COSMOVISIONES FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL Y LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO

OBJETIVO HOLÍSTICO: Fortalecemos conocimientos sobre el proceso sociopolítico que atravesó nuestro país en el tránsito hacia el nuevo modelo de Estado, desarrollando actitudes críticas y reflexivas a partir de una lectura correcta de la realidad, mediante el análisis del contenido y la investigación de  profundización, para comprender el proceso de cambio encarado por el actual gobierno en el ámbito político, económico, social, cultural  y ambiental.

TEMA No 8.

PROCESOS DE CAMBIO EN EL ESTADO PLURINACIONAL

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO CULTURAL

Morales Ayma, es la figura emblemática de los cambios profundos y trascendentales de la revolución democrática y cultural boliviana. Indígena, sindicalista, cocalero, el actual presidente asumió las esperanzas de muchos bolivianos que por siglos fueron excluidos y marginados de la vida pública y política. Su elección, con casi el 54% de los votos, es la expresión electoral de mayor dimensión que ningún presidente haya alcanzado en este país.

La Bolivia de hoy no se puede entenderse sin la larga historia de explotación y exclusión de la mayoría de su población. Una historia que atravesó momentos críticos y esperanzadores a la vez. Hoy estamos en tiempos cruciales donde se vislumbraría una nueva nación. El proceso de la revolución democrática y cultural iniciado el año 2006 con el Movimiento al Socialismo (MAS) "es irreversible y un camino sin retorno"

El MAS se gesta en los sectores más oprimidos, odiados, políticamente marginados y perseguidos", agregó al destacar que uno de sus objetivos es lograr la igualdad entre todos los bolivianos para que accedan con todos los derechos que le confiere la Constitución Política del Estado.

Los cambios que propone el MAS se originan en las expectativas y demandas de los movimientos sociales para que sea el pueblo y sus líderes los que conduzca los destinos de la Patria por encima de cualquier otro interés.

EL SOCIALISMO COMUNITARIO Y EL PARADIGMA DEL “VIVIR BIEN”

El nacimiento del socialismo comunitario y antiimperialista, se consolidó al consagrar la flamante Constitución del Estado Plurinacional bajo el signo de la igualdad, la multiculturalidad y la solidaridad, "Proclamo el socialismo comunitario", dijo el mandatario, levantando un ejemplar de la nueva carta magna ante 200.000 personas, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, el 7 de febrero de 2009.

Por otra parte el vicepresidente y presidente del Congreso Nacional legislativo admitió las debilidades del nuevo texto constitucional, y aseguró que "en sus limitaciones y virtudes, es lo mejor que los bolivianos hemos soñado". "Se cierra una época de sufrimiento y se abre una nueva etapa de libertad y justicia, con el liderazgo que el pueblo humilde recupera después de 500 años y que ahora une a los bolivianos", expresó García Linera. 

Para consolidar el proceso, García indicó que se deben cumplir tres condiciones. La primera es consolidar la plurinacionalidad, es decir el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos; que indígenas y mestizos gocen de similares prerrogativas.

El segundo pilar para sostener la transformación del Estado es, la autonomía democrática. Según García, sólo así se acabará con la práctica de algunos sectores que obtienen beneficios de los recursos estatales. Como tercer pilar para la construcción del “Estado integral” realzó la importancia de alcanzar la soberanía económica con base en políticas estatales.

Asimismo, para lograr la consolidación de estos tres pilares y la consiguiente consolidación del nuevo Estado socialista, planteó la necesidad de mantener la unidad de los pueblos para derrotar a las “adversidades” que se presentarían en el camino.

Para el logro del Socialismo Comunitario es fundamental la práctica del Paradigma “Vivir Bien” que no solo se habla en nuestro país sino también en América latina el cual está atravesando por una ebullición de cambios políticos y sociales, en este escenario que se está debatiendo de todo, se está cuestionando al Estado, en este escenario es que el “vivir bien”, aparece, para interpelar las ideologías clásicas europeas, (capitalismo, comunismo) y plantear en la misma lógica una nueva filosofía, ideología y hasta religión, proponiendo a la Madre Tierra o Pacha Mama, en un plano de deidad por encima de toda otra lógica religiosa.

Este renacer de ideas propias de intelectuales indígenas de América Latina, convergen en que el vivir bien es el camino a seguir de los pueblos de América, este concepto que varía de nación en nación y de lengua en lengua, se sitúa en el post desarrollo, va mas allá del desarrollo económico, social y humano, pues posee indicadores propios de desarrollo, los cuales no son medidos a través del la producción de bienes y servicios, sino, es a través de la vida armónica con la naturaleza, el hombre y la Madre Tierra considerados todos estos como uno solo.

El origen de este paradigma se puede situar en el emerger de los pueblos indígenas de América Latina, sus cosmovisiones ancestrales, sus tradiciones, y su relación con la naturaleza alientan las bases teóricas del vivir bien. Sin embargo en cada nación indígena este paradigma tiene sus propias particularidades, para el Pueblo Quichua ecuatoriano buen vivir o Sumak kawsay en esta lengua significaría una “vida buena” ni mejor ni peor que las de otros ni un afán en conseguir mejorarla. Para el pueblo Aymara Boliviano el vivir bien o Suma Qamaña introduce el elemento comunitario y podría traducirse en el vivir armoniosamente con los demás y con la Madre Tierra o Pacha Mama.

En los últimos años los postulados del vivir bien han sido recogidos en constituciones de América Latina al respecto la Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su preámbulo que Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, es decir que la búsqueda del vivir bien es el fin y los otros principios que menciona como el de la igualdad, la armonía etc. Son los medios o instrumentos, pero no se detiene ahí y lo más importante es que en esta Constitución boliviana se establece que el modelo económico y el modelo educativo están orientados a la búsqueda del vivir bien esto denota que Bolivia o por lo menos el gobierno de Evo Morales está desarrollando este concepto nos solo en su forma de organización estatal, sino también en su organización económica y social.

CENTRALISMO, DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER

Existe un buen grado de consenso en que el país requiere de una mayor descentralización, todos los ciudadanos bolivianos han sufrido, de alguna manera, el exceso de concentración de autoridad, en su expresión más perversa, el burocratismo ineficiente.

Este consenso se traduce en manifestaciones de distinta índole para acelerar el proceso que permita desconcentrar las decisiones y las acciones que se realizan en Bolivia. Estas manifestaciones alientan el debate sobre el mecanismo para llegar a transformaciones constitucionales y sobre el grado y la intensidad de esta desconcentración.

A simple vista se estarían enfrentando propuestas radicalmente opuestas, desde aquellas que estiman necesario fundar un estado aymara consistente étnicamente hasta aquellos que proponen la regionalización del país desde una óptima más bien económica. Así distintos actores intentan diseñar una nueva regionalización, departamentalización, nacionalización en respuesta exclusiva a sus propios intereses.

De ahí que el mecanismo en que se discuta y legitime el nuevo diseño de desconcentración es fundamental por el simple cálculo político de los actores, en realidad se intenta subordinar el debate al mecanismo de discusión y verificación de legitimidad.

Esta indefinición entre referéndum, asamblea constituyente, reforma a la constitución en base a sus propios preceptos, ensombrece un debate que al parecer no da mucho de si mismo. Cuando uno se acerca en detalle a los principales patrocinadores del discurso de las autonomías, provengan de donde provengan, se encuentra con preocupaciones similares y muy pocas diferencias a la hora de concretarse en alternativas viables.

AUTONOMÍAS EN BOLIVIA.

Aprobada y vigente la nueva Carta Magna, lo está también, obvio, su tercera disposición transitoria, la que permite a los “departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006” acceder directamente al régimen autonómico con sus Estatutos –también aprobados por el voto popular- a condición de que los textos de estos últimos sean adecuados a las disposiciones contenidas en la NC. 

Esta disposición abrió la posibilidad de que una de las primeras tareas a cumplirse para facilitar la vigencia real de la nueva Constitución, por un lado, y de las autonomías departamentales, por otro, sea la identificación de las discrepancias existentes entre ésta y las Cartas Departamentales. No cabe duda que para adecuar la normativa sub nacional a los mandatos constitucionales se necesita, primero, visualizar los temas, materias y artículos que requieren compatibilización y al hacerlo tendrá que prestarse atención a la intensidad de los desencuentros, porque ella (la intensidad) determina si la ruta para la adecuación pasa por una ley nacional, una ley departamental, combinaciones de unas y otras o debe encararse, inevitablemente, la reforma del Estatuto e incluso, aunque sólo a posteriori, ajustes constitucionales.

Seguramente este es uno de los temas más discutidos en Bolivia en los últimos años, debido sobre todo al hecho de que la creación de varios niveles autónomos de gobierno afecta a la administración pública departamental, a la gestión de los recursos naturales y a la propiedad y distribución de los recursos económico-financieros. No obstante, y a despecho de la insistencia de los debates, las diferencias entre la NC y los EA son menores que las que uno podría imaginarse al calor de las discusiones.

Como se sabe, la Lex Suprema, ratificada por el cuerpo electoral el 25 de enero, diseña la organización territorial del Estado en función de cuatro instancias de gobierno y administración: el departamento, los municipios, las regiones y las entidades territoriales indígena-originaria-campesinas, así como señala Artículo 269 parágrafo 1. Se trata, a todas luces, de una organización compleja, que fue y continúa siendo cuestionada por varios analistas.

Al presente los departamentos y municipios van trabajando sus estatutos, cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

TEMA No 9.

POLÍTICAS DE ESTADO PARA EL DESARROLLO DE BOLIVIA

SOBERANÍA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA

A raíz de la crisis mundial de alimentos y los incrementos de precios en una variedad de productos alimenticios que se dieron en Bolivia a partir de 2007, el gobierno comenzó a señalar en sus documentos sobre políticas y en sus planes agrarios, la necesidad de potenciar la producción agrícola y agroindustrial interna para abastecer la demanda del mercado nacional de alimentos, adoptando, además del concepto de seguridad alimentaria el de soberanía alimentaria. 

El concepto de “seguridad alimentaria”, acuñado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se refiere a que los países cuenten con un nivel de oferta suficiente de alimentos inocuos y nutritivos a los cuales la población tenga acceso. En este sentido y en el marco de las políticas neoliberales en boga, este planteamiento que hace énfasis en la perspectiva de la disponibilidad de alimentos, no menciona el tema del origen nacional de los mismos.

Este concepto responde a los planteamientos de los países capitalistas adelantados que propugnan la apertura irrestricta de las economías de los países atrasados, a objeto de lograr la introducción de sus mercancías – en este caso, agropecuaria o agroindustriales – en estos últimos.

Por su parte, el concepto de soberanía alimentaria, que fuera planteado por el movimiento la Vía Campesina, también a raíz de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), realizada en 1996, hace más bien referencia a la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas alimentarias y, por tanto agrarias, lo que implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mercado interno y de privilegiar la producción doméstica de alimentos frente a la importación de los mismos.

Para el gobierno del MAS una política de seguridad y soberanía alimentaria debería “avanzar en la promoción de la autosuficiencia alimentaria, en el entendido de que la dependencia alimentaria de productos importados de otros países tiene efectos contraproducentes en la alimentación de la población, ya que cambios en las políticas y en el contexto internacional pueden provocar procesos de desabastecimiento de alimentos en el mercado nacional, con severas consecuencias económicas, sociales y políticas para los países” (sic).

El plan denominado Revolución Rural, Agropecuaria y Forestal dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), en noviembre de 2007,considera que las políticas neoliberales aumentaron las desigualdades en el campo, pues la promoción de la agricultura de exportación terminó concentrando la riqueza “en pequeños grupos de élites agrarias” y discriminando “a las economías campesinas, comunitarias y asociativas que dependen de la agricultura”, agravando, por tanto, “la dependencia alimentaria” .

Frente a esta situación, señala la necesidad de construir otro “patrón de desarrollo agrario” que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente, con base en sistemas de producción agrícola y forestal comunitarios, asociativos e individuales. A tiempo de plantear el desarrollo de una economía rural “plural y diversa” para la “coexistencia de las economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales” a objeto de “democratizar el acceso a los beneficios económicos provenientes de la agricultura”, las políticas proponen “fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”, con el objetivo de “promover el incremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos”.

Es importante resaltar que para el gobierno “la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques, en el marco de la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria” (subrayado del autor). En otras palabras, plantea que sin transformaciones profundas en este ámbito, no será posible lograr los objetivos de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria y entre ellos, aquellos referidos al incremento de la oferta campesina de alimentos.

SOBERANÍA Y SEGURIDAD SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD

Tomando en cuenta la visión que tiene el Ministerio del Agua, “Bolivia realiza una gestión equitativa, participativa, sostenible y recreativa de sus recursos hídricos y los servicios asociados a ello contribuyendo así, efectivamente, al desarrollo social y económico de una sociedad pluricultural y multiétnica, y a la conservación del medio ambiente"; y como misión “Satisfacer las necesidades que tiene la población de agua en cantidad y calidad suficientes, tanto para su consumo como para sus actividades productivas, respetando el medio ambiente, la biodiversidad, las formas naturales de organización de los pueblos y de las comunidades indígenas y campesinas. Implantar una gestión integral que mejore la disponibilidad, el acceso equitativo, solidario, universal y de calidad a los recursos hídricos y los servicios asociados a ellos en el país”.

Entre sus lineamientos de política esta, desarrollar políticas públicas, orientadas a incorporar a la sociedad civil, incluyendo a comunidades rurales, indígenas y pueblos originarios, en la implementación de los modelos de gestión integral de los recursos hídricos.

Por lo que el agua no debe ser considerada como una mercancía, sobre este principio, no podrá ser materia de tratados de libre comercio internacional y tratados bilaterales. El agua es un patrimonio común y público, por lo tanto los servicios de agua deben ser de dominio público y gestión social.

La cuenca no sólo es un espacio físico geográfico hidrológico, sino un espacio de vida y expresión cultural de las poblaciones que viven alrededor, siendo el agua es un El recurso natural fundamental para la vida y la salud de todos los seres humanos.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MINERIA

La recuperación de los precios de los minerales en los mercados mundiales ha constituido un elemento fundamental para la reactivación de la actividad del sector, a partir de inversiones de magnitud en nuevos proyectos, como San Cristóbal y Mutún, y la reapertura de minas realizada por mineros pequeños, que en los siguientes años constituirán fuentes importantes de generación de ingresos, divisas, empleo y dinamismo regional. Asimismo, debido a la tradición de la actividad minera en el territorio nacional y los descubrimientos realizados, se prevé la existencia de un importante potencial geomineralógico pendiente de ser probado, que podría incluir una amplia y diversa gama, desde minerales metálicos y no metálicos hasta piedras preciosas, que se encuentran en todo el territorio del país.

Así por ejemplo, la cordillera oriental y occidental cubre aproximadamente el 42 por ciento del territorio nacional, y hospeda más de 2200 prospectos en plata, estaño, antimonio, wólfram, plomo, zinc, cobre, bismuto y otros. El precámbrico, con una extensión del 18 por ciento del territorio nacional tiene una zona metalífera con más de 100 prospectos de oro, platino, níquel, tantalio, platino, hierro y otros. La llanura beniana abarca el 40 por ciento del territorio boliviano y tiene depósitos de estaño, wólfram y oro.

Bolivia todavía cuenta con un potencial importante de recursos humanos capacitados en el sector minero, que pese a la proceso de relocalización, se mantiene dentro de esta actividad. La existencia de agrupaciones sociales mineras fuertemente cohesionadas constituye un potencial que puede permitir una aplicación más ágil y efectiva de las políticas sectoriales.

Como prueba de ello, el nuevo Gobierno, en mayo de 2006, firmó un acuerdo entre la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, el Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL para establecer acuerdos comunes a fin de impulsar el desarrollo integral del sector, de las regiones y las comunidades en el marco de la nueva realidad boliviana.

En ese marco, el sector minero se ha propuesto contribuir a la generación de excedentes mediante el cambio del patrón primario exportador con un nuevo modelo que, por un lado, contribuya a la industrialización de la actividad minera con agregación de valor y, por otro -con un nuevo rol del Estado donde participe directamente en proyectos estratégicos, promueva la actividad productiva de las organizaciones sociales y comunitarias-, garantice el desarrollo de la iniciativa privada, y realice un mejor uso y destino del excedente económico.

A partir de una reingeniería institucional y jurídica del sector, el Estado controlará y fiscalizará las concesiones mineras y participará activamente en las actividades de prospección, exploración y generación de valor agregado. También ejercerá el control de la comercialización de minerales y metales, y centralizará el acopio y comercialización de la producción de las cooperativas y mineros chicos. Finalmente, participará de los excedentes mineros de forma directa en las empresas dependientes de COMIBOL o en asociación con el sector privado, e implementará un nuevo régimen tributario que permita mayores ingresos fiscales.

En este nuevo marco, los principales actores serán: COMIBOL, que a nombre del Estado participará en toda la cadena productiva; las entidades normativas y reguladoras, encargadas de la Política Nacional Minera; y las iniciativas privadas tanto nacionales como extranjeras.

Las políticas diseñadas para lograr el cambio propuesto son: el control estratégico de los recursos mineralógicos del país, recuperación de las concesiones mineras en las que no se haya realizado inversiones, ampliación del conocimiento del potencial geomineralógico del territorio nacional, la diversificación y aumento del valor agregado de la producción minera, y el fortalecimiento de la minería cooperativa y chica.

La elaboración de la Nueva Ley de Minería y Reingeniería de las instituciones del sector minero estatal, brindará el nuevo marco jurídico e institucional del sector que permitirá la intervención del Estado en el desarrollo minero, con facultades de control, fiscalización y promoción en todo el circuito productivo, desde la otorgación de concesiones mineras hasta la industrialización, restituyendo a COMIBOL su rol productivo y mejorando la participación del Estado en los beneficios de la actividad minera.

La nueva Ley de Minería considerará las siguientes temáticas:

- Reforma del régimen de concesiones mineras, para evitar el uso ineficiente de éstas, se reducirá la cantidad máxima de concesiones con un límite de hasta 1.000 cuadrículas. Asimismo, se adicionan causalidades para la caducidad y la falta de pago de patente.

- Nuevo régimen impositivo que incremente las recaudaciones para el Estado y permita la participación de las comunidades. La acreditabilidad del Impuesto Complementario Minero (ICM) sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) estará en función al nivel de precios. Adicionalmente, se incorporará nuevas alícuotas específicas a otros minerales y se creará instrumentos para la estabilidad tributaria.

- Reforma del régimen de comercialización, que transparente el mercado y mejore su eficiencia, otorgándole roles a instituciones estatales como agentes públicos para la comercialización y exportación de minerales y metales.

- El nuevo régimen minero reconocerá como agentes de desarrollo que interviene en toda la cadena productiva a la minería cooperativizada, la minería estatal (COMIBOL), la minería chica y la industria minera privada, mediana y grande.

- Se crearán unidades especializadas en prevención y solución de conflictos en áreas mineras.
- La Reingeniería del sector minero estatal considerará el fortalecimiento de COMIBOL con nuevos roles productivos en todas las fases del ciclo minero, permitiendo la integración de CIRESU.

- Fortalecimiento de SERGEOTECMIN, dotándole de capacidad operativa para realizar actividades de prospección y exploración minera.

- Conformar una estructura institucional para la administración del régimen de concesiones mineras, con base en la actual Superintendencia de Minas.

- COMIBOL intervendrá de manera competitiva y con eficacia en toda la cadena productiva tanto en áreas nuevas como concesiones no comprometidas. Concluida la intervención de la mina Huanuni, el Estado reactivará de forma dinámica la actividad minera estañífera, conciliando los intereses de los cooperativistas mineros y de los trabajadores de la minería estatal.

En el marco de la política de control estratégico de los recursos mineralógicos del país, el Estado participará en la cadena productiva y fiscalizará las actividades mineras, ello permitirá lograr mayores ingresos fiscales. Para tal efecto, la estrategia que se propone es modificar el marco jurídico, regulatorio, institucional y productivo del sector minero, que comprende la reposición del rol productivo del Estado en todo el ciclo de la minería, y el potenciamiento de COMIBOL, como una entidad autárquica, descentralizada regionalmente y auto sustentable. Asimismo, el programa reformará el marco legal e institucional del sector minero, con el que se pretende modificar los regímenes de concesiones mineras, tributario y de comercialización.

En la parte institucional se pretende readecuar y reasignar roles y competencias a las instituciones estatales de la minería. Para ambos aspectos es prioritaria la elaboración y aprobación de la nueva Ley Minera y la Reingeniería de las instituciones del sector minero estatal, los que permitirán que COMIBOL participe en las actividades productivas, se integre CIRESU a su estructura organizacional, se fortalezca a SERGEOTECMIN y se consolide una institución para administrar el régimen de concesiones.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y AGUA

El impacto de las medidas de privatización sobre el patrimonio social y público del país y sobre los derechos de gestión de las comunidades campesinas, indígenas y originarias, obligó a la población a defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaba tradicionalmente. Esta defensa se hizo realidad con movilizaciones, paros cívicos y otros enfrentamientos contra el gobierno de turno. El principal conflicto ocurrió en Cochabamba con la “guerra del agua”. Posteriormente, a fines del año 2004, una nueva crisis se produjo en las ciudades de El Alto y La Paz, luego de que vecinos de la ciudad de El Alto denunciaran actos irregulares en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, el incumplimiento de metas de conexión y la elevación de los precios de conexión por parte de la empresa Aguas del Illimani. Las movilizaciones y protestas sociales lograron la promulgación de un Decreto Supremo que dispone el inicio de las acciones pertinentes para la ruptura del contrato de concesión con esta empresa con sede en la ciudad de La Paz.

La baja cobertura e inadecuada calidad de los servicios de agua potable y saneamiento es uno de los problemas que afecta al sector. En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones de habitantes no tienen acceso al Agua Potable, de los cuales 75 por ciento corresponde al área rural. Cerca de 5 millones de habitantes no tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento, de los cuales un 57 por ciento corresponden al área rural.

El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento básico en general, en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos y las cuencas, y de una gestión participativa y responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestación de los servicios.

Los servicios deben garantizar el abastecimiento a los pobres, con niveles tarifarios razonables que permitan recuperar los costos, evitando cargas a los usuarios, buscando sustentabilidad, razonabilidad, calidad de servicios, información, transparencia, solidaridad, participación social en niveles de planificación y toma de decisiones estratégicas, reinversión de los recursos provenientes de las tarifas, apoyo y participación del Estado para cubrir rezagos de inversión y beneficiar a la población más vulnerable.

Se elaborará la Política Financiera Sectorial (PFS) mediante Decreto Supremo en el marco de la Nueva Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley “Agua para la Vida”) en el año 2006. Tanto la Nueva Ley como sus reglamentos (incluyendo la PFS) ya están elaborados en formato de proyecto.

La mayor parte de las inversiones, se realizarán a través de la Política Financiera Sectorial (PFS) misma que establecerá licitación de recursos de pre inversión cuyos ganadores accederán a recursos de inversión. La PFS establece una fórmula denominada Identificador de Áreas de Inversión (IARIS).

En cuanto a líneas de inversión, consideramos importante abrir dos nuevas: Agua y Saneamiento para Pueblos Indígenas y Originarios con inversiones destinadas a resolver las carencias de servicios de parte de pueblos y comunidades indígenas en sus territorios demandados o titulados e inversiones en Enclaves Geográficos socioproductivos.

En estos enclaves, se pretende desarrollar procesos de inversión integral con impacto sistémico, teniendo el cuidado de generar distribuciones equitativas de los beneficios resultantes de las inversiones en factores productivos y en servicios, velando por no crear procesos de estratificación que concentren beneficios en pocos grupos. Inversiones sustanciosas en enclaves pueden generar procesos de crecimiento demográfico por lo cual se debe prever inversiones importantes en servicios que pudieran acompañar dicho crecimiento.

El Estado, fortalecerá a todas las EPSA, incluyendo Cooperativas y otras formas de asociación para la prestación de servicios básicos. No se permitirá la creación de entidades privadas con fines de lucro o de carácter mixto para la prestación de servicios. Las entidades públicas de prestación de servicios básicos ya existentes y las que sean creadas de mutuo acuerdo entre los usuarios y los gobiernos municipales, serán fortalecidas en el marco de la política financiera sectorial, apoyada y fortalecida por el Ministerio del Agua, la Entidad Nacional de Regulación de Saneamiento (ENARES) y la Fundación de Saneamiento Básico (FUNDASAB).

La FUNDASAB, por su parte tendrá el respaldo de fondos de la PFS para realizar acciones de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario. En el marco de los concursos públicos con fondos PFS, la FUNDASAB, apoyará a las Entidades de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) para cumplir con los requisitos necesarios para postular a fondos de pre inversión; posteriormente, con las EPSA ganadoras del concurso público, FUNDASAB asesorará a las mismas para elaborar sus proyectos a diseño final y a cumplir con otros requisitos necesarios para la fase de inversión (Planes Integrales de Desarrollo, que contiene entre otros el Plan Estratégico de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Quinquenal); en la etapa de Inversión, FUNDASAB apoyará a las EPSA en la ejecución de los componentes de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y trámite de licencias.

El Estado a través de sus instituciones del sector de saneamiento básico apoya y fortalece los sistemas comunitarios, asociativos y cooperativos de gestión del agua y los servicios básicos sin fines de lucro y beneficio social, en el marco de la equidad, la democracia participativa en los ámbitos locales de prestación de servicios, la transparencia respecto al uso de los recursos y la administración de éstos, el respeto a usos y costumbres de las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera el Estado establece como principio de la regulación del uso y acceso a fuentes de agua y la prestación de servicios, respeto entre usuarios y prestadores de servicios a formas de organización comunitaria basadas en pautas culturales y procedimientos sociales y comunitarios de toma de decisiones.

Esta acción estatal se fundamenta en el principio de promover una sociedad que respeta y fortalece la intercultural asociada al uso de los recursos hídricos.

El Estado desarrolla y ejecuta una legislación que permite a las comunidades campesinas e indígenas así como a los prestadores de servicios en general, contar con garantía jurídica sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano, a través de un régimen de derechos basado en la concertación del acceso y uso de fuentes de agua y recursos hídricos.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CAMELIDOS

En los países andinos, la llama actualmente tiene importancia no sólo como el símbolo de los andes, si no que forma parte de la tradición, historia, cultura, y economía de las poblaciones que han enfrentado un largo proceso de prejuicios interesados, obstáculos, incomprensiones, olvidos y descuidos por parte de los españoles y luego de los mestizos que no admitían la cultura de otras sociedades en Sur América.

Según datos actuales, del FIDA y la CAF, la crianza de camélidos se encuentra principalmente en las regiones andinas de Perú y Bolivia. Sin embargo, países como Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia también se dedican a la crianza de esta especie con bastante éxito

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) creado en abril de 1993, mediante Decreto Supremo 23489, identificó la necesidad de apoyar el desarrollo del sector camélido para comercializar la carne y sus productos derivados. A través del financiamiento realizado por UNEPCA y otras organizaciones, el 5 de noviembre de 1997, IBNORCA hizo entrega oficial del conjunto de requisitos técnicos de referencia.

La carne de llama tiene características físico-químicas y se clasifica por cortes para el consumo humano, deberá provenir de animales beneficiados (faenados) bajo inspección sanitaria y cumplir con los requisitos exigidos por IBNORCA.

En el marco del servicio de consultoría grupal de la Cámara Nacional de Industrias apoyado por el Programa Al Invest IV de la Unión Europea, los días  20 y 21 de julio se realizó el "Taller del Sector Camélidos"  con el objetivo de analizar la situación actual por la que atraviesan los productores en ese rubro. El evento fue organizado con el Programa Binacional Alpaca y la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de La Paz (CIOEC).

POLÍTICAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La seguridad alimentaria no es sólo producir y poner al mercado, también se debe pensar en la calidad del producto y los cuidados que éste debe tener hasta el momento que se introduzca en la boca, para ello se necesitan políticas públicas, explicó el investigador agrónomo, Jaime Muñoz Reyes.

Seguridad alimentaria, es lo que hacen los vietnamitas y japoneses, ellos producen primero para el mercado local protegiendo a la población y luego piensan en el mercado externo. "Pero no podemos un día producir, otro día exportar, al siguiente ya no, eso no es seguridad alimentaria", dijo Muñoz.

Seguridad alimentaria del 2011 está condicionada al apoyo al sector productivo Lo que se quiere en los productores es que no sólo exista la regulación de precios para el mercado interno, sino que también se apoye a la exportación de estos.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Gary Rodríguez, advirtió que la seguridad alimentaria para el año 2011 está condicionada a la aplicación de políticas públicas referidas al acceso al crédito, seguridad jurídica, caminos, combustible, entre otros. “Si hay las políticas públicas adecuadas, si hay las garantías para la inversión, la tierra, si hay ojalá créditos concesionales, apoyo para que los caminos estén expeditos, que no falte el combustible para que los mercados estén garantizados con toda seguridad que también la producción estará garantizada, y por lo tanto, la ciudadanía adecuadamente abastecida”, explicó. Rodríguez argumentó que en la actualidad el sector productivo pasa por una situación muy difícil como el girasol y el cañero que fueron impactados por el clima, así como el arrocero que atraviesa por una sequía. “El (sector) maicero ha advertido que si no vienen las políticas adecuadas que están faltando porque las señales no han sido las suficientes como para que los agricultores se animen a invertir mucho más no podríamos tener los efectos esperados o los resultados esperados” para el 2011, enfatizó. 

El gerente general del IBCE considera que es importante que todos los sectores reflexionen ante el embate del clima, la subida de los precios de los productos, la capacidad de los todos los productores de invertir, producir y abastecer el mercado interno y alimentar el mundo para encontrar soluciones de forma coordinada. “Lo que se quiere en los productores, es que ese esfuerzo para generar esos alimentos tenga su retribución y que no solamente se limite a un mercado interno como a precios regulados, sino que haya la posibilidad de que la compensación venga por la vía de la exportación”, sostuvo. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez, mencionó que el aumento de los precios de los productos en el mercado interno es causado por los intermediarios y por el incremento del contrabando por la época de fin de año. “Lo que está ocurriendo es una especulación por parte de los intermediarios que están ocultando la mercadería, lo cual está tendiendo a que aumenten los precios.

Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario por mandato de la Constitución Política del Estado debe garantizar a las bolivianas y bolivianos el acceso oportuno de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados en cantidad suficiente y calidad adecuada, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, sobre la base de las condiciones propias de la diversidad social, cultural y geográfica del país.

La soberanía alimentaria es el derecho del pueblo boliviano a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias sostenibles, a partir de la producción propia, respetando y conservando la biodiversidad productiva y cultural así como la capacidad de autoabastecimiento, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos nutritivos de buena calidad e inocuos, y se constituye en objetivo estratégico y obligación del Estado Plurinacional a fin de garantizar la seguridad alimentaria a la población boliviana.

El Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, establece que la Seguridad Alimentaría Nutricional con Soberanía es la base de la Soberanía Nacional y del Vivir Bien y define los lineamientos de la política de seguridad alimentaría nutricional con soberanía. El Vivir Bien como la demanda de humanización del desarrollo, el acceso, disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado, Bolivia adopta como fin primero del Estado Plurinacional el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos (Artículo 8), reconoce como derecho fundamentales (Artículo 16) el derecho al agua y a la alimentación, y la obligación del Estado a garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población; (Artículo 342) de la misma forma, establece como deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente; (Artículo 375) y el deber del Estado de regular el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando usos y costumbres de las comunidades.

7. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECURSOS ENERGÉTICOS HIDROCARBURÍFEROS

Las políticas neoliberales aplicadas desde la década del 80 llevaron a cabo la privatización de la propiedad y la administración de toda la actividad de la cadena productiva de los hidrocarburos. Una primera etapa con la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desmembrándola en las empresas Chaco, Andina y TRANSREDES, y posteriormente con la privatización del resto de la cadena de producción y comercialización, transfiriendo la administración y el control de la venta de los recursos naturales a las empresas transnacionales. El sector de hidrocarburos quedó en manos de las transnacionales, el Estado perdió presencia física en la cadena productiva, YPFB fue desarticulado y reducido dejando a las empresas transnacionales actuar bajo una inadecuada regulación.

En consecuencia, el Estado boliviano fue el menos favorecido de los beneficios generados por la exportación del gas, y los excedentes de la comercialización del crudo y sus derivados lo que expuso nuestras reservas a una explotación irracional en beneficio de intereses foráneos, bajo un marco legal que permitió que las empresas extranjeras se apropien del excedente.