nacional Minera; y las iniciativas privadas tanto nacionales como extranjeras.
Las políticas diseñadas para lograr el
cambio propuesto son: el control estratégico de los recursos mineralógicos del
país, recuperación de las concesiones mineras en las que no se haya realizado
inversiones, ampliación del conocimiento del potencial geomineralógico del
territorio nacional, la diversificación y aumento del valor agregado de la
producción minera, y el fortalecimiento de la minería cooperativa y chica.
La elaboración de la Nueva Ley de
Minería y Reingeniería de las instituciones del sector minero estatal, brindará
el nuevo marco jurídico e institucional del sector que permitirá la
intervención del Estado en el desarrollo minero, con facultades de control,
fiscalización y promoción en todo el circuito productivo, desde la otorgación
de concesiones mineras hasta la industrialización, restituyendo a COMIBOL su
rol productivo y mejorando la participación del Estado en los beneficios de la
actividad minera.
La
nueva Ley de Minería considerará las siguientes temáticas:
- Reforma del régimen de concesiones
mineras, para evitar el uso ineficiente de éstas, se reducirá la cantidad
máxima de concesiones con un límite de hasta 1.000 cuadrículas. Asimismo, se
adicionan causalidades para la caducidad y la falta de pago de patente.
- Nuevo régimen impositivo que
incremente las recaudaciones para el Estado y permita la participación de las
comunidades. La acreditabilidad del Impuesto Complementario Minero (ICM) sobre
el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) estará en función al nivel
de precios. Adicionalmente, se incorporará nuevas alícuotas específicas a otros
minerales y se creará instrumentos para la estabilidad tributaria.
- Reforma del régimen de
comercialización, que transparente el mercado y mejore su eficiencia,
otorgándole roles a instituciones estatales como agentes públicos para la
comercialización y exportación de minerales y metales.
- El nuevo régimen minero reconocerá
como agentes de desarrollo que interviene en toda la cadena productiva a la
minería cooperativizada, la minería estatal (COMIBOL), la minería chica y la industria
minera privada, mediana y grande.
- Se crearán unidades especializadas
en prevención y solución de conflictos en áreas mineras.
- La Reingeniería del sector minero estatal considerará el fortalecimiento de COMIBOL con nuevos roles productivos en todas las fases del ciclo minero, permitiendo la integración de CIRESU.
- La Reingeniería del sector minero estatal considerará el fortalecimiento de COMIBOL con nuevos roles productivos en todas las fases del ciclo minero, permitiendo la integración de CIRESU.
- Fortalecimiento de SERGEOTECMIN,
dotándole de capacidad operativa para realizar actividades de prospección y
exploración minera.
- Conformar una estructura
institucional para la administración del régimen de concesiones mineras, con
base en la actual Superintendencia de Minas.
- COMIBOL intervendrá de manera
competitiva y con eficacia en toda la cadena productiva tanto en áreas nuevas
como concesiones no comprometidas. Concluida la intervención de la mina
Huanuni, el Estado reactivará de forma dinámica la actividad minera estañífera,
conciliando los intereses de los cooperativistas mineros y de los trabajadores
de la minería estatal.
En el marco de la política de control
estratégico de los recursos mineralógicos del país, el Estado participará en la
cadena productiva y fiscalizará las actividades mineras, ello permitirá lograr
mayores ingresos fiscales. Para tal efecto, la estrategia que se propone es
modificar el marco jurídico, regulatorio, institucional y productivo del sector
minero, que comprende la reposición del rol productivo del Estado en todo el
ciclo de la minería, y el potenciamiento de COMIBOL, como una entidad
autárquica, descentralizada regionalmente y auto sustentable. Asimismo, el
programa reformará el marco legal e institucional del sector minero, con el que
se pretende modificar los regímenes de concesiones mineras, tributario y de
comercialización.
En la parte institucional se pretende
readecuar y reasignar roles y competencias a las instituciones estatales de la
minería. Para ambos aspectos es prioritaria la elaboración y aprobación de la
nueva Ley Minera y la Reingeniería de las instituciones del sector minero
estatal, los que permitirán que COMIBOL participe en las actividades
productivas, se integre CIRESU a su estructura organizacional, se fortalezca a
SERGEOTECMIN y se consolide una institución para administrar el régimen de
concesiones.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y AGUA
El impacto de las medidas de privatización sobre
el patrimonio social y público del país y sobre los derechos de gestión de las
comunidades campesinas, indígenas y originarias, obligó a la población a
defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaba tradicionalmente.
Esta defensa se hizo realidad con movilizaciones, paros cívicos y otros
enfrentamientos contra el gobierno de turno. El principal conflicto ocurrió en
Cochabamba con la “guerra del agua”. Posteriormente, a fines del año 2004, una
nueva crisis se produjo en las ciudades de El Alto y La Paz, luego de que
vecinos de la ciudad de El Alto denunciaran actos irregulares en la prestación
de servicios de agua potable y alcantarillado, el incumplimiento de metas de
conexión y la elevación de los precios de conexión por parte de la empresa
Aguas del Illimani. Las movilizaciones y protestas sociales lograron la
promulgación de un Decreto Supremo que dispone el inicio de las acciones
pertinentes para la ruptura del contrato de concesión con esta empresa con sede
en la ciudad de La Paz.
La baja cobertura e inadecuada calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento es uno de los problemas que afecta al sector. En Bolivia,
aproximadamente 2,3 millones de habitantes no tienen acceso al Agua Potable, de
los cuales 75 por ciento corresponde al área rural. Cerca de 5 millones de
habitantes no tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento, de los cuales
un 57 por ciento corresponden al área rural.
El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento básico en general, en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos y las cuencas, y de una gestión participativa y responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestación de los servicios.
Los servicios deben garantizar el abastecimiento a los pobres, con niveles tarifarios razonables que permitan recuperar los costos, evitando cargas a los usuarios, buscando sustentabilidad, razonabilidad, calidad de servicios, información, transparencia, solidaridad, participación social en niveles de planificación y toma de decisiones estratégicas, reinversión de los recursos provenientes de las tarifas, apoyo y participación del Estado para cubrir rezagos de inversión y beneficiar a la población más vulnerable.
Se elaborará la Política Financiera Sectorial (PFS) mediante Decreto Supremo en el marco de la Nueva Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley “Agua para la Vida”) en el año 2006. Tanto la Nueva Ley como sus reglamentos (incluyendo la PFS) ya están elaborados en formato de proyecto.
La mayor parte de las inversiones, se realizarán a través de la Política Financiera Sectorial (PFS) misma que establecerá licitación de recursos de pre inversión cuyos ganadores accederán a recursos de inversión. La PFS establece una fórmula denominada Identificador de Áreas de Inversión (IARIS).
En cuanto a líneas de inversión, consideramos importante abrir dos nuevas: Agua y Saneamiento para Pueblos Indígenas y Originarios con inversiones destinadas a resolver las carencias de servicios de parte de pueblos y comunidades indígenas en sus territorios demandados o titulados e inversiones en Enclaves Geográficos socioproductivos.
En estos enclaves, se pretende desarrollar procesos de inversión integral con impacto sistémico, teniendo el cuidado de generar distribuciones equitativas de los beneficios resultantes de las inversiones en factores productivos y en servicios, velando por no crear procesos de estratificación que concentren beneficios en pocos grupos. Inversiones sustanciosas en enclaves pueden generar procesos de crecimiento demográfico por lo cual se debe prever inversiones importantes en servicios que pudieran acompañar dicho crecimiento.
El Estado, fortalecerá a todas las EPSA, incluyendo Cooperativas y otras
formas de asociación para la prestación de servicios básicos. No se permitirá
la creación de entidades privadas con fines de lucro o de carácter mixto para
la prestación de servicios. Las entidades públicas de prestación de servicios
básicos ya existentes y las que sean creadas de mutuo acuerdo entre los
usuarios y los gobiernos municipales, serán fortalecidas en el marco de la
política financiera sectorial, apoyada y fortalecida por el Ministerio del
Agua, la Entidad Nacional de Regulación de Saneamiento (ENARES) y la Fundación
de Saneamiento Básico (FUNDASAB).
La FUNDASAB, por su parte tendrá el respaldo de fondos de la PFS para realizar acciones de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario. En el marco de los concursos públicos con fondos PFS, la FUNDASAB, apoyará a las Entidades de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) para cumplir con los requisitos necesarios para postular a fondos de pre inversión; posteriormente, con las EPSA ganadoras del concurso público, FUNDASAB asesorará a las mismas para elaborar sus proyectos a diseño final y a cumplir con otros requisitos necesarios para la fase de inversión (Planes Integrales de Desarrollo, que contiene entre otros el Plan Estratégico de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Quinquenal); en la etapa de Inversión, FUNDASAB apoyará a las EPSA en la ejecución de los componentes de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y trámite de licencias.
El Estado a través de sus instituciones del sector de saneamiento básico apoya y fortalece los sistemas comunitarios, asociativos y cooperativos de gestión del agua y los servicios básicos sin fines de lucro y beneficio social, en el marco de la equidad, la democracia participativa en los ámbitos locales de prestación de servicios, la transparencia respecto al uso de los recursos y la administración de éstos, el respeto a usos y costumbres de las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera el Estado establece como principio de la regulación del uso y acceso a fuentes de agua y la prestación de servicios, respeto entre usuarios y prestadores de servicios a formas de organización comunitaria basadas en pautas culturales y procedimientos sociales y comunitarios de toma de decisiones.
Esta acción estatal se fundamenta en el principio de promover una sociedad que respeta y fortalece la intercultural asociada al uso de los recursos hídricos.
El Estado desarrolla y ejecuta una legislación que permite a las comunidades campesinas e indígenas así como a los prestadores de servicios en general, contar con garantía jurídica sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano, a través de un régimen de derechos basado en la concertación del acceso y uso de fuentes de agua y recursos hídricos.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y CAMELIDOS
En los países andinos, la llama actualmente tiene importancia no sólo como
el símbolo de los andes, si no que forma parte de la tradición, historia,
cultura, y economía de las poblaciones que han enfrentado un largo proceso de
prejuicios interesados, obstáculos, incomprensiones, olvidos y descuidos por
parte de los españoles y luego de los mestizos que no admitían la cultura de
otras sociedades en Sur América.
Según datos actuales, del FIDA y la CAF, la crianza de camélidos se encuentra principalmente en las regiones andinas de Perú y Bolivia. Sin embargo, países como Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia también se dedican a la crianza de esta especie con bastante éxito
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) creado en abril de 1993, mediante Decreto Supremo 23489, identificó la necesidad de apoyar el desarrollo del sector camélido para comercializar la carne y sus productos derivados. A través del financiamiento realizado por UNEPCA y otras organizaciones, el 5 de noviembre de 1997, IBNORCA hizo entrega oficial del conjunto de requisitos técnicos de referencia.
La carne de llama tiene características físico-químicas y se clasifica por cortes para el consumo humano, deberá provenir de animales beneficiados (faenados) bajo inspección sanitaria y cumplir con los requisitos exigidos por IBNORCA.
En el marco del servicio de consultoría grupal de la Cámara Nacional de
Industrias apoyado por el Programa Al Invest IV de la Unión Europea, los días
20 y 21 de julio se realizó el "Taller del Sector
Camélidos" con el objetivo de analizar la situación actual por la
que atraviesan los productores en ese rubro. El evento fue organizado con el
Programa Binacional Alpaca y la Coordinadora de Integración de Organizaciones
Económicas Campesinas de La Paz (CIOEC).
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria no es sólo
producir y poner al mercado, también se debe pensar en la calidad del producto
y los cuidados que éste debe tener hasta el momento que se introduzca en la
boca, para ello se necesitan políticas públicas, explicó el investigador
agrónomo, Jaime Muñoz Reyes.
Seguridad alimentaria, es lo que hacen los vietnamitas y japoneses, ellos producen primero para el mercado local protegiendo a la población y luego piensan en el mercado externo. "Pero no podemos un día producir, otro día exportar, al siguiente ya no, eso no es seguridad alimentaria", dijo Muñoz.
Seguridad alimentaria, es lo que hacen los vietnamitas y japoneses, ellos producen primero para el mercado local protegiendo a la población y luego piensan en el mercado externo. "Pero no podemos un día producir, otro día exportar, al siguiente ya no, eso no es seguridad alimentaria", dijo Muñoz.
Seguridad alimentaria del 2011 está
condicionada al apoyo al sector productivo Lo que se quiere en los productores
es que no sólo exista la regulación de precios para el mercado interno, sino
que también se apoye a la exportación de estos.
El gerente general del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Gary Rodríguez, advirtió que la seguridad
alimentaria para el año 2011 está condicionada a la aplicación de políticas
públicas referidas al acceso al crédito, seguridad jurídica, caminos,
combustible, entre otros. “Si hay las políticas públicas adecuadas, si hay las
garantías para la inversión, la tierra, si hay ojalá créditos concesionales,
apoyo para que los caminos estén expeditos, que no falte el combustible para
que los mercados estén garantizados con toda seguridad que también la
producción estará garantizada, y por lo tanto, la ciudadanía adecuadamente
abastecida”, explicó. Rodríguez argumentó que en la actualidad el sector
productivo pasa por una situación muy difícil como el girasol y el cañero que
fueron impactados por el clima, así como el arrocero que atraviesa por una
sequía. “El (sector) maicero ha advertido que si no vienen las políticas
adecuadas que están faltando porque las señales no han sido las suficientes como
para que los agricultores se animen a invertir mucho más no podríamos tener los
efectos esperados o los resultados esperados” para el 2011, enfatizó.
El gerente general del IBCE considera
que es importante que todos los sectores reflexionen ante el embate del clima,
la subida de los precios de los productos, la capacidad de los todos los
productores de invertir, producir y abastecer el mercado interno y alimentar el
mundo para encontrar soluciones de forma coordinada. “Lo que se quiere en los
productores, es que ese esfuerzo para generar esos alimentos tenga su
retribución y que no solamente se limite a un mercado interno como a precios
regulados, sino que haya la posibilidad de que la compensación venga por la vía
de la exportación”, sostuvo. Por su parte, el presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez, mencionó que el aumento
de los precios de los productos en el mercado interno es causado por los
intermediarios y por el incremento del contrabando por la época de fin de año.
“Lo que está ocurriendo es una especulación por parte de los intermediarios que
están ocultando la mercadería, lo cual está tendiendo a que aumenten los
precios.
Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario por mandato de la Constitución Política del Estado debe garantizar a las bolivianas y bolivianos el acceso oportuno de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados en cantidad suficiente y calidad adecuada, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, sobre la base de las condiciones propias de la diversidad social, cultural y geográfica del país.
Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario por mandato de la Constitución Política del Estado debe garantizar a las bolivianas y bolivianos el acceso oportuno de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados en cantidad suficiente y calidad adecuada, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, sobre la base de las condiciones propias de la diversidad social, cultural y geográfica del país.
La soberanía alimentaria es el
derecho del pueblo boliviano a definir y desarrollar políticas agrarias y
alimentarias sostenibles, a partir de la producción propia, respetando y
conservando la biodiversidad productiva y cultural así como la capacidad de
autoabastecimiento, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos
nutritivos de buena calidad e inocuos, y se constituye en objetivo estratégico
y obligación del Estado Plurinacional a fin de garantizar la seguridad
alimentaria a la población boliviana.
El Decreto Supremo N° 29272 de 12 de
septiembre de 2007, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, establece que
la Seguridad Alimentaría Nutricional con Soberanía es la base de la Soberanía
Nacional y del Vivir Bien y define los lineamientos de la política de seguridad
alimentaría nutricional con soberanía. El Vivir Bien como la demanda de
humanización del desarrollo, el acceso, disfrute de los bienes materiales y la
realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la
naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
Con la promulgación de la Constitución
Política del Estado, Bolivia adopta como fin primero del Estado Plurinacional
el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos (Artículo 8), reconoce como
derecho fundamentales (Artículo 16) el derecho al agua y a la alimentación, y
la obligación del Estado a garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población;
(Artículo 342) de la misma forma, establece como deber del Estado y de la
población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio
ambiente; (Artículo 375) y el deber del Estado de regular el manejo y gestión
sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad
alimentaria y servicios básicos, respetando usos y costumbres de las
comunidades.
7. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECURSOS ENERGÉTICOS HIDROCARBURÍFEROS
7. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECURSOS ENERGÉTICOS HIDROCARBURÍFEROS
Las políticas neoliberales aplicadas
desde la década del 80 llevaron a cabo la privatización de la propiedad y la administración
de toda la actividad de la cadena productiva de los hidrocarburos. Una primera
etapa con la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) desmembrándola en las empresas Chaco, Andina y TRANSREDES, y
posteriormente con la privatización del resto de la cadena de producción y
comercialización, transfiriendo la administración y el control de la venta de
los recursos naturales a las empresas transnacionales. El sector de
hidrocarburos quedó en manos de las transnacionales, el Estado perdió presencia
física en la cadena productiva, YPFB fue desarticulado y reducido dejando a las
empresas transnacionales actuar bajo una inadecuada regulación.
En consecuencia, el Estado boliviano
fue el menos favorecido de los beneficios generados por la exportación del gas,
y los excedentes de la comercialización del crudo y sus derivados lo que expuso
nuestras reservas a una explotación irracional en beneficio de intereses
foráneos, bajo un marco legal que permitió que las empresas extranjeras se
apropien del excedente.
